Los organismos del Estado están estudiando actualmente un ajuste del salario mínimo que se debe realizar anualmente según el aumento del costo de vida que mide el Banco Central del Paraguay (BCP). La modalidad del reajuste anual según la suba de precios se alcanzó en la administración de Horacio Car­tes, lo que permite proteger cada doce meses el valor adquisitivo del importe mínimo que se debe pagar a los tra­bajadores del país. Con anterioridad se autorizaba el reajuste salarial solo cuando la inflación de precios alcan­zaba el 10 % luego del último aumento, con lo cual la asignación de los traba­jadores era la más castigada por el pro­ceso inflacionario.

Como las mediciones del alza de precios del BCP hablan de una inflación del 5,1 % desde el último ajuste, la nueva asigna­ción mínima que se debería establecer es de 2.680.372 guaraníes, que son 130.065 más que el sueldo actualmente vigente. Aunque algunas centrales obreras están hablando de que la suma debe ser mucho mayor, hasta alcanzar los 3.500.000, lo que representaría un incremento del 37,23 %, que no es el índice inflaciona­rio de los últimos doce meses. Por ello se estima que difícilmente sería autorizado por los organismos estatales.

Analizando la asignación salarial para los trabajadores, puede observarse que no tiene solo el problema del ajuste infla­cionario, que debe hacerse cada tanto. Adolece de una situación mucho más grave y muy injusta, y es que a la mayor parte de los mismos no se les paga ni siquiera lo mínimo establecido por la ley.

Según el Instituto Nacional de Estadís­tica (INE), de cada cuatro trabajado­res que deben recibir el salario mínimo, tres perciben una suma inferior. Con esta situación tanto la sociedad como el Estado paraguayo tienen una impor­tante deuda con gran parte de las per­sonas que trabajan en el país. Un hecho inaceptable y que requiere remedio.

Dado que la mayoría de los trabajado­res no percibe lo establecido por la ley para satisfacer sus necesidades básicas, no están cubriendo los requerimien­tos mínimos para una vida conside­rada básicamente normal. Debido a esta grave situación la sociedad paraguaya está permitiendo que haya cada vez mayor cantidad de personas que viven en la pobreza.

De acuerdo con el Código del Trabajo, el salario mínimo es la suma de dinero con la que se pueden satisfacer las necesida­des básicas del trabajador considerado como jefe de familia, no solo las de la persona individual. Con lo cual el monto no puede ser cualquier importe que no sirva para ese propósito.

Teniendo en cuenta esta situación que constituye un grave caso de injusticia social colectiva, no se puede dejar de actuar para buscarle una solución ade­cuada. Ya se sabe que el gran nivel de informalidad en la economía es una de las causas de este hecho, ya que miles de empresas prefieren actuar fuera de la ley y sin cumplir sus obligaciones con sus empleados y con el Estado. Lo hacen porque les resulta más rentable el nego­cio y porque el Gobierno y sus organis­mos de control son incapaces de actuar con solvencia.

Por su lado, las centrales y sindicatos de trabajadores no deben cerrar los ojos a esta realidad y solo ocuparse del monto del salario mínimo que reciben los tra­bajadores formales. Parece que no les importa mucho la realidad del sector obrero en general. Tienen que ocuparse también de los que están sufriendo en la informalidad, que son tan trabajado­res como los otros y requieren de mayor protección y ayuda.

El Estado, cómplice de esta situación irregular por su inacción, debe comen­zar a exigir el cumplimiento de las leyes, combatiendo la ilegalidad que también alcanza al bienestar de las personas. Tiene que ocuparse no solo del ajuste salarial, sino de hacer que los miles de ciudadanos que viven explotados pue­dan alcanzar el sueldo mínimo legal y su inclusión en el régimen del seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social (IPS).

Así como no se puede aceptar el comer­cio de mercaderías introducidas ilegal­mente, la economía subterránea, no se puede hacer la vista gorda a la explo­tación de los trabajadores con el no cumplimiento de las leyes laborales y sociales. Por ser irregular y altamente perniciosa.