La generación de empleo es sin duda la urgencia más inmediata que desafía al Gobierno que se instaló hace casi un mes. Sin embargo, además de la necesidad de rever­tir las altas cifras del desempleo en diver­sos rubros, existe un mal que no es menor que afecta la calidad y la rentabilidad en gran parte de la población ocupada que es la informalidad.

La informalidad que obstaculiza el acceso a derechos laborales legales como vacacio­nes, el respeto por las horas laborales esta­blecidas, vacaciones, horas extras, seguro hasta aguinaldo en algunos casos. Estos incumplimientos en la relación obrero-pa­tronal o contratista y jornalero, que son comunes en nuestro, país estacan la posibi­lidad de fortalecer la economía y afectan de gran manera a la calidad de vida de la gente.

No se debe seguir ignorando el problema de la informalidad laboral. Amerita la apli­cación de estrategias y acuerdos serios que apunten a revertir la situación que estadís­ticamente resultan muy desalentadores.

Hay que impulsar normas de protección para los que acceden al primer empleo, estudios hablan de que el 90 % de los jóve­nes que aterrizan al campo laboral debe pagar derecho de piso y el agravante de un altísimo costo que es el de la informali­dad. Alrededor del 63 % de la fuerza de tra­bajo se desarrolla en la informalidad, unas 1.700.000 personas. Y en este universo, si tomamos en cuenta uno de los rubros más esperanzadores en la creación de empleo, como es la construcción, saltan números muy fríos de la realidad.

Según las cifras provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el rubro de la construcción tiene alrededor de un 82 % de ocupación informal. Esto afectaría a unos 250 a 260.000 trabajadores relegados principalmente de beneficios básicos como el seguro social en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La situación de actividades en negro, al margen de las normas laborales, puede jugar muy en contra de los proyectos gubernamentales que tienen como princi­pal eje la multiplicación de mano de obra con la construcción de viviendas en gran escala. El Gobierno se puso la ambiciosa meta de erigir unas 500.000 viviendas en este período, esto implica trabajar en con­diciones formales de manera a no dejar espacios que boicoteen resultados a favor de contratistas, obreros, como de todo el sector económico involucrado.

En estos días, autoridades del Ministerio de la Vivienda realizaron visitas a fami­lias beneficiadas con casas a través de esta institución. Las observaciones realizadas dejaron al descubierto la mala calidad de las construcciones, como pisos en situa­ción de hundimiento, sanitarios sin las conexiones de calidad, etc.

Las críticas trajeron a colación otra reali­dad que es el déficit de mano de obra cali­ficada, producto de la escasez de gente especializada que, si bien no es argumento también es parte de la problemática.

Necesitamos que el Ministerio de Trabajo, a través de sus diferentes dependencias e instituciones aliadas, lidere un proceso de capacitación que brinde conocimiento y herramientas para el obrero, así como a los demás involucrados en la logística de las obras, para que construyan con calidad.

Debemos elevar el estándar de calidad en la construcción de viviendas desde el Estado y que sufren desventajas frente a las innovaciones en el mercado inmobilia­rio. En la medida que se capacite a los tra­bajadores la inversión tendrá mayor renta­bilidad y se nivelará para arriba la mano de obra como los productos que se ofrecen.

El Estado a través de las instituciones debe provechar la tecnología para disponer de datos reveladores de la situación, pero principalmente, como dijo el presidente de la República establecer vínculos más cercanos con la realidad, con la gente. La excusa de la escasa cantidad de fiscalizado­res ya es muy gastada, si las autoridades y sus funcionarios se conectan un poco más con la realidad, dejando sus escritorios y marcar más presencia en la calle, en las obras puede dejar un claro mensaje de que el ojo del Gobierno está sobre el interés de la ciudadanía.

Paraguay está en una fase demasiado deci­siva de recuperar su economía y la calidad de vida de su población. La generación de empleo es una necesidad imperante, pero la calidad mediante la capacitación y el cumpli­miento de las normas marcará la diferencia.