A dos semanas de los comicios generales del 30 de abril, el dic­tamen de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), luego del juzgamiento de las actas electorales, señala el amplio triunfo del Partido Colorado, quedando en segundo lugar la Concertación y en el tercero el Partido Cruzada Nacional.

De acuerdo con los detalles que se tienen luego de los juzgamientos, las eleccio­nes han sido tranquilas, con resultados cabales, mediante la vigencia y el cumpli­miento de todas las normas relacionadas con los comicios, sin sombra de vicios ni errores de relevancia. Solo se han encon­trado 23 impugnaciones para la enorme cantidad de 12 mil mesas de votación en todo el país. Esto habla claramente de la normalidad de los comicios y de que sus resultados finales son indiscutiblemente válidos. Esta es la conclusión del exa­men del cómputo y juzgamiento defini­tivo de las actas de las elecciones gene­rales realizada por el TSJE, que ha dado triunfadores a los candidatos de la Aso­ciación Nacional Republicana (ANR) para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, por una gran diferencia de votos sobre sus inmediatos perseguido­res. Mediante las excelentes cifras con­seguidas por los colorados, esta agrupa­ción política tendrá 23 senadores de los 45 miembros de la Cámara Alta, 48 diputa­dos de los 80 curules de la Cámara Baja y 15 gobernadores de las 17 gobernaciones del país.

El trabajo realizado en la Justicia Electo­ral consistió en el cómputo provisorio y el juzgamiento definitivo de las actas, tareas que se llevaron a cabo con gran nivel de transparencia. En razón de que no se ha encontrado ningún tipo de inconsistencia en los números verificados, se puede apre­ciar la gran confiabilidad que tiene el sis­tema de Transmisión de Resultados Elec­torales Preliminares (TREP).

El acto de proclamación oficial del resul­tado de las elecciones se hará el próximo 6 de junio para dar cumplimiento a las nor­mas que rigen en la materia.

Con el dictamen final de las autoridades competentes, no hay lugar para la duda y queda claro que cualquier discusión en la materia no tiene sentido. La acusación de fraude que han hecho algunas entidades políticas no tiene ninguna sustentación en la realidad, ya que se han encontrado solo 23 casos que dieron lugar a las impug­naciones correspondientes.

El cuestionamiento a los resultados fina­les que hacen algunas agrupaciones de perdedores no es más que una desespe­rada salida de los que fracasaron. Son entidades políticas que en su irremediable derrota por no haber podido convencer al electorado recurren a la conducta vio­lenta en las manifestaciones callejeras y están atentando contra la democracia del Paraguay, poniendo en peligro la seguri­dad física y hasta la vida de muchas per­sonas. La típica conducta de los infracto­res de la ley que, ante cualquier situación que no les conviene, prefieren recurrir a la violencia.

Hay que remarcar que los resultados de los comicios que se han verificado en la Justicia Electoral son definitivos y no pueden ser modificados, porque corres­ponden a los números de votos que ha con­seguido cada una de las agrupaciones polí­ticas que compitieron. Ante el dictamen de la máxima autoridad reconocida por las leyes paraguayas para dirimir el des­enlace de la justa electoral, no existe otra actitud legal posible que aceptarlo. Todo lo que implique su no aceptación riñe con la correcta conducta jurídica, constituye una transgresión y puede representar el quebrantamiento de la legalidad.

Los ganadores de las elecciones a presi­dente y vicepresidente del Paraguay para el período 2023-2028 son Santiago Peña y Pedro Alliana, respectivamente, según los cómputos verificados por la Justicia Electoral. Es un hecho real y jurídico que hay que aceptar porque es la única certeza existente. Querer desconocerla es una conducta que riñe contra el sistema legal vigente.

Por eso es inaceptable que haya grupos manipulados por gente políticamente deshonesta que están queriendo cuestio­nar y hasta invalidar el resultado de los últimos comicios a través de actitudes vio­lentas inadmisibles. En el Paraguay rigen y van a seguir rigiendo la Constitución Nacional y las leyes, y no hay otra actitud posible que respetar y hacer observar la legalidad del sistema democrático. No se admite ninguna discusión en la materia, mal que les pese a los desubicados.