Una de las herencias más pesa­das que ha dejado el gobierno saliente es la enorme deuda impaga que el Estado para­guayo debe abonar ahora debido a la imprudente político-financiera que se aplicó desde el 2018 en adelante. Lo lla­mativo es que muchas de las contratacio­nes que realizó en los cinco años las hizo sin tener dinero con qué pagar ni prever de dónde obtener los fondos para hacerles frente. Muy lejos de la más mínima pru­dencia que debe tener un administrador cuando maneja los intereses de una nación.

No cabe duda de que la conducta de la administración anterior es totalmente irresponsable, porque no tenía condiciones para cumplir sus obligaciones ni de asumir monetariamente las consecuencias de sus actos. Los causantes de esa situación son, por consiguiente, culpables de esos perjui­cios ocasionados al país y a sus finanzas. Y que tendrían que ser investigados e impu­tados, en caso de ser hallados culpables de los delitos cometidos contra los intereses del país.

Las acusaciones contra el gobierno de Mario Abdo están aumentando debido a los hallazgos de malos manejos adminis­trativos y graves inconsistencias financie­ras. Los cuestionamientos son al gobierno central y a numerosas entidades públicas.

Las cuentas que no pagó el gobierno de Abdo superan los 1.000 millones de dóla­res. Lo peor es que no son débitos con ven­cimientos futuros, sino compromisos ya vencidos con los que no pudo cumplir y que dejó a la administración entrante como un gran presente griego, un regalo que resulta muy ruinoso para quien lo recibe. La deuda total del país llegó a 15.565,6 millones de dólares en junio pasado, un 35,1 % del PIB.

El senador Gustavo Leite señaló la grave­dad del hecho y pidió que la Fiscalía y la Contraloría se encarguen de castigar a los responsables de esos malos manejos de la plata del país.

Los principales montos del endeuda­miento pendientes de pago de la admi­nistración de Abdo son 371,3 millones de dólares del Ministerio de Salud Pública por insumos y medicamentos. Se le agre­gan 210 millones de dólares que adeuda el IPS por remedios y afines. A los que hay que sumar los 350 millones de dólares que adeuda el Ministerio de Obras Públicas a las constructoras viales, sin incluir los intereses por no pagar a tiempo. El Minis­terio del Interior adeuda 250 millones de dólares a los proveedores de la Policía Nacional y otros organismos de esa secre­taría de Estado.

Sumando los montos de esas cuatro enti­dades, se tiene un total de 1.181,3 millones de dólares que dejó el gobierno saliente para que pague la nueva administración estatal. Aunque no todos corresponden al Poder Ejecutivo, la responsabilidad polí­tica última de no haber cumplido con esas obligaciones financieras es del gobierno de Mario Abdo, que debió haber previsto y realizado el pago de esas deudas, como establecen las normas y las prácticas de la buena administración.

Entre las primeras tareas del nuevo gobierno está el compromiso de hacer frente a esas enormes cifras de dinero que debe pagar. Y para ello necesariamente deberá endeudarse. Lo positivo está en que esos fondos ayudarán a las empresas pri­vadas que cobren a cumplir sus adeudos y a realizar nuevas inversiones que a la larga ayudarán al movimiento económico del país.

Para mantener la seriedad del Estado paraguayo, la nueva administración está demostrando la sensatez de su gestión tra­tando de cumplir lo que la anterior no hizo. Tiene en su agenda la tarea de apurar la reactivación de la economía con la política gubernamental que ha trazado, que es su principal preocupación.

No es bueno callar los delitos que se come­tieron en la administración del país en el gobierno que fuere, como en el anterior. Hay que denunciarlos y exigir que los orga­nismos competentes, como la Fiscalía y la Contraloría General de la República hagan su tarea de investigar.

La gente que endeudó de manera insensata al país y no pagó sus compromisos debe ser castigada. Que se la impute y vaya presa si es culpable, comenzando por el máximo responsable del Ejecutivo anterior. El daño que hizo a los intereses del Paraguay no puede quedar sin castigo. No sancionar ese tipo de delitos sería un premio muy grande para los irresponsables.