Apenas dos semanas después de la partida del gobierno de Mario Abdo Benítez, un lapidario informe de la Contraloría General de la República sobre su gestión pone de manifiesto catastróficas irregularidades. Las cifras financieras comprometidas son tan altas y la cantidad de anormalidades son tan numerosas que pueden sorprender hasta a los mejores informados. Los datos sobre las falencias de diversa índole captados por el organismo especializado hacen una clara radiografía de las deficiencias de la administración anterior. Y dan ganas de admitir la verdad que contiene el dicho acuñado por la gente cuando definió al expresidente con la expresión folklórica “desastre ko Marito”.
La Contraloría habla de faltantes por valor de millones de dólares en varios organismos públicos dependientes del Ejecutivo y la no ejecución en obras de muchos préstamos obtenidos, que el país debe pagar con sus intereses y otras cargas financieras.
Para ilustrar la enormidad de las falencias de la administración Abdo se pueden citar algunos ejemplos muy llamativos. En el Instituto de Previsión Social (IPS) se usaron sin justificación de comprobantes 1 billón 157 mil millones de guaraníes en la compra de combustibles. Por la falta de rendición de cuentas, en esa institución se detectó el curioso hecho de que una sola persona cargó 74 mil litros de carburantes por 705 millones de guaraníes en un solo día. Algo digno de incluir en el famoso Récord Guinness, un dato que revela como pocos la inmensidad de las irregularidades.
Citando el informe financiero del ejercicio de 2022 dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría habla de un aumento del 260 % en la deuda pública y faltantes de miles de millones de guaraníes en varias secretarías de Estado y organismos públicos, de acuerdo con las rendiciones de cuenta realizadas por los mismos.
Las desprolijidades de la era Abdo, por no hablar directamente de robos, en la administración del Estado paraguayo son tan graves que merecen una seria investigación en todos los niveles. La Contraloría apunta con datos ciertos todas las irregularidades encontradas que no se las puede desconocer. Y que hablan con mucha elocuencia de cómo se han estado manejando los intereses de la nación paraguaya durante la administración saliente.
El exmandatario y la gente de su administración deben aclarar numerosas acusaciones que se les hace. Más aún, las irregularidades deben ser denunciadas y canalizadas por el Ministerio Público. Los acusados deben responder por sus hechos en los tribunales. Las personas que estuvieron en los puestos públicos no tienen por qué volverse multimillonarias después de su gestión, como ocurre en muchos casos. Con los salarios que se paga en la función pública, ningún empleado estatal puede convertirse en un potentado. Y si ocurre lo contrario, como se sabe que sucede en muchos casos, son sospechosas de haber cometido irregularidades en el manejo de la cosa pública.
Por consiguiente, a partir de los datos dados a conocer por la Contraloría y las denuncias realizadas por otras entidades contra la administración que acaba de concluir su mandato, se impone la acción de la Justicia. Aparte de la tarea que deben realizar de oficio los organismos especializados, el gobierno entrante debe poner especial atención en el tema e impulsar las acciones legales que corresponden. No se trata de actitudes hostiles hacia los que se fueron, sino simplemente dar cumplimiento a las normas que obligan a denunciar los hechos que causan daño al patrimonio del Estado y a las personas que resultaren responsables de esos desarreglos.
La tarea que tiene el nuevo gobierno para reconstruir el país, lograr el crecimiento económico, arreglar las desprolijidades encontradas es descomunal. Ahora que se presenta el proyecto de presupuesto estatal para el 2024, se observan numerosos agujeros que cubrir en las finanzas del país y la pobreza de recursos genuinos para hacer frente a los gastos fijos que son ineludibles. Porque ha recibido un Estado que está casi en la quiebra financiera.
El Ejecutivo debe apuntar hacia los responsables de la mala situación encontrada y pedir a la Justicia que se ocupe de las irregularidades que han realizado. Para crecer en paz, el Paraguay necesita que los culpables de las anomalías sean castigados como establecen las leyes penales.