La ola de hechos delictivos que fue ganando territorio en los últimos años, la desconfianza reinante en la población a causa de ello, con la gravedad de que salieron a la luz nombres de varios uniformados descubiertos en inconductas, hechos punibles, urge que, además de los planes iniciales del nuevo gobierno en el combate a la criminalidad, se inicie una profunda investigación para sanear la institución mediante intervenciones tácticas y administrativas.
El Estado, es decir la ciudadanía en general, debe volver a creer en la Policía Nacional como en todos los organismos de seguridad, algunos más desmoralizados que otros, que hoy se da a causa de la corrupción arraigada en sus filas.
Ya sufrimos demasiado en los últimos años por la inseguridad galopante. Venimos de un periodo gubernamental en el que la delincuencia no dio tregua, sin un día que los noticieros muestren robos, hurtos, asaltos, etc.
A medida que la criminalidad fue ganando terreno, lastimosamente se viene evidenciando debilidades en la fuerza de orden y seguridad interior abandonada en recursos, y también se fue destapando el estado de descomposición dentro de las instituciones rectoras.
Este gobierno arrancó con una serie de intimidaciones por parte de una delincuencia que pareciera estar buscando deslegitimar la nueva administración en connivencia con propios uniformados que desde las filas policiales actúan en contra del rol de la institución de proteger la vida y la seguridad de los habitantes. Este hecho no se puede permitir y amerita urgentes acciones para desbaratar la rosca de infractores con placa que fungen de policías, pero lastimosamente son verdaderos bandidos que boicotean el trabajo del Estado.
En los últimos tiempos, de manera más frecuente recibimos noticias sobre policías en carrera que, seguramente con el guiño de algunos jefes, se dedican más a labores delictivas que de seguridad.
El último hecho más escandaloso fue el montaje de secuestro en la ciudad de Luque que involucró a 5 policías que fueron imputados por privación ilegítima de libertad, asociación criminal y robo agravado. Al momento de ser descubiertos saltaron más antecedentes arrastrados, pero llamativamente el currículum de los mismos estaba muy bien resguardado, mientras los mismos continuaban en tareas operativas.
A lo mencionado antecedió el caso de un asalto a mano armada en el que fue abatido el atracador y resultó que el ladrón era un policía, ocurrió en Mbuyapey, departamento de Paraguarí. Una seguidilla de episodios delincuenciales tenía como protagonistas a propios uniformados que fueron favoreciendo a los marginales, es así que varios asaltos callejeros en los que desplumaron a las víctimas son denunciados y atribuidos a quienes debieran protegernos.
Violencia intrafamiliar, maltrato y abuso de poder, robos, complicidad en tenencia de sustancias prohibidas, etc., son tristes realidades que salpican a nuestros funcionarios de la Policía. Solo este año, sin contar con los seguramente protegidos en sus filas, 25 uniformados de la fuerza interna de seguridad han sido separados por diferentes inconductas, según los reportes institucionales.
El último excomandante de la Policía había mencionado una semana antes del cambio de gobierno que existen unos 800 procesos administrativos a uniformados por diferentes faltas.
La situación es preocupante, se torna muy necesaria realizar una radiografía a toda la estructura de la Policía y de ser posible a todos los organismos de seguridad y del orden. No podemos olvidar que tuvimos un ministro del Interior con conexiones de un sindicado narcotraficante y este tipo de vínculos dejan secuelas muy fuertes que pudieran continuar manteniendo tentáculos ocultos, circunstancias con las que no podemos seguir desprevenidos en soluciones.
Las autoridades pertinentes deben iniciar sin lugar a duda profundas investigaciones para extirpar el cáncer de la delincuencia de los organismos del orden y la seguridad para así dar lugar a políticas que resguarden el bienestar de la colectividad.