Las compras consultivas y la serie de licitaciones iniciadas por diferentes instituciones estatales que en estos últimos 4 años no han tenido esta dinámica vista desde hace un par de meses en el portal de Contrataciones, además de ser un problema para el siguiente gobierno, implican un desconsiderado gasto que no se equilibró en los momentos oportunos, gene­ran dudas y también pueden llegar a sobrepa­sar los mecanismos de control, lo que es muy riesgoso para el patrimonio público. De la nada y en momentos en que el Gobierno está a la espera de ceder la administración estatal, emergen como hongos llamados para millo­narias compras en varias instituciones. Esta­mos viendo procesos licitatorios apurados en rubros sensibles no vistos en estos tiempos.

Solo la suma de llamados en cinco entidades públicas orilla los USD 200 millones. Si bien son instituciones claves en el servicio básico, la premura de los procesos deja serias dudas sobre las responsabilidades que se puedan heredar con la firma de millonarios contra­tos que los sucesores deberán atender.

El equipo del Gobierno electo pidió clemen­cia en los compromisos y gastos que se están gestando desde la administración saliente, pero la respuesta es un no que desconoce la coyuntura política en la que todo el país está en expectativa. Lógicamente que existen rubros que no pueden esperar mucho tiempo porque equivalen a productos, elementos esenciales en el funcionamiento de servi­cios básicos, pero en este contexto, penosa­mente, se aprovecha para acelerar compras que bien pudieran realizarse con mayor detenimiento que hasta pueden ser mucho más competitivas.

En un recorrido rápido por el portal de Con­trataciones vemos que hay llamados para construcción de puestos sanitarios que es innegable, es una necesidad, pero llama la atención que con las postergaciones que viene sufriendo el sistema de salud, ahora a toda velocidad emerge el interés en estas obras y a gran escala. Es sabido lo que implica las contrataciones de obras públicas, de hecho, tenemos experiencias durante la pan­demia cuyos perjuicios siguen arrastrándose ya que el dinero del Estado no ha sido recupe­rado en su totalidad por las construcciones de escuelas inconclusas o abandonadas.

Aparecen llamados que van desde manteni­miento de vehículos, fotocopias en gran volu­men, papelería, pasajes aéreos, textiles, mue­bles, refacciones y construcciones de sedes complementarias en varias instituciones que también genera el cuestionamiento de donde estaban guardadas todas estas necesida­des, que ahora son tan esenciales de cubrir mediante millonarios compromisos presu­puestarios. Hasta la compra de utensilios de porcelana se agregan en la lista de llamados a licitación.

Una administración seria acude a la mesura en los gastos y aplica la transparencia para poner a disposición de los sucesores la radio­grafía financiera que refleje las ejecuciones y los gastos comprometidos en proceso de ejecución. Esta es una virtud clave en este momento y las autoridades, altos funciona­rios como las cabezas del Gobierno, deben entender que el interés del Estado debe pri­mar por encima de las diferencias políticas que hubiere.

Los compromisos impostergables que cubren salud, educación y otros no están en la discusión, el pedido de auxilio se traduce en frenar los gastos que pueden ser poster­gados y que no afectan sustancialmente al funcionamiento del Estado. Hay una preocu­pación sobre los alcances de estos llamados y los compromisos que se pueden heredar al siguiente gobierno y esto es válido. A esto se suman otras contrataciones, concursos ace­lerados para incorporaciones de nuevos fun­cionarios, ascensos de los que ya están, que pueden afectar enormemente las arcas del Estado y generar problemas a futuro por las reestructuraciones que se requieran realizar.

Estamos viendo rifadas de cargos que prevén fondos astronómicos y con muchas dudas sobre la pertinencia de estas contrataciones, como el escandaloso concurso, amañado en Itaipú. Este festín y premio de cargos están siendo replicados también en otras institu­ciones, capaz con menor escala o todavía no nos hemos enterado.

Una intervención de los órganos de control sería muy auspiciosa para el resguardo del patrimonio estatal en todas sus dimensio­nes, llámese compras públicas, remates, concursos de cargos, ascensos, etc. Quedan tres meses intensos de transición guberna­mental, es obligación mantener la cordura, el cuidado del dinero de los contribuyen­tes y un protagonismo de quienes deben hacer los controles pertinentes de los gastos públicos.