En estos tiempos electorales de mucha violencia política y de continuas adver­tencias de atraco, principalmente desde un sector que con el avasalla­miento quiere llevar agua a su molino relegando atribuciones a los organismos que tienen a su cargo la rectoría de nuestro sistema democrá­tico, la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre la intervención a la que aspiraban algunas ONG es sensata, pertinente y comprometida con las garantías constitucionales de elecciones limpias.

Las intenciones iban hacia otros caminos que no precisamente seguían la línea que tiene una Misión de Observación Electoral Nacional, que es la de constituirse como testigo y levantar datos sobre el desarrollo de las elecciones con miras a generar una radiografía que conduzcan hacia una democracia más sostenible.

Hay que recordar que la Misión de Observación Electoral Nacional había iniciado con la ONG Alma Cívica, creada por la hoy candidata por la Concertación, Soledad Núñez, a quien el TSJE abrió las puertas para inmiscuirse en calidad de observadora en las elecciones municipales del 2021. Sin embargo, esta iniciativa, que ante el público mociona la transparencia, la gobernanza y la democracia, ya formaba parte de una carrera política que en la actualidad tiene en intensa campaña proselitista por la Vicepresidencia a la conocida oenegeísta y ex ministra de la Vivienda durante el gobierno anterior.

La prensa como la ciudadanía en general valo­raban esta iniciativa observadora desde la ONG de Núñez, hasta en el proceso electoral se dis­currieron algunos velos y se pudieron ver el verdadero rostro político camuflado debajo de un organismo no gubernamental. Investigacio­nes de nuestro medio han revelado el esquema, las vinculaciones y los intereses proselitistas detrás de la ONG de quienes hoy se movilizan detrás de cargos púbicos mediante la Concerta­ción Nacional.

En Alma Cívica se integraron los mismos aliados de siempre que vienen saltando de ONG en ONG. Para colmo, sin guardar las formas, esta entidad se encuentra actualmente manejada por leales, subordinados al matrimonio Soledad Núñez-Bruno Defelippe.

Dos oenegés se presentaron ante el TSJE en la misión de Observación Electoral Nacional para las próximas elecciones del 30 de abril y cabe remarcar un dato menor de que ambas son muy afines.

Las dos, Alma Cívica y Decidamos, rebotaron por­que en el caso de la primera está minada de leales, socios de la pareja Núñez-Defelippe; es más, hasta el propio marido de la candidata a vicepresidenta sigue en la organización, mientras que la segunda quiso atribuirse actividades que son de orden constitucional y de exclusiva autoridad del TSJE.

Los ministros del Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE) encargados del análisis del dictamen de la comisión rechazaron la partici­pación de las oenegés Decidamos y Alma Cívica en carácter de observadores electorales del próximo 30 de abril.

De manera abusiva, una de las ONG planteó el plan de desarrollar un conteo rápido a través de muestra. Esta intención es una manera aberrante de generar el quiebre institucional a la que el TSJE respondió con firmeza, ya que estas ONG no tienen la facultad de hacer conteos rápidos, son­deos de opinión, ni boca de urna.

En el caso de Alma Cívica, el rechazo del TSJE obe­dece a que su consejo directivo está integrado por un candidato a senador, en este caso, Bruno Defe­lippe. “Eso hace que se ponga en riesgo la objetivi­dad e imparcialidad que debe tener una misión de observación”, expresó en entrevista el director de Financiamiento Político.

La decisión del TSJE es saludable y digna de una institución que cumple con su rol de administrar el sistema democrático. Los intereses mezquinos de los políticos no pueden desnaturalizar la esen­cia que tienen las oenegés, menos la de las institu­ciones del Estado.

Los primeros que deben acatar las normas y res­petar la institucionalidad deben ser estos orga­nismos que quieren ocupar espacios para medir la transparencia y la salubridad de nuestras eleccio­nes. Esta premisa ahuyentó a varias oenegés que tenían interés en participar de la Observación, porque el TSJE comenzó a pedir papeles con­cernientes a la nómina de voluntarios que iban a colaborar en el monitoreo, a los estatutos, actas de asamblea, etc.; mientras que quedaron otras que aspiraron a forzar la injerencia, pero recibie­ron un contundente no por parte de los tomado­res de decisiones.

Ahora queda seguir blindando ataques, intencio­nes de fraude, interferencias oscuras del proceso electoral para vivir una verdadera fiesta cívica el próximo 30 de abril, día en que la victoria será de los candidatos más votados y no de aquellos que con el apriete y amenazas a instituciones quieren apropiarse de cargos.