La Asociación Nacional Republicana (ANR), en especial su Junta de Gobierno, se ha convertido en las últimas semanas en una “causa nacional” –la repetición es inevitable– para las cadenas mediáticas dirigidas con perversa desorientación por la señora Natalia Zuccolillo. Ya no es Itaipú y la inminente renegociación del Anexo C. Ni la energía que vende Argentina a terceros países de la represa Yacyretá que tenemos en condominio. Ni la inseguridad que alcanzó los niveles más críticos de toda nuestra historia, con uno o dos sicariatos al día.
Ni la descomunal deuda que heredaremos, como país y como ciudadanos, del actual gobierno, sin que se conozca con certeza en qué fueron utilizados los millones de dólares recibidos en tal concepto. Ni la corrupción que ha permeado todas las entidades y organizaciones del Estado, con diagnóstico de metástasis. Ni el aumento de la pobreza extrema. No, lo que ahora le “preocupa” con jerarquía de prioridad máxima a este conglomerado periodístico es cómo va a financiar el Partido Colorado su campaña para enfrentar los desafíos electorales del próximo 30 de abril. Se volvieron exégetas y jurisconsultos en grado de inapelables, interpretando el estatuto de esta organización política. La consigna es indubitable: hay que evitar que los colorados “cartistas” (el apelativo es de su hechura) accedan al poder.
A como dé lugar. Mejor si es con desinformación, tergiversaciones e infamias. El plato preferido de estos medios.Desde su infatuada posición de presumida hegemonía –por cierto, ya perdida hace años–, a través de su diario, radio y televisión intentan desesperadamente instalar como verdad absoluta sus puntos de vista. Sus simples opiniones. Sus antojos y deseos. Su indisimulada animadversión hacia determinadas instituciones y personas. Todos los medios del mundo tienen una inclinación política o ideológica. Pero la asumen públicamente. Lo repugnante se da cuando dicha inclinación se pretende disfrazar como un hecho de “interés público”, menospreciando la capacidad intelectiva de la ciudadanía. Así, la libertad de expresión es manoseada desde la manipulación y cercenada desde la omisión.
Desde hace bastante tiempo la verdad está secuestrada por los espurios intereses de la propietaria de estos medios. La actual campaña que insiste en que el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado no puede delegar funciones en su tesorero y protesorero, respectivamente, para contraer obligaciones financieras, a pesar de un dictamen de renombrados profesionales del Derecho, es la prolongación de una vieja estrategia en común con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y algunos de sus más íntimos e influyentes colaboradores, para tratar de empujar al líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, fuera de la arena política. Lo quisieron hacer antes de las internas del pasado 18 de diciembre, de manera a allanar el camino hacia la titularidad del Partido Colorado del que ahora funge como mandatario, quien se candidató a pesar de las expresas prohibiciones constitucionales. Apartado el ex jefe de Estado, pronosticaron que se debilitaría la postulación del joven Santiago Peña, quien, finalmente, fue electo para representar al coloradismo en las generales del 30 de abril. Esta no es sino la prosecución de una tramoya, como ya dijimos, que tenía la aspiración de que la actual administración gubernamental tuviera su continuidad en el poder. Un poder corrompido que tiene la silenciosa complicidad de esta cadena reunida bajo el sello de “Abc”. Nosotros solo estamos reforzando lo que la opinión ciudadana ya percibió con claridad y discernimiento. Nada nuevo.
Lugares de privilegio, que jamás tuvieron las más representativas figuras nacionales de todos los ámbitos, fueron otorgados por dichos medios a políticos de irrebatible intrascendencia y que forman parte del reducido anillo de quienes hasta hoy no pueden digerir la derrota electoral en las internas coloradas (muy pocos, hay que decirlo), pero que expusieron sus afirmaciones y acusaciones sobre el humo de los rumores y la ruindad de los trascendidos. Políticos sin conducta, sin talento y sin capacidad para sobresalir por sí mismos. Consecuentemente, buscan con hambre coincidir con la agenda de estos medios para tener un relumbrón de tan efímera como falsificada fama. La historia les ha reservado el olvidado rincón donde van a parar los hombres sin carácter ni códigos morales.
La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana tiene una Comisión Ejecutiva donde se elaboran, analizan y proponen documentos, comunicados, pronunciamientos y resoluciones que, luego, deben pasar al pleno para su aprobación o rechazo, pudiendo ser modificados por dicho cuerpo colegiado. El movimiento Fuerza Republicana del presidente de Abdo Benítez tiene todo el derecho de solicitar otro dictamen sobre la cuestión en debate explicada en líneas procedentes. Azuzados, obviamente, algunos de sus integrantes por sus aliados mediáticos. En la práctica parlamentaria, las comisiones, cuando es imposible el consenso, acostumbran presentar dos o tres dictámenes sobre un mismo punto. Por tanto, las resoluciones se adoptan por mayoría de los miembros presentes. Aunque lo ideal sería que, sobre un tema tan trascendental, existiera unanimidad de criterio, quedará siempre como última instancia este procedimiento democrático de apelar a los votos. Quizás la pregunta crucial que debieran hacerse algunos colorados es si la autoridad partidaria está sobre la calle 25 de Mayo o sobre Yegros. Mañana lo sabremos.