La suerte del Instituto de Previsión Social (IPS), tanto en su desempeño de servicios médicos como en su papel de administrador de los fondos jubilatorios, es una preocupación cada vez mayor. Sobre todo porque con la actual administración ha llegado a límites muy alarmantes que lo convierten en inservible para los fines para los que fue creado y hasta hacen pensar en su pronta desaparición como ayuda de los millones de trabajadores y aportantes.
Siempre ha tenido dificultades de diversa índole a lo largo de su historia, pero con las actuales autoridades ha llegado a extremos nunca antes alcanzados, como la necesidad de prestar dinero de los bancos para pagar a sus proveedores. Y ya no se hable del manejo de los fondos jubilatorios que se están usando también de manera indebida para cumplir con sus obligaciones monetarias que tienen por ley otras fuentes de financiamiento.
El diagnóstico de los técnicos y conocedores del manejo de la institución habla de que, si no se hace una urgente cirugía mayor, la institución ya no servirá para nada y dejará en la calle a sus miles de contribuyentes.
Examinando el asunto de los fondos jubilatorios, algunos analistas recuerdan que hace cinco años atrás, cuando asumió el gobierno de Mario Abdo Benítez, se calculaba que los síntomas de alarma por la desaparición de fondos se verían en torno al año 2040 y que para entonces peligraría el pago a los jubilados. En el 2021, la previsión era de que las señales de alarma aparecerían ya en el 2038. Últimamente se han tenido evidencias de que ese riesgo ya está instalado y que mucho antes se dejaría de contar con los fondos para los jubilados. Sobre todo cuando se tuvo conocimiento que la actual administración está utilizando esos recursos para pagar obligaciones que no corresponden, como la compra de insumos y afines.
El expresidente de la previsional Pedro Ferreira fue muy claro sobre el delicado tema: “La primera alarma se establece cuando los aportantes no pueden pagar las jubilaciones; la segunda, cuando el aporte de quienes trabajan, más las rentas de los fondos en bancos, por alquileres, ya no son suficientes para pagar la jubilación; y la tercera es que ya no hay plata para los jubilados, y se suele dar diez años después, en los sistemas previsionales”. Por ello insistió en que los cambios en el IPS no son solo necesarios sino que se han vuelto urgentes.
Algunos de los funcionarios actuales de la previsional le han querido sacar importancia a la situación y a los riesgos existentes, que fueron provocados por los desaciertos de esta administración. Han señalado que no existe el peligro de que se desfonde la institución y que a medida que vayan creciendo las recaudaciones después de los efectos de la pandemia se irán normalizando las finanzas, aunque llevará todavía cierto tiempo. Que la crisis actual es solo temporal y pasajera. Negaron que se está ante un escenario catastrófico, aunque admitieron que es necesario llevar a cabo una reforma que permita salvar la crisis institucional y financiera.
Por responsabilidad política y social, el Gobierno tiene que comenzar a actuar para salvar la situación, porque cuanto más tiempo se espere, la crisis puede ir empeorando. Urge la adopción de medidas rápidas para cuidar la salud, la plata de la gente y garantizar el futuro de los jubilados. Por eso como primera medida debe cortar el uso de los fondos jubilatorios para los gastos corrientes, porque a medida que los vaya usando dejará sin dinero a la caja correspondiente. Debe coordinar con los responsables del Gobierno que asumirá en agosto algunas de las disposiciones más urgentes para no seguir alargando la espera.
Cualquier reforma que se haga tiene que contar necesariamente con la anuencia y la participación de los aportantes y los jubilados, que son los principales afectados de cualquier medida que se tome.
Si se actúa con rapidez adoptando las decisiones adecuadas, se está a tiempo para salvar la mayor institución de servicios y de jubilaciones del país. De ese modo se la podrá convertir en la entidad que siempre debió ser, la que ayuda en la enfermedad y protege en la vejez a sus asegurados.