El peaje en el río Paraná, que cobra la Argentina contra las normas internacionales vigen­tes, está dando mucho que hablar, porque significa pérdidas impor­tantes para los que navegan por ese tramo. Y mucho más. Demuestra la falta de sin­ceridad de las autoridades del vecino país que declaman hermandad en sus discur­sos y luego golpean a sus vecinos con ese garrote económico. Pone de manifiesto la hipocresía de los políticos que dicen una cosa y actúan de otra manera. Y, lastimo­samente, revela la escasa capacidad de las autoridades paraguayas que reaccionaron contra esa medida solo después de que se la aplicara habiendo tenido tres meses de tiempo para impedirla.

Cien días antes de que se comenzara a apli­car el canon en el río Paraná el Ministerio de Transporte argentino emitió la reso­lución respectiva. Eso fue el 21 de setiem­bre del 2022, documento que se publicó en el boletín oficial de ese país el 30 de setiembre, a partir de cuyo momento se difundió la información que impactó muy fuertemente en el sector privado para­guayo afectado por el impuesto. Desde la promulgación de la resolución hasta su aplicación a partir del primero de enero, las autoridades paraguayas no hicieron las gestiones suficientes para impedir el peaje. Y solo en estos momentos están rea­lizando gestiones sin poder eliminar ese castigo al Paraguay.

En los primeros días de la aplicación del impuesto, unas 30 naves estuvieron para­das por más de 10 días en el río Paraguay cerca de la confluencia del río Bermejo, antes de ingresar al Paraná para no pagar la imposición. Según el viceministro para­guayo de Comercio, Pedro Mancuello, el sobrecosto para estas embarcaciones por día era de 25 mil dólares, lo que mul­tiplicado por 30 barcos durante 10 días asciende a 7 millones y medio de dólares. A esto hay que sumarles ahora la mayor carga monetaria que implican los peajes que se están pagando en forma indebida.

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Por eso hay que insistir en la vigencia plena de las normas que impiden el atro­pello argentino a la libre navegación. Tal como el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná que fir­maron los países miembros del Mercosur. El documento de valor jurídico interna­cional dice en uno de sus párrafos: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gra­vamen, tributo o derecho sobre el trans­porte, las embarcaciones o sus cargamen­tos, basados únicamente en el hecho de la navegación”. Y, como no hay acuerdo pre­vio de Paraguay ni de Brasil ni de Uruguay para el pago de esa imposición, la Argen­tina no puede hacerlo con validez jurí­dica. Por lo cual se puede afirmar que está cometiendo un atropello al derecho a la libre navegación que firmaron también los argentinos.

Hay varias disposiciones legales que el vecino país está incumpliendo, como el Tratado de Navegación de los ríos Paraná, Paraguay y de la Plata, que se acordó entre Paraguay y Argentina en 1967. Esta ley internacional que tiene más de 50 años de vigencia establece que la navegación por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata, dentro de la jurisdicción de Paraguay y la Argentina, es libre para los buques argen­tinos y paraguayos, en igualdad de condi­ciones.

La República del Paraguay, ni ninguna de las otras naciones afectadas, no tiene por qué aceptar el atropello de la Argentina, como no existe ningún motivo para admi­tir cualquier otro tipo de agresión. Por la sencilla razón de que es un abuso y va con­tra las disposiciones jurídicas que esta­blecen la libre navegación, que no dejan de tener obligatoriedad legal por una simple resolución ministerial.

Las autoridades argentinas deben recapa­citar y dejar de lado el peaje en el Paraná. No tienen por qué trasladar al concierto internacional sus peleas políticas internas en las cuales un poder del Estado quiere desconocer la legitimidad de otro poder para edificar sus proyectos partidarios que van contra las normas del sistema jurídico. Las disposiciones legales, que por definición son de cumplimiento impres­cindible, no se pueden dejar de lado por simples caprichos funcionales.

La obligatoriedad de observar la ley, sea nacional o internacional, está por encima de las ocurrencias o del humor político. Es ineludible, y no admite discusión. Argen­tina debe eliminar el peaje.

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