Uno de los elementos distin­tivos más importantes para evaluar la vocación democrá­tica de un país, un gobierno o un movimiento político es su respeto por la libertad de prensa y expresión. En las naciones signadas por los gobiernos autocráticos no hay libertad de prensa, con frecuencia se clausuran medios crí­ticos y se apresan a los trabajadores de la comunicación por su afán de informar. Los dictadores solo quieren escuchar loas, alabanzas y otras músicas agrada­bles a sus oídos, porque oír el llanto y las quejas de los que sufren les hace daño a su idiotez.

Por eso no se puede aceptar en ningún pro­yecto político la idea de coartar la liber­tad de prensa y el derecho del ciudadano de expresarse libremente, garantías que están expresamente consagradas por la Constitución Nacional y por las normas de los organismos internacionales a los que pertenece el Paraguay.

El hecho de que la responsable de prensa de la Concertación haya denegado a los periodistas del grupo Nación la acredita­ción para la cobertura periodística del día de las elecciones en dependencias de esa agrupación parece increíble. Nos traen al recuerdo la persecución política, el cierre de medios y el apresamiento de periodistas durante el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. Muestra de cuerpo entero la calidad democrática de los principales responsables de esa agrupación política que resulta repugnante. Y, obviamente, es inaceptable por su gravedad política. Aun­que a los medios afines a ese grupo parecen no preocuparles.

Viene a cuento en esta oportunidad recor­dar la persecución de la dictadura a la libertad de prensa a través de clausuras de periódicos y apresamiento de responsa­bles y trabajadores de medios periodísti­cos en sus 35 años de autocracia.

No hay que olvidar la clausura por tiempo indefinido de Abc Color, en marzo de 1984. La detención de su director Aldo Zucco­lillo, en dos oportunidades; la prisión que sufrieron varios de sus periodistas, como Roberto Thompson, Alcibiades Gonzá­lez Delvalle, en tres ocasiones. Además de Héctor Rodríguez Boccia, prisionero en el Cuartel de Policía; José Luis de Tone y Edwin Brítez, entre otros.

Hay que recordar la clausura temporal de los diarios Última Hora y La Tribuna, en 1979; el arresto de Isaac Kostianovsky, que fue directivo del vespertino, además de la prisión de Fernando Cazenave y Félix Humberto Paiva, ambos de Última Hora.

A la lista de hombres de prensa arrestados hay que sumar a Óscar Acosta, apresado en dos ocasiones, José Luis Simón, secretario de redacción del semanario El Pueblo; Ilde Silvero, director de la publicación religiosa Sendero y varios corresponsales de medios en el interior del país.

Entre las publicaciones clausuradas por la dictadura hay que mencionar al semanario católico Comunidad; El Pueblo, órgano del Partido Febrerista; El Radical, del PLRA; El Enano, liberal; El Heraldo, independiente.

En materia de emisoras radiales, el caso emblemático es el de Radio Ñandutí, que fue cerrado en varias ocasiones y cuyo director, Humberto Rubin, fue apresado y perseguido por la policía de la dictadura, además de Radio Cáritas y otras emisoras hostigadas permanentemente.

La postura asumida contra ciertos medios de comunicación por directivos de la Con­certación no le hace ningún favor a su can­didato, que ya está cuestionado y denun­ciado en la justicia por sus manejos cuando fue ministro del Ejecutivo. No se arregla con un comunicado que habla de genera­lidades. Cuenta más la actitud asumida de perseguir a ciertos medios, por sus críticas al proyecto, incluso con la propuesta de clausurar este diario, como expresó uno de sus candidatos.

Mal que les pese a los de la Concertación, la prensa continuará libre. Porque está vigente el artículo 26 de la Constitución Nacional, que, entre otras cosas, dice: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensa­miento y la opinión, sin censura alguna…”. Y que agrega algo que se refiere al intento de censura de su oficina de prensa: “…no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja”. Aunque su encargada de comunicación quiera desconocer las dis­posiciones de la máxima ley del país.

La Concertación debe saber que lo peor que se le puede ocurrir es querer obstruir a la prensa. Ya no estamos en dictadura, por si no se haya enterado.