La serie de eventos de violencia pro­tagonizada por políticos que no se han resignado al castigo que recibie­ron en las urnas el pasado 30 de abril ha generado un ambiente de mayor inseguri­dad, temor, inestabilidad y una violencia que tiene en susto continuo a toda la sociedad, que se maneja en constante alerta por temor a ser sorprendida con los ataques derivados de las manifestaciones o patoteadas de los que se hacen llamar autoconvocados. Urge que las instituciones responsables de la seguridad pongan punto final y den garantías a la mayo­ría de la ciudadanía que necesita de esa tran­quilidad para seguir trabajando.

Voces provenientes de todos los sectores, llá­mese productivo, industrial, de servicios, sani­tario, educacional, vienen lamentando a través de varios medios la desafortunada coyuntura desatada por inadaptados que no toleran la libertad ni la democracia y pretenden imponer sus intereses políticos por encima de la Consti­tución Nacional y las leyes.

La amenaza a la democracia iniciada con los actos de violencia por uno de los defenestrados candidatos a la Presidencia de la República, al que el oportunismo del otro derrotado por ter­cera vez, Efraín Alegre, se coló enseguida para opacar de alguna manera su seguidilla de fra­casos, lejos de generar simpatía o acompaña­miento, dieron lugar al enfrentamiento entre compatriotas y el rechazo de una mayoría que ya se pronunció en las urnas y que necesita seguir produciendo. La quema de cubiertas, fuegos prendidos en la vía pública, petardos, videos de amedrentamiento, ataques a comer­cios, hechos despreciados por la ciudadanía decente, que en el Paraguay son muchos más que un puñado de arreados.

Están perjudicando a la República, a la clase trabajadora, a los enfermos, a los estudiantes, con actos que los inadaptados llaman revolu­cionarios, pero que son intentos de golpe de Estado totalmente desfasados para el interés de la sociedad.

Producto del vandalismo han impedido el paso de ambulancias que trasladaban a fami­lias que buscaban socorrer a sus pacientes en situación de emergencia de salud, varias insti­tuciones han suspendido sus clases, agencias de viajes que operan de manera desprolija por­que no saben con qué evento pueden encon­trarse en las carreteras de nuestro país, pero por sobre todas las cosas están acogotando a la clase trabajadora con la toma de la vía pública en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El tráfico estan­cado en las demás arterias de la capital como de la salida y entrada a la misma implican un elevadísimo costo al bolsillo de quienes deben moverse diariamente para batallar.

Desde el sector industrial ya han pedido mise­ricordia y medidas de sensatez ante la can­tidad de trabajadores que no pueden llegar a tiempo a sus puestos, con lo que se gene­ran retrasos en la producción como descuen­tos salariales en gran cantidad. Los órganos de seguridad necesariamente deben encon­trar una salida a este perverso incidente que somete a la mayoría inocente.

Las representaciones judiciales como de inte­ligencia dentro del Estado deben también evi­denciar el oscuro interés detrás con millona­rios financiamientos e identificar a las fuentes que liberan el dinero para estos desmanes des­atados. No podemos tolerar que se siga exten­diendo esta anarquía, la República debe seguir funcionando.

En días más el TSJE deberá cumplir con su rol constitucional de proclamación del nuevo presiente de la República, del vicepresidente y demás autoridades nacionales. Este anun­cio deberá acatarse como lo disponen las leyes y no debiera dejarse opciones para los desbor­des a los que quieren habituarnos un grupo de políticos que con sus mecanismos populistas y circenses no han podido captar los votos de la mayoría de los compatriotas.

La transición que nos toca unos meses más debe abocarse a limar asperezas e ir corri­giendo, ordenando administraciones para ocu­parse sin contratiempos de los problemas que afligen a la ciudadanía. Para ello se requiere de cordura, entendimiento y voluntad política, que no se pueden seguir postergando.

Los ciudadanos sabemos que las leyes están para cumplirse, no para discutirlas, y los que no entienden o se sienten agraviados en sus derechos también tienen los mecanismos para reivindicarlos y, en este orden, el caos ni la vio­lencia son el camino.

Es indiscutible la necesidad de que el Paraguay debe tener tranquilidad para seguir produ­ciendo. Este en un objetivo improrrogable, los que así no lo comprendan estarán atentando contra el bienestar de una mayoría y debe­rán asumir las consecuencias de boicotear el Estado de derecho.