Al cierre del año pasado, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, por cierto, uno de los pocos secretarios de Estado sin mayores cuestionamientos, señalaba que en el 2022 construyeron 8.700 viviendas sociales desde esta cartera y de las cuales 1.965 fueron destinadas a comunidades indígenas. Cualquier techo que se inaugure, más aún como iniciativa estatal, debe celebrarse considerando que, si bien seguimos lejos de ganar al déficit, es uno de los desafíos que mayor impacto tendrá en la calidad de vida de la gente.
Detrás de la generación de empleo, el combate al déficit habitacional, es decir, la construcción de viviendas en serie es sin dudas la prioridad más inmediata. Además de que vale destacar a esta industria como fuente multiplicadora de empleo, ya que genera miles de mano de obra, según coinciden los entendidos.
Los números provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) siguen resultando dolorosos, pero no son imposibles de ser reducidos. Hablan de 1.152.000 viviendas en falta, de los cuales el 90% tienen problemas de calidad, es decir, requieren mejoramiento, ampliaciones, etc.
Estas cifras, indudablemente, indican que se requiere una especial atención al rubro habitacional, tanto por parte del sector público, así como constituye una oportunidad de negocios para el sector privado.
Los informes de revistas especializadas del rubro inmobiliario y de la construcción señalan que el escenario es desafiante para los próximos 20 año, ya que la demanda y la necesidad de techo se duplicarán en cantidad de personas, orillando los 2.800.000 debido al gran crecimiento que se estima, principalmente en áreas urbanas, por lo que se aconseja a los gobiernos prever políticas públicas que vayan encarando el problema habitacional.
Un articulador clave en este desafío que viene de décadas es la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), entidad que en sus informes registra aumentos continuos en gestión de créditos para la vivienda. Hasta el tercer trimestre del 2022 esta institución confirmó que el sector con mayor dinamismo en sus aprobaciones del año es el sector de viviendas, ocupando el 49,5% del total concedido. De enero a agosto, la banca de segundo piso financió operaciones para el sector por unos US$ 94 millones para 2.146 operaciones de préstamos.
El efecto dinamizador remarcado por la AFD es la generación de 25.600 empleos de manera directa e indirecta, con los varios productos canalizados a través de las instituciones financieras intermediarias (IFI).
Comparativamente al mismo período del año 2021, las aprobaciones para viviendas han crecido considerablemente, pasando de US$ 74 millones a US$ 94 millones en el presente ejercicio, mostrando una variación de 27%. Es decir, las ofertas inmobiliarias vienen siendo atractivas y con posibilidades para la capacidad de pago del mercado.
El rubro de viviendas es un nicho demasiado importante y prioritario para las necesidades de techo y calidad de vida, así como para la dinámica de la economía. Los gobiernos deben ir pensando en políticas que apunten a proveer casa a la gente ya sea con subsidio estatal, opciones crediticias vía asociación público-privada (APP) con bancos, constructoras, etc. Las tasas de interés y facilidades de pago son claves para un país que requiere mejorar su calidad de vida.
Más fondos para capitalizar AFD, convenios más sencillos y protocolos más ágiles sin descuidar los riesgos propios de las operaciones financieras son aspectos que deben ir ajustándose. Los consumidores deber encontrar una alternativa válida para esta solución social que es el acceso a un techo, a una vivienda. En este contexto, una campaña de comunicación bien entusiasta con todos los pros y los contras que implique el sueño de la casa propia es fundamental para resguardar el mercado.
Iniciativas de responsabilidad social pensadas en el sector público y que incentiven al sector privado en la búsqueda de dar techo a la gente son también un frente importante en el combate por disminuir los índices crueles del déficit habitacional. Hay cientos de caminos en este proceso, que indefectiblemente es una prioridad que no debiera más ser relegada.
Es indiscutible que los gobiernos que tomen el timón del Estado en lo sucesivo deben, necesariamente, ir trabajando en proyectos de soluciones habitacionales que se sostengan en el tiempo y que no se frustren por rivalidades políticas que, además de absurdas, sin dudas serían muy perjudiciales. A las puertas de una nueva administración estatal, impongamos como agenda impostergable el objetivo de disminuir la carencia de viviendas y mejorar la calidad de las que así lo requieran.