Entre los principales desafíos que tiene la nueva administración gubernamental que comenzará el 15 de agosto está impulsar el crecimiento cualitativo de la economía del país y la mejora decidida en las condiciones de vida de la población nacional. Para ello el nuevo gobierno deberá articular políticas adecuadas que permitan que los paraguayos puedan vivir mejor.

Tarea nada simple y que constituye el principal reto no solo para el nuevo gobierno, sino para todos los que habitamos el país, porque hay un camino largo y escabroso que atravesar. Habrá que lograr algo parecido a un milagro económico y social que requerirá todas nuestras fuerzas y nuestras ganas de trabajar. Que no es imposible cuando se tiene la visión clara de lo que hay que hacer y la energía necesaria para encararlo.En esa materia el mandatario electo sabe muy bien lo que hay que hacer, como cuando dice que uno de sus principales objetivos será la recuperación de la economía nacional y la creación de nuevos puestos de trabajo, una decisión que traerá incalculables beneficios en el país.

Pero para concretar este y otros logros hay una serie de medidas que deberá adoptar. Porque los objetivos no se consiguen solo con las promesas, sino principalmente con una gestión que los haga posible.

Uno de los principales obstáculos que deberá vencer para dotar al Estado de una mejora sustantiva es sus recaudaciones para invertir en el país y lograr la formalización de la economía paraguaya. Estudios privados demuestran que la economía informal llega actualmente en nuestro país al 46 % del producto interno bruto (PIB), lo que quiere decir que casi la mitad de la actividad económica paraguaya es ilegal y no aporta nada a las arcas fiscales y al desarrollo de la nación. Se moviliza en medio de las irregularidades del contrabando y otras operaciones ilícitas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la organización privada PRO Desarrollo, la economía subterránea impidió que ingresaran más de 22 mil millones de dólares en el 2022, lo que representa un aumento del 2 % sobre las cifras del 2021, que afecta a la distribución de los ingresos y a la pobreza del país, según la interpretación de los técnicos.

La economía subterránea o informal engloba a todas las actividades económicas que se realizan fuera de la regulación gubernamental y sin el pago de los impuestos que corresponden. Se llevan a cabo de manera oculta para que no las detecten los organismos del Estado. Y todo su sistema operativo se realiza al margen de las leyes, como el no pago de impuestos y la no presentación de la declaración impositiva, aparte de que sus trabajadores no reciben el salario estipulado legalmente y no tienen los beneficios de salud y sociales de los que aportan al Instituto de Previsión Social (IPS).

Otro dato muy significativo de nuestra realidad es que el 70 % de los trabajadores está operando en la informalidad, fuera de los registros legales. Por lo tanto, su situación es muy precaria y vulnerable comparado con los empleos legales. De acuerdo con la opinión del exministro de Hacienda César Barreto, hay mucha vulnerabilidad en la actividad laboral de la gente en Paraguay. “Hay mucha informalidad de hecho y eso impacta mucho en los ingresos y en la estabilidad de los ingresos que tiene la gente”, reconoció.

Teniendo en cuenta los datos mencionados, una de las principales tareas del nuevo gobierno será poner al país en orden haciendo una trasformación para sacarlo de la informalidad extrema y de la precariedad consecuente en que está.

Algunos sostienen la necesidad de que se repiensen los esquemas del modelo actual, realizando los ajustes necesarios entre el Gobierno y el sector privado mediante políticas que creen mejores condiciones para avanzar. La generación de empleo es un asunto de altísima prioridad que no se puede soslayar. Pero como no se la puede lograr solo con leyes ni decretos, implica un esfuerzo extraordinario a la hora de tomar decisiones que favorezcan el aumento de nuevas inversiones. Es una tarea que se debe llevar a cabo con el sector privado, activando las condiciones que impulsen la creación de fuentes de trabajo mediante la consolidación de los emprendimientos.