El ministro de Economía de la Argentina y precandidato pre­sidencial oficialista de su país, Sergio Massa, vino a reunirse el jueves último con el presidente Santiago Peña y altas autoridades del Paraguay, lo acompañaba el ministro de Transporte argentino. Al término de las reuniones realizadas en Mburuvicha Róga se realizó el tan ansiado anuncio de que el vecino país suspendía temporalmente el cobro del peaje que ilegalmente está haciendo en el río Paraná. La información fue sin duda la mejor noticia escuchada hasta ese momento del día, lo que produjo la satis­facción y la alegría de los sectores empre­sariales. El aviso oficial se hizo a través de la Cancillería nacional y no cabía duda de su certeza.

Hasta que, horas después, un comunicado oficial del Ministerio de Transporte de la Argentina echó por tierra el mensaje de las autoridades paraguayas y señaló que el cobro del mencionado impuesto ile­gal en el Paraná no se había suspendido y seguía vigente.

El escrito decía que la situación seguía igual, “sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al Norte, el próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las partes de forma superadora para la optimización de la principal autopista fluvial de la región”.

La sorpresa fue tan grande, que hasta ahora no se sabe todavía qué es lo que realmente pasó. Pero viniendo la noticia de la Argentina no habría que sorpren­derse mucho, pues es un país que suele tener ese tipo de actitudes. Si con una simple resolución ministerial pretende anular los tratados internacionales, no es raro que por la tarde niegue lo que decidió por la mañana.

El inesperado mensaje vespertino del ministerio de Argentina acalló la pro­mesa que había hecho el ministro de Economía de esa nación en horas de la mañana, y produjo la airada reacción del Gobierno paraguayo, que fue burlado dolorosamente.

“Recibimos con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio de Transporte de Argentina de mantener el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná; luego de que los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano (ministro de Transporte), en una reunión con el presidente Peña en Asunción, acordaran levantar la medida”, expresó vía X (ex-Twitter) la página ofi­cial del Ministerio de Relaciones Exterio­res de nuestro país. Si no fuera algo tan serio y perjudicial sería para ponerse a reír a carcajadas.

Para que no haya duda sobre la ilegalidad de la medida argentina, conviene recor­dar lo que establece el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná, que en su artículo 5 dice: “Sin previo acuerdo de los países signatarios, no se podrá esta­blecer ningún impuesto, gravamen, tri­buto o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basa­dos únicamente en el hecho de la navega­ción, al no tener el acuerdo de todos los países miembros”.

Lo acontecido es una lección muy impor­tante para nuestro país. Los ministros argentinos que vinieron a conversar con el presidente de la República y a prome­ter medidas especiales no solo se burla­ron del Paraguay, sino que han cometido una grave afrenta, un insulto que ofende la dignidad de nuestra nación. Y no debe­ría quedar sin una reacción proporcional hacia el Gobierno federal argentino. No se puede aceptar una mofa que ha dejado en ridículo a los paraguayos.

Paraguay ya no debe esperar nada de las conversaciones bilaterales con los argen­tinos. Porque, como ha ocurrido ahora, cualquier tratativa con el Gobierno de Buenos Aires puede terminar en otra burla. La única decisión que corresponde en estos momentos es recurrir a las ins­tancias legales internacionales, acu­diendo a los tribunales correspondientes para levantar ese impuesto ilegal y hacer que la Argentina cumpla las obligacio­nes jurídicas que tiene, y exigirle que res­pete al Paraguay como corresponde a una nación soberana y digna.

Este es un nuevo desafío que el Gobierno nacional debe encarar con toda ener­gía. Para ello tiene el respaldo del Poder Legislativo, cuyas cámaras ya se pronun­ciaron contra la actitud argentina. Tam­bién cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Y sobre todo, le asiste la razón que le otor­gan las normas establecidas en los trata­dos internacionales vigentes, que dispo­nen la libre navegación en los ríos.