En toda negociación, la firmeza de las convicciones tiene el mismo peso valorativo que la razón argu­mentativa. Ambas cualidades son absolutamente inseparables. La primera sos­tiene a la segunda. Y viceversa. Sin el ejerci­cio de una dialéctica que fundamente la vali­dez de las premisas que sostiene una de las partes, aquel posicionamiento irreductible podría interpretarse como simple terquedad. De igual manera, una exposición de enun­ciados lógicos irrefutables, sin grietas para ser rebatidos, pero sin la necesaria fortaleza para defenderlos, fácilmente puede desmo­ronarse en debilidad. Así, pues, firmeza de carácter y argumentos demostrables por la vía de la reflexión madura serán los factores esenciales e imprescindibles para llegar a un acuerdo que no lastime los legítimos inte­reses de ninguna de las partes en pugna. Y decimos legítimos porque no fueron pocas las veces, especialmente entre países, que algunos han pretendido apoderarse de mayo­res beneficios para su propia causa a expen­sas de aquellos que se encuentran en desven­taja a raíz de su menor potencial económico, político o militar en la región. Es cuando se atropellan postulados elementales de las relaciones internacionales, puntualmente en los párrafos que garantizan la igualdad en derechos y dignidad entre las naciones.

Paraguay, esto es, el gobierno del presidente Santiago Peña, escogió a sus mejores figu­ras para integrar el Consejo de Administra­ción de la Itaipú Binacional de cara a la proxi­midad de la renegociación del Anexo C de la represa eléctrica en condominio con Brasil. Documento que taxativamente determina las bases financieras y la prestación de servi­cios de electricidad de la empresa binacional. Tal revisión ya estaba prevista en el tratado original, estableciendo claramente que debía realizarse al cumplirse cincuenta años de su entrada en vigor. También en febrero de este año se terminó de pagar la deuda contraída para su construcción, hecho que genera un nuevo escenario en cuanto a la tarifa. Después de una reducción unilateral del vecino país, el gobierno anterior acordó un valor intermedio, que podría modificarse en las negociaciones que se vienen.

La conformación del Consejo de Administra­ción de la Itaipú con ministros del Poder Eje­cutivo, junto al presidente de la Administra­ción Nacional de Electricidad (Ande), quien es miembro natural, el asesor jurídico de la Pre­sidencia de la República y la secretaria general y jefa de la Casa Civil han generado una serie de controversias y cuestionamientos, que, sin embargo, han sido rebatidos por exintegran­tes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algunos especialistas en derecho constitu­cional y hasta políticos de la oposición. Nadie puede restar capacidad académica a cada uno de los nombrados por el presidente de la República. Pues, por primera vez, en toda la transición democrática, se ha optado por la excelencia profesional y no por el favoritismo prebendario. La ciudadanía, en una inmensa mayoría, aprobó con beneplácito estas desig­naciones, dando un respaldo pleno al manda­tario por su inteligente y acertada decisión.

Dijimos hace unas semanas que el presi­dente de la República, según nuestro pare­cer, cuenta con tres piezas clave dentro de su entorno. Piezas que no solamente han demos­trado públicamente su competencia (el saber hacer) para los cargos que les fueron asigna­dos, sino que, además, han exhibido cualida­des intelectuales que superan el ámbito mera­mente académico. Tienen, también, como valor agregado, una visión política que les permite analizar anticipadamente posibles escenarios y esbozar eventuales respuestas y soluciones con carácter de previsión. Nos referimos, en el orden arriba citado, al minis­tro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos; al asesor jurídico del Poder Ejecutivo, Roberto Moreno, y a la minis­tra-secretaria general de la Presidencia, Lea Giménez. Los demás miembros del Gabinete nos merecen igual respeto y consideración. No obstante, creemos que estas tres personas son las que tienen y tendrán un contacto asi­duo y cotidiano con el jefe de Estado quien, en puridad, representa a las altas partes contra­tantes en el momento de la negociación final y firma de nuevos acuerdos.

Muchos no se imaginan el Paraguay de hoy sin Itaipú. Otros alegan que se pudo haber apro­vechado mejor –y con razón– este recurso compartido con el Brasil. Ahora tendremos la brillante oportunidad de acordar mejores condiciones para reducir la tarifa o acceder a mayores ingresos provenientes de la represa para invertir en sectores vitales para nues­tro desarrollo: educación, salud e infraes­tructura. O encontrar un punto intermedio que sea satisfactorio para las partes, pero en un plano de igualdad. Por eso lo afirmado al principio, para concluir que las personas que integran el Consejo de Administración de Itaipú tienen convicciones firmes y capacidad argumentativa. Tenemos un nuevo escenario al que debemos alentar y no obstaculizar con rebuscados sofismas y mezquinos intereses políticos. Principalmente de parte de aquellos que pregonan defender intereses naciona­les cuando, en la práctica, solo buscan réditos mediáticos de cara a futuras elecciones.