Recientemente se realizó la reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná para analizar el peaje ilegal que está cobrando Argentina en un tramo del río Paraná. Los cuatro países que comparten con Argentina el organismo fluvial reclamaron la actitud asumida por el gobierno de Buenos Aires y pidieron que suspenda el cobro del impuesto que va contra todas las normas internacionales de libre navegación.
En el encuentro del mencionado organismo internacional realizado el miércoles de la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay presentaron la reclamación oficial contra la Argentina manifestando su grave preocupación por el cobro del peaje decidido unilateralmente por el vecino país contra lo que establecen las normas internacionales que consagran la libre navegación. Señalaron que Argentina decidió la aplicación de ese impuesto sin el consentimiento de los países que forman parte del Acuerdo de la Hidrovía y que de hecho está contraviniendo los entendimientos y las prácticas regionales en la materia. Teniendo en cuenta la ilegalidad de la medida, los cuatro países pidieron que la Argentina suspenda la aplicación de las resoluciones del Ministerio de Transporte de la Argentina de 2022. Y reclamaron que se dé cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, suscrito por los cincos países en 1992. El mencionado documento sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná dice en su artículo 5: “Sin previo acuerdo de los países signatarios, no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación, al no tener el acuerdo de todos los países miembros”. Y ninguna de las naciones que firmaron el acuerdo ha dado su consentimiento ni fue consultado sobre el tema.
Como puede observarse, la decisión argentina de imponer el peaje fluvial en el río Paraná está contraviniendo descaradamente una clara disposición internacional que el vecino país, y las demás naciones del grupo, están obligados a cumplir. Además de que va contra varias normas establecidas en tratados internacionales de libre navegación.
El cobro del peaje es ilegal, porque va contra las disposiciones vigentes, y una falta de respeto contra las naciones del grupo a las que impone una carga impositiva indebida. Es un atropello a las buenas prácticas de la integración entre los países vecinos. Puede considerarse un monumento a la ridiculez, porque la Argentina, con la simple resolución de un ministerio, está queriendo borrar lo establecido legalmente por normas suscritas en acuerdos y tratados internacionales de mayor valor jurídico.
Lo más grave desde el punto de vista económico es que la medida significa una fuerte carga financiera que produce pérdidas a las empresas que utilizan esa vía. Debido al peaje los costos de exportar e importar por ese curso de agua internacional son más elevados y constituyen golpes muy fuertes a la rentabilidad de los negocios que requieren el transporte fluvial.
El Paraguay debe exigir con la máxima energía el levantamiento de ese impuesto. También debe lograr que se cuantifiquen los perjuicios económicos ocasionados hasta ahora y hacer que el vecino país realice la compensación de los daños causados a los afectados. No se debe aceptar lo que es ilegal. El responsable de aplicar las medidas antijurídicas debe realizar el resarcimiento correspondiente devolviendo el dinero tomado de manera inapropiada para reparar los perjuicios económicos ocasionados. Porque la apropiación indebida de fondos por cobros ilegales es un robo que exige la devolución de los recursos monetarios usurpados.
Las autoridades nacionales han demostrado tener posiciones muy claras sobre el tema de la libre navegación en la hidrovía. Incluso antes de la asunción del nuevo gobierno, el actual presidente, Santiago Peña, y su canciller se manifestaron contra el peaje.
En la reciente visita de los ministros argentinos de Economía y de Transporte, uno de los principales reclamos realizados fue el levantamiento del impuesto fluvial, hecho que originó una promesa positiva de los visitantes y que luego fue desmentida desde Buenos Aires, hecho que habla de la falta de seriedad de las autoridades argentinas.
Es de esperar que con la presión de las naciones afectadas y la acción de los organismos internacionales se logre el cumplimiento de la libre navegación reclamada.