El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe dejar los cuentos infantiles y defenderse con argumentos, con transparencia ante la Justicia, específicamente ante el Ministerio Público sobre la pila de denuncias que tiene acumulada en su contra realizadas por valientes ciudadanos organizados de esta comuna.
Así también, los funcionarios comprometidos, proveedores y amigos del jefe comunal señalados de darse el gran festín comprometiendo plata de los esteños deben ponerse a disposición y defenderse con documentos, no desde la sombra como viene ocurriendo hasta ahora.
Las denuncias y los hallazgos de la Contraloría General de la República en varias licitaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este, que Prieto incluso intentó varias veces refutar, pero que quedaron firmes por ratificación del ente contralor, llevaron al intendente a una imputación de la que quiere salir con discursos que desvían la atención del tema.
No hay lugar, tiempo ni espacio para peroratas, corresponde que la Justicia llegue hasta el fondo en la búsqueda de dilucidar sobre el rosario de irregularidades denunciadas por los ciudadanos, confirmados por la Contraloría.
Prieto no puede seguir burlándose de los contribuyentes de su municipio. Debe aclarar y asumir las consecuencias del por qué su administración adjudicó por la vía de la excepción casi G. 3.000 mil millones para compra de alimentos a un pequeño kiosko que no tenía ni los insumos ni la capacidad financiera.
Los esteños y el país que había creído en su momento que el cambio llegó a Ciudad del Este quedaron sorprendidos en la buena fe con el destape de grandes hechos de corrupción en la era Prieto. Este joven intendente que se vendió como el mesías de las buenas nuevas, defraudó a la población.
Prieto debe explicar de dónde se compraron las provistas y por qué se parodió un proceso de licitación que tenía como beneficiarios a los más afectados por la pandemia del covid-19. Él y su administración quedaron como viles aprovechadores al conocerse que las compras covid de su municipalidad son calcadas a las del Ministerio de Salud, cartera que fue sacudida en escándalo por armar una megalicitación con invitaciones a empresas de papá y dos hermanos. Esta práctica fue copiada por la administración de Prieto que simulo una licitación con invitaciones a dos firmas que resultan ser de padre e hijo.
Tres años después de conocerse este maquiavélico proceder, la Fiscalía imputó a Prieto, quien en vez de refutar los argumentos intenta desviar la atención con ataques tirados de los pelos y buscando adversarios políticos para atribuirles la decisión de la Justicia.
No es el único caso que pesa sobre el intendente de Ciudad del Este. Hay como 30 denuncias de irregularidades en distintos órganos de control administrativo como la Fiscalía. El combo de daño patrimonial que le atribuyen asciende a nada menos que G. 46 mil millones por diferentes supuestos malos manejos entre 2019 y 2022.
Se conoce a un constructor de pozo artesiano como proveedor de miles de kilos de harina durante la pandemia a la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando el pobre señor no tenía idea del negocio en el que lo hicieron figurar, según su testimonio. Todo el fato denunciado en la pandemia gira en torno a un clan familiar, amigos del intendente.
Hace poco, otra denuncia en su contra llegó al Ministerio Público. G. 8.000 millones habría adjudicado a un amigo que lo esponsoreó durante su campaña con ploteado proselitista, kepis, remeras. Un abogado de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este lo señala de haber adjudicado treintena de contratos directos a este amigo para construcción de empedrados, cuando el mismo se dedica a la venta de alfombras.
Casos indignantes como los citados minan la administración de Prieto, por ello es más que necesario el profundo análisis de todas las denuncias ya que ponen en riesgo los recursos de la comuna. El Ministerio Público por su parte no debe flaquear en el seguimiento del proceso, de ello depende que todos los responsables asuman las consecuencias que hubiere.