Un remolcador de bandera paraguaya retenido indebidamente por las autoridades argentinas en el Paraná, en la zona de Santa Fe, tuvo que pagar 4.232 dólares, más intereses y costas judiciales para ser liberado. Este y otros pagos realizados por navíos que se desplazan por ese sector de la Hidrovía Paraguay-Paraná se producen debido en gran medida a la indolencia de las autoridades paraguayas que hasta ahora no han podido impedir el peaje que cobra el vecino país contra todas las normas internacionales que rigen en la materia.
Es perentorio que se detenga esa medida arbitraria que perjudica enormemente al comercio internacional y constituye una bofetada a las declaraciones de buena vecindad que suelen expresar las autoridades de las diferentes naciones en los foros internacionales. La hermandad de los pueblos se cumple en los hechos de la vida cotidiana y no en los discursos políticos llenos de hipocresía de los encuentros del Mercosur y de otras entidades intergubernamentales. Como en los viejos tiempos coloniales del Puerto Preciso, instalado en Santa Fe, en la misma zona del Paraná, cuando los barcos estaban obligados a detenerse en el lugar, identificarse y pagar impuestos, ahora la Argentina impone ese impuesto fluvial indebido. Y, para colmo, hasta ahora las autoridades paraguayas no han conseguido que se remueva ese impedimento ni han tomado determinaciones más duras contra ese atropello.
De acuerdo con denuncias realizadas por legisladores en la Cámara de Senadores, hasta ahora el perjuicio para las empresas afectadas ya asciende hasta 3 millones de dólares debido a los pagos que debieron realizar varias entidades navieras, aparte de los gastos que implican las acciones judiciales de los que litigan para no pagar la imposición.
Nuestro país es altamente dependiente de la hidrovía, ya que el 80 % de su comercio exterior se realiza a través de ese canal fluvial. Lo que quiere decir que es la nación más perjudicada por la medida argentina que también afecta a los intereses comerciales de Bolivia, Brasil y Uruguay.
La Cámara de Senadores se pronunció contra el peaje argentino, pidiendo que se lo elimine de manera inmediata, porque trasgrede normas de orden jurídico internacional. Lo mismo hizo la Cámara de Diputados, que en una resolución dada a conocer el miércoles último calificó al peaje aplicado por el vecino país de ilegal, injusto y atentatorio contra la libre navegación y el libre comercio de la región.
La determinación argentina no tiene ningún peso jurídico, ya que se trata de una simple resolución de un organismo de segundo orden en el vecino país, que no puede ir contra las normas establecidas en los tratados internacionales de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno de Argentina.
El Ministerio de Transporte del vecino país había dictado el 29 de diciembre de 2022 la Resolución 1023 estableciendo el pago de 1,47 dólares por toneladas a los barcos que navegan por el tramo del río Paraná entre la confluencia con el río Paraguay y el puerto de Santa Fe. El documento que se había conocido en los últimos días de 2022 comenzó a regir desde el 1.° de enero de este año. De ese modo una resolución, que por provenir de un ministerio no tiene el peso de un decreto ni menos de una ley, está modificando de hecho disposiciones de tratados internacionales que la Argentina y todos los países signatarios deben obedecer. Por la prelación de las leyes, la resolución no tiene ni puede tener el valor jurídico que se requiere para desconocer las normas internacionales. Por lo que la decisión del Gobierno argentino es un absurdo ilógico y una aberración jurídica inaceptable.
El gobierno entrante debe tomar medidas muy duras contra la Argentina por esta afrenta contra los intereses del Paraguay. Cuando sus altas autoridades vengan a la asunción presidencial, el nuevo presidente debe echarles en cara su desfachatez, señalarles que sus muestras de supuesta hermandad son una mera farsa diplomática, llena de mentira. Y que deben levantar rápidamente el ilegal peaje fluvial que están cobrando.
La Argentina no puede seguir sosteniendo la disparatada resolución que impone el peaje fluvial. Es un adefesio jurídico casi cómico que causaría la hilaridad y la risa, si no constituyera de hecho una terrible afrenta contra la amistad de los pueblos.