La bicicleteada que se hizo en los últimos años con la deuda a las constructoras, una de las princi­pales referentes de nuestra econo­mía, deja un saldo lamentable que ineludi­blemente se debe honrar con celeridad si queremos realmente fortalecer la industria y multiplicar la cantidad de empleos.

El presidente electo insistió en campaña y reasumió el compromiso de activar una gran alianza con la industria de la construcción para la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, es sabido que el sector viene sufriendo golpes propios de las coyunturas económicas y hay un grupo que carga con deu­das que este gobierno no pudo aliviar.

Entablar compromisos significa lealtad y atender las responsabilidades pendientes y una de ellas es la deuda con el sector.

Los compromisos impagos con el segmento de las obras públicas rondan los USD 350 millones. Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), subrayaron que la situación de la deuda se complica debido a que, además del capital, las empresas tendrán que cobrar los intereses por los atrasos en los pagos, los que acumularían cerca de USD 100 millones.

Alertaron además de un aspecto trascenden­tal con relación a la importancia de pagar los intereses. El incumplimiento del Gobierno puede generar una demostración de que nues­tro país no cuenta con seguridad jurídica, lo que podría repercutir en una mala señal y afectaría las próximas inversiones.

Es decir, además del perjuicio de no honrar los compromisos generando intereses que luego asfixian las finanzas del Estado, estos incum­plimientos nos pueden ubicar en el rango de un perfil riesgoso para las inversiones de capi­tales que lógicamente buscan rentabilidad.

Ya caímos en el pozo, ahora queda hallar la salida. Un Gobierno que se va difícilmente atienda esta necesidad cuando ya se arrastró esta situación por más de tres años.

La expectativa de los 500 mil empleos a crearse como prioridad del Gobierno entrante tiene como principal potencial aliado a la industria de la construcción. Esto implica cumplir com­promisos, fomentar políticas que faciliten el desarrollo de los trabajos y principalmente acabar con la corrupción que frena iniciativas con exigencias que solo benefician el bolsillo de funcionarios desleales al Estado.

Los especialistas hablan de una industria de la construcción con un crecimiento del 12 % anual durante la última década, esto se desaceleró disminuyendo a la mitad el por­centaje de crecimiento. En este contexto, el apoyo financiero es clave para la obten­ción de créditos, posibilidades que no pue­den seguir postergando por la informalidad que se hereda.

En la feria de la construcción inaugurada hace unos días, los economistas señalaron que la construcción es el eje más dinámico de nues­tra economía y hablaron de que mueve unos USD 3.000 anuales y una capacidad de crea­ción de empleo que beneficia directamente a unas 300 mil personas.

Este mercado laboral vigente en el sector de las construcciones lastimosamente tiene un muro que continúa excluyendo de posibilida­des a los desempleados. En este contexto, la capacitación es otra deuda tanto con los con­tratistas que buscan mano de obra calificada y con la población que necesita incorporarse al campo laboral. Un Estado más entendido que detecte la demanda y que sea capaz de promo­ver especializaciones, tecnicaturas con salida laboral rápida será más que urgente en la gran expectativa que tiene el país y el mundo en la gestión entrante.

Urgimos trabajo, necesitamos saldar deudas y requerimos el compromiso de que se crea­rán proyectos de construcciones que sean sostenibles, pertinentes, de calidad. La única forma de que estos sean posibles es con un gobierno serio, cumplidor y exigente con las inversiones en sus obras públicas, de lo con­trario seguiremos lamentando el estanca­miento en infraestructura, condición básica para optimizar nuestra economía.

Ya suficiente boicoteó la corrupción y la falta de patriotismo en la administración pública. Queda extirpar lo que daña, hacer bien las cosas, respetar las normativas que rigen para los proyectos públicos, velar porque estos emerjan con calidad y garantías para los beneficiarios como para los que entraron en el negocio con el Estado, de otra manera segui­remos la bicicleteada, estirando préstamos de aquí, allá, que luego nos superan, no llega­mos a la meta y heredamos dolorosos clavos a la ciudadanía.