La práctica del contrabando en general, que a simple vista pulula en los diferentes rincones de nues­tro país, ridiculiza a varias insti­tuciones de control, pero si consideramos el ingreso y venta ilegal del combustible, esta situación es mucho peor. Los empresarios del rubro vienen calificando de insoportable los efectos del delito que cobra impunidad en las calles, avenidas y rutas del Paraguay.

Solemos ver a través de la prensa aparatosas movidas detrás de incautaciones; sin embargo, la raíz del mal permanece en nuestras admi­nistraciones del Estado. Funcionarios mio­pes, un mercado que con la excusa de la crisis hace la vista gorda al flagelo y, por otro lado, los aprovechadores del negocio ilegal que gozan de facilidades para privar al fisco de sus recau­daciones generando un daño tremendo a nues­tra economía en general.

Existen puntos sensibles, muy vulnerables históricamente y seguimos así, sin mayores soluciones. Las quejas de los empresarios for­males son constantes al igual que el contra­bando del rubro de combustibles que abarca el negocio irregular con total impunidad.

Hace aproximadamente una semana, desde el gremio de combustibles volvieron a alertar de la calamitosa situación a causa del contra­bando y pidieron auxilio a los responsables de las unidades anticontrabando.

Señalaron que cada día está entrando más combustible de forma irregular. Estiman que alrededor de 100 millones de litros por mes está entrando en negro, lo que significa apro­ximadamente 40 o 50 mil millones de guara­níes mensuales fuera de las arcas del fisco.

Lo más lamentable es que además de la eva­sión de impuestos con el contrabando de com­bustible, los productos que ingresan a nuestro país tienen serios problemas de calidad.

Los gremios formales ya hablan de mezclas que realizan para que el producto tenga la misma apariencia que los combustibles ven­didos en las estaciones de servicio y que han pasado por monitores, análisis por parte de los organismos de control. Esto implica, en estas condiciones, una estafa al consumidor, debido a que los carburantes no reúnen los compo­nentes establecidos.

Los primeros estudios realizados a los produc­tos incautados muestran la presencia de algún tipo de colorante y que generalmente, perjudi­can al consumidor porque dañan los motores y, en algunos casos, son irreversibles.

Se habla de que a los 2 días de ser incautados los combustibles cambian de color, se obser­van unas partículas a flote como si fueran material de pintura o de algún solvente que están modificando las tonalidades, adulte­rando o aumentado los volúmenes.

Los decomisos son constantes lo que indica que el ingreso ilegal es también continuo y mueve millones. Solo una última incautación realizada hace una semana aproximadamente sobre la ruta Transchaco confiscó 2.900 litros de combustible de supuesto contrabando por valor total de G. 280 millones. Importante la medida, pero la gran pregunta es cómo entra­ron al mercado local este y otros productos que se comercializan con total impunidad en la vía pública.

Si bien existen esporádicos castigos en casos milagrosamente detectados, cuando alguien del esquema de funcionarios corruptos queda descontento no vemos noticias de ofi­cio sobre sumarios administrativos, denun­cias contra agentes, personal encargado de los puestos de control, pese al masivo ingreso ilegal que afecta a casi todos los rubros industriales.

Las autoridades deben ser conscientes de la necesidad de exigir resultados a los funciona­rios asignados a frenar el ingreso de productos de contrabando. Ni la debilidad en los recursos humanos como materiales son razones para seguir perjudicando al país con este delito.

Hoy día existe la tecnología, accesible y eficaz para ver lo que los funcionarios distraídos no reportan. No hay cabida para justificaciones obsoletas como la falta de personal o recursos técnicos.

El país necesita trabajar, el fisco requiere recursos en beneficio de la gente, el mal hay que combatir de raíz. Imponer metas, resul­tados que apunten a exterminar el delito y castigar a los avivados que no cumplen con la misión de velar por los intereses del Estado.

No podemos seguir moviendo la estructura estatal detrás del decomiso de algunos litros que se constituyen en vueltos que derrama la práctica ilegal. Los duros momentos de la eco­nomía demanda un Estado competitivo y el comercio formal es clave.

Aquellas autoridades, funcionarios públicos que no entiendan y no se aboquen al benefi­cio colectivo, están demás. La impunidad no puede seguir burlando al Estado y menos a quienes trabajan y generan empleo.