Una lucha frontal contra la corrupción –expresión popularizada por medios de comunicación y políticos– no admite tregua ni concesiones. Frontal no implica solamente de frente, sin ambages, sino también choque, en este caso contra las fuerzas acostumbradas a utilizar los cargos como trampolín para el enriquecimiento fácil y espurio.
Significa, además, ataque y, por extensión, aplicamos a las gangrenadas prácticas que sometieron a las instituciones del Estado a sus más bajos y primitivos instintos. El presidente de la República, Santiago Peña, preavisa que no habrá contemplaciones para aquellos que delinquieron contra el erario. Los grandes agujeros negros que dejaron las autoridades que entregaron el poder el pasado 15 de agosto están saliendo a la consideración de la Justicia y de la opinión ciudadana sin ningún compromiso o ataduras con el pasado. Los informes de la Contraloría General de la República contribuyen grandemente para desenmascarar a quienes utilizaron los recursos públicos como billetera particular y los cargos como cremalleras para satisfacer sus impúdicos deseos, burlándose de la Biblia a la que tanto aludían en cada uno de sus discursos, tratando de utilizarla en contra de sus enemigos políticos.
Pero el mal siempre regresa a quienes lo causaron con malsana fruición para cobrar su recompensa. Y ahí será, como dicen las Sagradas Escrituras –para quienes son creyentes– “el crujir de los dientes”. Nada queda oculto para siempre. Y esta vez el destape de los ilícitos tiene características de huracán. No podrán alegar “persecución política” cuando las pruebas documentales arrasan contra ese endeble argumento.
No somos jueces, así que podemos preopinar sin que ello constituya un elemento de recusación. A lo largo de estos últimos cinco años hemos llenado nuestras páginas de hechos de corrupción dentro del gobierno de Mario Abdo Benítez, con documentos facsimilares que corroboraban la seriedad y certitud de nuestras denuncias.
Los periodistas sometidos a los dueños de las cadenas mediáticas de Natalia Zuccolillo y Antonio J. Vierci no solo ignoraron estos saqueos al Estado, sino que algunos de ellos se empecinaron constantemente en intentar desprestigiar a nuestro medio, con el declarado propósito de defender o, al menos, amortiguar el impacto de nuestras publicaciones en contra del gestor central de las calamidades económicas que hoy estamos viviendo. Es lamentable, y debemos decirlo, que quienes se ufanan de su presunto rating lo utilizaron para un deleznable objetivo que atenta en contra del interés general y de la ética periodística. Pero el descrédito, lentamente, como el mal, va carcomiendo sus entrañas. El desprestigio ya está tocando las puertas de cada uno de ellos.
Una de las cadenas mediáticas rabiosamente anticolorada, enemiga declarada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), pero con carácter de prioridad en contra del movimiento Honor Colorado, al parecer, ha recapacitado y empieza a hacerse eco de los grandes hechos de corrupción que ya habíamos denunciado en su momento y que hoy también son denunciados tanto por el Poder Ejecutivo como por la Contraloría General de la Nación (CGR), un órgano extrapoder, independiente de la Presidencia de la República. Así debió ser siempre. Sin embargo, es dable presumir que sus gestos son ahora oportunistas –habida cuenta sus antecedentes de complicidad– esto es, para que no sea arrastrada por el aluvión devastador que se viene en contra de Abdo Benítez, varios de sus ministros y exdirectores de las binacionales Itaipú y Yacyretá.
El presidente Peña ha manifestado en reiteradas ocasiones que durante su gobierno habrá cero impunidad. Afirmación que involucra a los de antes y a los de ahora. Cortando las manos de los ladrones –públicos y privados– enviará a la sociedad una doble y fuerte señal: ganarse la confianza ciudadana y, de alguna manera, intimidar a quienes desean seguir por los viejos caminos torcidos. En la cadena jerárquica y administrativa del Poder Ejecutivo hay decenas de miles de funcionarios públicos. Y es importante que todos ellos entiendan claramente que dentro de esta lucha frontal contra la corrupción no habrá padrinos, excepciones, extorsión ni chantaje. Con eso, y solo con eso, ya empezaremos a estar mejor. Porque marcará el rumbo de la diferencia entre el actual gobierno y los que fijaron los “pillos y peajeros” que se fueron el 15 de agosto de 2023.