La serie de irregularidades, maniobras descubiertas en el con­curso para contratación de per­sonal en Itaipú denunciadas por todos los medios y que incluso generó la presentación de un amparo constitucio­nal para que se frene esta farsa, requiere la urgente intervención de los jueces. Esta es una brillante oportunidad para que la Justicia cumpla su rol de evitar que se con­suma una enorme injusticia contra aque­llos que confiaron en la competencia, pero chocaron con apadrinados, exigencias a la medida de algunos buitres, limitaciones que rayan lo inconstitucional, etc.

Hace dos meses, en medio de una transi­ción de gobierno que requiere mesura, pru­dencia y responsabilidad en las acciones que comprometan recursos públicos, se había iniciado este proceso de contratación de personal para 220 vacancias disponibles en la Itaipú. El hecho en sí de la incorpo­ración masiva ya generó lluvia de cuestio­namientos por la coyuntura en la que se encuentra el país que aguarda el arribo de una nueva administración del Estado.

De manera cobarde, algunos conoci­dos dirigentes políticos maniobraban y hasta hacían de influencers acaparando sus redes, publicando en medios amigos el concurso que se había promocionado para contratación de nuevos funcionarios, pero que resultó una parodia de competencia ante los recomendados, amigos de la casa, parientes clasificados.

Muy pronto comenzaron a evidenciarse con sus malas intenciones, ya que salie­ron a la luz la componenda armada de varios de sus leales, operadores segui­dores y parientes de una rosca de jefes traidores a los principios de igualdad en el acceso al trabajo que tenían práctica­mente el lugar asegurado entre las 220 plazas establecidas.

El esquema les resulta favorable, requie­ren altos perfiles, experiencias, pero limitan la edad, un magnífico filtro para incorporar masivamente a los retoños de los altos jefes, algunos sobrinos, pasantes, aprendices que ya habían ingresado por la ventana y estaban a la espera de asegurar sus puestos, en otros casos incluso apro­vechar el concurso para un ascenso sala­rial, mientras miles de desempleados que buscan una oportunidad son defraudados en su buena fe.

A medida que se desarrolla el proceso de selección salen más y más nombres de recomendados, hijos de jefes de la Itaipú, acomodados en condición de pasantes, aprendices o tercerizados en pesca de cargos. Y a cada paso hay un haz bajo las mangas de estos inescrupulosos que lle­van adelante una competencia tildada de engañosa.

Pasaron los exámenes, miles quedaron fuera porque en teoría no llegaron a obte­ner el mínimo puntaje en sus calificacio­nes, requisito para avanzar a la fase final. Aquí comenzaron a flexibilizarse requi­sitos concernientes a documentaciones, denunciado por varios aspirantes como facilidad para aquellos que entraron a ren­dir sin los papeles correspondientes, otro hecho irregular, porque el requisito era reunir y cumplir esta como otras condicio­nes para poder ser habilitado a las pruebas.

Bastardearon más los reglamentos cuando comenzaron a aparecer en la lista de selec­cionados para las entrevistas posteriores a los exámenes postulantes que no tienen el puntaje mínimo requerido. Se fueron dis­torsionando varios requisitos del proceso.

Por las razones citadas más arriba, las entrevistas que ahora están en desarrollo pueden ser un elemento de discriminación frustrante ya que, por el favoritismo y ami­guismo reinante, pueden dejar fuera a los mejores.

El lamentable procedimiento de Itaipú llegó a los estrados judiciales hace un par de días cuando el gremio Auténticos Abo­gados del Paraguay (AAP) decidió acudir a la Justicia con amparo para suspender y hasta anular el concurso por estar viciado de maniobras fraudulentas.

El gremio sufrió un primer rechazo por supuestamente carecer de personería jurídica, esto fue reparado de inmediato cuando los abogados demostraron reunir los requisitos establecidos con una ape­lación que corre desde ayer y que debiera definirse en un par de días más.

De ahora en más queda aguardar la resolución de la Justicia que debiera intervenir para suspender esta burda acometida al principio de igualdad y meritocracia en cargos públicos y de ser posible castigar con todo el peso de la ley a los inescrupulosos.