Ante la intemperancia argentina de cobrar el peaje a las naves que pasan por el río Paraná entre Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay, el canciller nacional afirmó que se están haciendo los trámi­tes para recurrir a un arbitraje por esa imposición. Eso porque el vecino país, al que se le planteó la ilegalidad de esa dis­posición, sigue cobrando el impuesto. Incluso últimamente está tomando acti­tudes más duras con las naves, como con­troles muy estrictos y mayor rigurosidad.

Como parte del increíble comportamiento argentino pueden apreciarse las decla­raciones de algunos ministros, como el de Transporte, que han mostrado seña­les poco amistosas y más bien hostiles. Ha criticado ásperamente algunas supuestas faltas administrativas o deudas del Para­guay con la Argentina. Actitud que está muy lejos de las declaraciones de amistad y buena vecindad a las que suelen recurrir los altos funcionarios de ese país en medio de las negociaciones diplomáticas habituales.

Algo pasó para que ese ministro tuviera esa salida fuera de toda forma diplomática con un país vecino con el que tiene muchas cosas que negociar en diversos frentes. Parecían más bien expresiones de alguien que está en plena campaña electoral y necesita desacreditar a sus rivales. Eviden­temente, el sentido de la ubicación no es el fuerte de algunos funcionarios.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, cree que estos momentos no son propicios para realizar una negocia­ción con la Argentina. Es que ese país está en plena carrera electoral para los comi­cios presidenciales de octubre próximo en los que están fuertemente metidos el par­tido oficialista y toda la cúpula guberna­mental.

El canciller manifestó que la salida “sería más fácil si encontráramos un terreno fértil para la discusión, que no existe hoy en día. La Argentina actualmente ha tomado una posición que para nosotros es sin preceden­tes, con lo cual no podemos dejar de persis­tir en el diálogo. Pero no podemos dejar de recurrir a los instrumentos legales que nos amparan y, al mismo tiempo, un diálogo regional que nos genere condiciones”.

El arbitraje es un procedimiento jurídico en el cual dos partes que tienen distintas posiciones sobre un tema someten la con­troversia, de común acuerdo, a un árbitro determinado. Este analiza la cuestión y luego toma la decisión sobre el asunto en discusión, que es de cumplimiento obliga­torio para las partes en disputa.

Si se llega a elevar el tema del peaje a un arbitraje, Argentina tiene que estar de acuerdo con esa salida, que puede darse solamente mediante un proceso de nego­ciaciones. Porque, eventualmente, podría negarse a someterse a ese procedimiento y que siga la dificultad hasta encontrarse otra salida. Si se llega a decidir de que se irá al arbitraje, el canciller dijo que hay que elegir a los árbitros. “Y a partir de allí se produce toda la presentación de la docu­mentación considerando que la Argentina no ha podido demostrar las inversiones que generen las condiciones del cobro del peaje”, indicó

Por de pronto, de acuerdo con el texto y el espíritu de los tratados que rigen la libre navegación de los ríos, la Argentina –y cualquier otro país– está obligada a some­terse al cumplimiento de esas normas. Debe levantar el peaje que ha decidido uni­lateralmente con una resolución del Minis­terio de Transporte Público, que no tiene validez jurídica porque se opone a las leyes internacionales.

Es bueno recordar lo que dice el artículo 5 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, suscrito en 1992: “Sin previo acuerdo de los países signatarios, no se podrá estable­cer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarca­ciones o sus cargamentos, basados única­mente en el hecho de la navegación, al no tener el acuerdo de todos los países miem­bros”.

El Gobierno persistirá en el diálogo con Argentina en el marco de las conversacio­nes regionales para encontrar una res­puesta consensuada. Lo que no impide recurrir al arbitraje para exigir el cum­plimiento de las normas internacionales de libre navegación que se están negando. Nuestro país no está solo en la exigencia de abrir el paso a la navegación, porque el peaje afecta también a las otras cuatro naciones de la zona. Pero es largamente el más afectado y el que recibe con mayor dureza ese castigo inmerecido.