Luego de los denigrantes abu­sos de los transportistas con­tra los usuarios del transporte público del área metropoli­tana de Asunción, que les pagan el valor del boleto y el subsidio que les da el Estado, el Gobierno decidió cambiar al viceministro de Transporte. Dejó que los atropellos de las empresas permi­sionarias de buses de la capital y zonas aledañas reventaran la paciencia de los usuarios que sufren cotidianamente el pésimo servicio. Cuando el escándalo demostró la inutilidad de los emplea­dos del Gobierno que manejan el tema, se decidió a realizar los cambios en la mencionada dependencia del Ministe­rio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC). El trabajo para el mejor funcionamiento del mencionado vice­ministerio tendrá que ser a fondo para barrer con todas las irregularidades y ponerlo al servicio de los usuarios del transporte de buses del área poblacio­nal más numerosa del país. El nuevo viceministro tiene el enorme desafío de que se respete al cliente con un buen servicio, como corresponde.

A las escandalosas “reguladas” que se están dando en los últimos meses hay que sumarle el mal servicio habitual al que muchos ya están acostumbrados, a su pesar. Pero no solo eso, el propio viceministro anterior de hecho toleró las tropelías y hasta fue cómplice con su sospechosa pasividad y algunas dispo­siciones que había adoptado. No actuar contra los abusos, pudiendo y debiendo hacerlo, es un acto de complicidad que no se puede admitir. Las más altas autoridades del Gobierno actuaron también como cómplices al no tomar a tiempo las medidas que finalmente están adoptando con el alejamiento del funcionario.

Algunos hechos delictuosos que suce­den habitualmente y recién ahora se conocen públicamente muestran a las claras la inutilidad del Gobierno y sus dependencias. No puede ser que se ten­gan datos de los atropellos e irregu­laridades que se cometen en el trans­porte público y no se actúe con rapidez y eficacia para frenarlos a fin de que se preste un servicio aceptable a los pasa­jeros.

Solo en los últimos tres meses, las empresas de transporte del área metro­politana que están subvencionadas hicieron correr como reales 26.000 boletos de pasaje de usuarios inexis­tentes para recibir el pago del subsi­dio estatal. Un fraude que, según las denuncias, es habitual y que solo ahora se dio a conocer. Este delito está casti­gado por las leyes penales del país hasta con 5 años de cárcel.

Si esta cantidad de validaciones de pasajeros inexistentes se proyecta para los 12 meses del año, equivale a 104.004 boletos subvencionados falsos que cobran anualmente las empresas que hacen trampa para engañar al gobierno. Lo que demuestra un fraude doble de valor descomunal en contra del ciuda­dano común, ya que aparte de hacerle sufrir largas horas de espera, están robando miles de millones de guaraníes de los aportes estatales que los pagan los contribuyentes de toda la nación.

Para tener una idea de la cantidad de dinero que el Estado aporta como sub­sidio al transporte público del área metropolitana de Asunción, hay que consignar que en el ejercicio del 2022 se entregaron subvenciones por 238 mil millones de guaraníes (unos 34 millones de dólares). Y, con base en las denuncias, se puede afirmar que gran parte de esa suma se fue sin que cubrie­ran los viajes de pasajeros reales.

El gobierno de Mario Abdo tiene la obligación de hacer que el transporte público sea un servicio útil y digno para los ciudadanos. Y debe actuar. No puede ser que solo después de que un ciudadano común haya interpuesto un recurso judicial se sepa ahora que las normas del MOPC no están garan­tizando una frecuencia mínima de los colectivos y que de hecho están per­mitiendo las abusivas “reguladas” del transporte de pasajeros en la zona metropolitana. Y, lo que es peor, que el viceministerio respectivo no haya actuado para evitar el castigo que se les impone a los miles de personas que tie­nen que usar los buses para su despla­zamiento.

Con su actuación, sus medidas inade­cuadas y su pasividad ante las irregu­laridades, el Gobierno es responsable en gran medida de la mala situación del transporte público. Y es uno de los cul­pables del castigo que se les impone a los usuarios que son víctimas de esta irritante situación.