Las personas que ocupan cargos públicos deben tener una con­ducta intachable, sin reparos, por sus manejos en la conduc­ción de las entidades a su cargo y que no tengan cuestionamientos ciertos por la mala utilización del dinero del Estado. En otras palabras, deben ser honestas sin discusión alguna, incluso sobre­salientes y ejemplos para todos por la buena utilización de los recursos de la nación. No puede ser de otro modo, ya que puede estar en sus manos la conduc­ción del país y los intereses de millones de paraguayos que requieren personas honestas al frente del Paraguay. Y, por lo tanto, los sospechosos de mal manejo del dinero público, como los ladrones y personas que trabajan en connivencia con los delincuentes, deben ser rechaza­dos sin consideración alguna.

Esto viene a cuento de lo que se está conociendo recién ahora sobre las des­prolijidades que se atribuyen al candi­dato a presidente por la Concertación, Efraín Alegre, cuando fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la gestión presidencial de Fernando Lugo. Alegre ocupó la men­cionada cartera desde el 15 de agosto del 2008 hasta el 5 de junio del 2011 cuando fue apartado del cargo. Estuvo al frente del ministerio con mayor presupuesto del país durante 33 meses y 21 días.

Una auditoría de la gestión de Alegre en el MOPC indica que hubo manejos admi­nistrativos y financieros que ocasionaron perjuicios al fisco al menos por valor de 37 millones de dólares. Un informe sobre el caso revela que el entonces presidente lo sacó del ministerio debido a los dudo­sos manejos que tenía, tales como casos de planilleros que cobraban salarios sin trabajar, fuertes sumas de dinero que se destinaron a obras que no se realizaron, robo de combustibles no denunciados, pérdidas de maquinarias, licitaciones amañadas para construcción de obras, entre otras cosas. La revisión corres­ponde al ejercicio del 2010 y el tiempo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio del 2011. La auditoría no se ha cono­cido anteriormente y no ha sido remitida a la Procuraduría General de la República para su análisis correspondiente.

Los investigadores del tema señalaron que, a pesar de haberse detectado las irregularidades que exigen la interven­ción de los organismos fiscalizadores para averiguar a los responsables de estos hechos, el informe no se ha remitido a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presi­dencia y la Procuraduría General de la República, como habían recomendado los auditores. La fiscalización que se realizó a la gestión de Alegre fue de carácter con­fidencial y en lugar de que los resultados fueran remitidos a los organismos men­cionados, fue guardado por el Poder Eje­cutivo, según la investigación.

Las recomendaciones de los fiscalizado­res tenían dos partes: una dirigida al titu­lar del MOPC para que hiciera las correc­ciones, y la segunda era para el presidente de la República, pidiendo la investigación del caso para informar a la Asesoría Jurí­dica y a la Procuraduría.

Las informaciones que se han divulgado últimamente y que, hasta ahora, no han tenido una explicación ni respuesta de la parte acusada, son muy graves. Nadie puede ser señalado como delincuente hasta que la Justicia lo declare como tal en un juicio. Pero es evidente que no se puede dejar el manejo de la República del Paraguay a cargo de personas acusadas por los hechos mencionados, porque hay evidencias halladas en las auditorías ofi­ciales que las comprometen.

Las denuncias contra el candidato a pre­sidente de la Concertación no son chis­mes, trascendidos sin confirmación ni informaciones infundadas. Son conclu­siones de los organismos públicos com­petentes que han encontrado esos malos manejos financieros y administrativos en una auditoría oficial.

La conclusión es muy simple: si se acusa a Efraín Alegre de haber cometido hechos que van contra le ley y el buen manejo de la cosa pública, no es elegible para que conduzca a la nación paraguaya. Ninguna entidad privada contrataría como admi­nistrador de su empresa a un individuo sobre quien pesan acusaciones de desho­nestidad. Lo dejaría de lado porque no es el indicado para esa tarea.

La ciudadanía paraguaya, que merece un gobierno que lleve al país hacia mejores caminos, necesita conocer a los candidatos para saber a quién elegir y a quién apartar.