La crítica a los integrantes de un gabinete que ni siquiera tomaron posesión de sus respectivos cargos cada día asume nuevas aristas. Las designaciones que viene realizando el electo presidente de la República, Santiago Peña, son cuestionadas por las razones más nimias. Los medios de comunicación que forman parte de las cadenas que durante casi cinco años fueron condescendientes con el actual mandatario, Mario Abdo Benítez, diariamente pretenden ensombrecer los nombramientos que son anunciados por quien tomará las riendas del Estado a partir del próximo 15 de agosto. Desde la supuesta imposición de nombres de parte del titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Horacio Cartes, hasta los antecedentes de los futuros ministros que ya fueron confirmados por Peña. Agenda que es acompañada por la comparsa de una oposición que ha perdido el rumbo y terreno en el Congreso de la Nación, aunque mantiene el discurso que fue el principal factor de sus derrotas. Nadie discute que se tiene que observar la hoja de vida de cada uno de los mencionados, así como la relación de competencia con los cargos que les tocará desempeñar. Hasta ahora, el primordial requisito de la idoneidad no ha sido cuestionada. Y aunque algunos aspectos de la trayectoria profesional pudieran ser objetados –hipotéticamente hablando–, lo que en definitivas tiene que juzgarse es la gestión. Pero, como venimos repitiendo, antes de que se pongan a trabajar en sus respectivas carteras ya fueron aplazados por la histeria de quienes se creen por encima de todos, incluso sobre la verdad, a pesar de que el desprestigio les desmiente.
Días atrás calificaron como una “estafa” a la ciudadanía que aquellos que fueron electos para ocupar una banca en la Cámara de Senadores fueran seleccionados para integrar el gabinete del Poder Ejecutivo. Que esta “nefasta” práctica debe terminar. Lo que ocultan ladinamente es que la propia Constitución Nacional, en su artículo 199, habilita a que diputados y senadores puedan aceptar cargos de ministro o de diplomático (embajador), previo permiso a su cámara respectiva, “a la cual podrán reincorporarse al término de aquellas funciones”. Todo, por tanto, se encuadra dentro de lo lícito y legítimo. Por de pronto, quienes deberán conseguir la anuencia de la Cámara Alta son el doctor Enrique Riera, designado ministro del Interior, y el ingeniero civil Juan Carlos Baruja, quien se pondrá al frente del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. En el ambiente se manejan otros posibles nombres que se ubicarían dentro de este contexto. Y, por el contrario, si algún parlamentario aceptara la dirección de una de las binacionales, tendrá que renunciar a su cargo de representación popular. Las reglas, en ese sentido, son bien claras.
Hasta ahora, aparte de los dos ya citados (Riera y Baruja), ya fueron confirmados Carlos Fernández Valdovinos (Hacienda), Ángel Ramón Barchini (Justicia), Claudia Centurión (Obras Públicas y Comunicaciones), Javier Giménez García de Zúñiga (Industria y Comercio), general (SR) Óscar González Cañete (Defensa Nacional) y Rubén Ramírez Lezcano (Relaciones Exteriores). Aunque todos estos ministerios tienen una gran relevancia para alcanzar la sociedad de la prosperidad con justicia social (lema bandera de Santiago Peña), es comprensible que se siga analizando con agudo detenimiento a las demás personas que ocuparían los cargos mediáticamente más visibles y sensibles para la ciudadanía en Educación y Ciencias (MEC) y en Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Y el tercer sostén de ese trípode es Agricultura y Ganadería (MAG). Otras secretarías de Estado que también esperan a los responsables de dirigirlas son los ministerios de Desarrollo Social (MDS), de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), de la Mujer (MM), de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).
Igualmente, están pendientes de designación de sus respectivos titulares, entre otras, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STPDES), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), además de los presidentes del Banco Central del Paraguay (BCP) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). Y, obviamente, dos de los cargos más ambicionados, la dirección general de la Itaipú Binacional y la dirección ejecutiva de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con sus respectivos consejeros. Ambas ligadas a una institución clave del sector energético: la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
También se esperan los nombramientos en las demás entidades autárquicas y empresas públicas, tales como la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Petróleos Paraguayos (Petropar), Cañas Paraguayas SA (Capasa), la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y el Instituto de Previsión Social (IPS), solo por citar algunos ejemplos.
Mucha es, pues, la tarea que aún le aguarda a Santiago Peña a menos de dos meses de convertirse en el nuevo presidente de la República. Por de pronto, en el Palacio de López estaría acompañado, aunque todavía sin confirmarse, de Lea Giménez, como ministra-secretaria general y jefa de la Casa Civil; José Alberto Alderete, como ministro-secretario asesor político, y Jorge “Turi” Capello, como ministro-secretario privado. Después vendrá la orden clave: ¡A gobernar! Una asignatura en la que se aplazó rotundamente Mario Abdo Benítez. La prensa hostil al electo primer mandatario de la nación tendrá todavía abundante material para revolcarse en el charco de su propia maldad. Solo que el pueblo tiene una visión bien distinta. Y, principalmente, mucha esperanza.