En cinco días más, el 64% de la población paraguaya deberá concurrir a las urnas, de acuerdo con los datos del Registro Cívico Permanente (RCP). Son 4.782.940 personas habilitadas para ejercer el derecho al voto que tendrán la responsabilidad de consagrar a las nue­vas autoridades del Paraguay. Tendrían que seleccionar a los que consideren los más capaces y descartar a los que no merezcan su confianza.

El país ha entrado en la semana deci­siva de las elecciones generales en que se elegirán nuevo presidente y vicepre­sidente de la República, 45 senadores y 80 diputados nacionales, y en el interior, además, se hará la elección de los gober­nadores y miembros de las juntas depar­tamentales. Como ocurre siempre ante estos acontecimientos, existe una gran expectativa en todo el país sobre quié­nes serán las próximas autoridades del Paraguay. Hecho que se ve aumentado por el interés generado por la campaña política de los diversos sectores que bus­can atraer los votos de los ciudadanos. A lo que hay que añadir la fuerte participa­ción que se observa en los más diferentes sistemas de comunicación, en especial a través de los medios tecnológicos que permite internet.

En la cantidad de personas habilita­das para votar hay una leve mayoría de varones, con 50,60% del total frente al 49,40% de mujeres, lo que significan 56 mil hombres más. Teniendo en cuenta el grupo etario, el más numeroso es el con­formado por los individuos de entre 30 y 64 años de edad, que constituyen el 57% del total. Le sigue en segundo lugar el integrado por los ciudadanos de entre 18 y 29 años, con el 31%, muchos de los cua­les votarán por primera vez. El sector de los que cuentan con 65 años y más repre­senta el 12% del total.

Los jóvenes que participarán por pri­mera vez en las elecciones como votan­tes son 187.464, según los registros de la autoridad electoral por contar con la edad requerida hasta el día 30 de abril. En esta semana decisiva, llena de men­sajes contradictorios, en que la mentira y el engaño de los inescrupulosos son parte importante de la propaganda de ciertos políticos, los ciudadanos necesi­tan tener ideas claras, información veraz y motivaciones sensatas.

Por ello es muy oportuno el mensaje de los obispos del Paraguay que con motivo de las elecciones generales han lanzado al país. Son los pastores de la mayoría ciudadana que está compuesta por los cristianos católicos. La Iglesia ha estado presente en toda nuestra historia con su enseñanza junto a la nación paraguaya en los más diversos momentos, como ocurre ahora.

El mensaje episcopal dado a conocer rechaza las prácticas ilegales y delicti­vas que suelen darse en las elecciones y pide que no se compren los votos. “Un gobierno limpio inicia con elecciones limpias. La legitimidad de origen es la base para construir consensos y posibi­lita la gobernabilidad”, afirma el docu­mento de los obispos. Insta al ciuda­dano a ir a votar sin vender ni comprar su voto para elegir a los mejores. Por lo que sugiere que elija a las personas que conozca por su trayectoria y rectitud de vida personal, familiar, profesional y política y que hayan “mostrado compro­miso con el bien de la comunidad”.

“Que tu voto exprese realmente los valo­res y las virtudes que necesitamos como sociedad para lograr el desarrollo del país al servicio de la promoción humana integral”, señala la carta. También soli­cita no asociarse con ninguna forma de fraude electoral, ya que hay que poner fin a la corrupción. “Una democracia corrupta se alimenta de la trampa, la maquinación, la manipulación, la falsifi­cación y la codicia del poder sin escrúpu­los”, asevera.

El Paraguay se encuentra en un momento muy especial para elegir al séptimo gobierno democrático de su his­toria reciente. Enfrenta el gran desa­fío de seleccionar a las personas más aptas para conducir el país, que en su vida pública y privada han demostrado honestidad, capacidad de trabajo y con­ducta irreprochable. Por consiguiente, tiene que descartar a los que, en la fun­ción pública o privada, han demostrado manejos poco honestos, que incluso están siendo investigados por el Minis­terio Público, como ocurre actualmente con el candidato de la Concertación.