El asesinato de 34 disparos de arma de fuego de un supuesto narco en el estacionamiento de un supermercado de Asunción en pleno horario de compras ha asustado a mucha gente. Primero, a los comercian­tes del ramo que se ven perjudicados en sus negocios por este tipo de hechos de alta peligrosidad. También a gran parte de la ciudadanía que tiene que despertar a la dura realidad que tenemos, la inva­sión de los exponentes del crimen orga­nizado de la frontera que antes parecían lejanos y que hoy ya están entre noso­tros. Ocultos en el conglomerado anó­nimo de personas, pero letales y sin misericordia a la hora de ejecutar sus consignas criminales. Esto sin con­tar el incremento de ladronzuelos que pululan en los barrios marginales, en las calles importantes y en sitios con mucha concurrencia para robar celu­lares, carteras y otras pertenencias menores del común de los ciudadanos.

Por eso es lamentable percatarse de que las autoridades policiales y judiciales no colaboran entre sí para proteger a la ciu­dadanía y que con su actuación desor­denada son los principales aliados de los criminales. Debido a esa irresponsable actitud son tan culpables como los mal­hechores de la desprotección y el peligro que corre la gente.

El propio ministro del Interior, Federico González, ha reconocido esa situación y demostró que estamos a merced de la delincuencia porque la Policía, la Fis­calía y la Justicia no actúan de manera conjunta y coordinada. Con ello están haciendo un favor a los delincuentes, y ponen en un peligroso estado de indefen­sión a la comunidad nacional.

En una entrevista radial, González dijo al periodista que en el caso del ajusti­ciamiento de Ederson Salinas Benítez (“Ryguasu”), el sábado último, la Policía no podía hacer nada, porque no había coordi­nación con el Poder Judicial y la Fiscalía. Eso está demostrado por lo acontecido el sábado y por numerosos casos similares de público conocimiento. En otras palabras, así como están las cosas, los organismos de protección civil no sirven para nada. Que, de hecho, no de derecho, más bien están actuando a favor de la delincuencia, y que están protagonizando un grave boicot a la seguridad pública.

El ministro, reconoció que solo después de lo acontecido últimamente “se puso en campaña para trabajar en coordinación con el Ministerio Público”.

Hay que reconocer que luego de estos lamentables hechos es muy positivo que, por fin, la Fiscalía y la Policía van a traba­jar de manera conjunta para luchar con­tra los criminales. Eso es lo que corres­ponde hacer y lo que el Gobierno debió ordenar que se haga desde siempre.

Desde el punto de vista lógico, es imposi­ble entender que los organismos públi­cos de un mismo gobierno no traba­jen conjuntamente para la misma tarea que tienen. Solo se puede explicar por la extrema ineficacia que tienen y la lamen­table mentalidad burocrática que rige sus actos por encima de los requerimientos de la vida cotidiana.

La actual administración del Estado debe imponerse y actuar con decisión para coordinar la política de seguridad. Tiene que sanear las entidades de per­sonas inútiles y corruptas e implantar un trabajo conjunto entre las institucio­nes policiales, los fiscales y la Justicia. Se debería crear una coordinación común entre estas entidades y planear el tra­bajo de manera combinada para actuar con eficacia. Sabemos que la función de la Policía es diferente a la de la Fiscalía y de la Justicia, pero no son tareas incompa­tibles ni contrapuestas, sino que persi­guen al final el mismo propósito para la ciudadanía. Así como en el tratamiento médico de un paciente, el cardiólogo tiene una misión diferente a la del gastroente­rólogo; sin embargo, ambos trabajan en coordinación buscando no contraponer sus tareas, ya que persiguen el bienestar del enfermo.

No hay que aceptar que los organismos públicos colaboren con la delincuen­cia por su falta de coordinación. No se puede seguir permitiendo que continúen poniendo en peligro la vida y la seguridad de la gente con sus falencias.

El Estado, que tiene una gran responsa­bilidad en todo lo que está ocurriendo, debe actuar para que haya seguri­dad. Sin dilación, pues ya ha esperado mucho dejando hacer libremente a los criminales. Es hora de que ponga orden y tranquilidad.