El efrainismo y Abc color están en un desesperado intento por desviar la atención de un gigantesco caso de irregularidades electorales que han afectado a las elecciones del pasado 18 de diciembre en la Concertación y particularmente en su “mayor accionista”: el PLRA.
A medida que pasan los días, las evidencias demuestran que se amañaron votos, que cargaron urnas y, aparte de ello, todavía genera indignación en honorables referentes del PLRA la manera agresiva como fueron relegados de sus posiciones a consecuencia del “sistema de acomodos” de los amigos legitimadores de Alegre pertenecientes a otros partidos, algunos de ellos simples clanes familiares como el PDP, a quienes obsequió generosamente posiciones en su lista al Congreso relegando a figuras emblemáticas de la centenaria agrupación política.
Mientras el propio Ministerio Público, a consecuencia de una denuncia presentada por un representante del partido Patria Querida, ha actuado generando imputaciones a más de media docena de supuestos responsables de estos ilícitos electorales; en el medio aliado a Alegre, esta inquietud de todo un sector de la oposición ni siquiera merece una línea.
Por cierto, la impunidad con la que se mueve Efraín Alegre empieza a generar inquietud más allá de la ANR, desde donde la crítica ha sido histórica contra sus malos manejos. A consecuencia del apriete chantajista a la que somete a cualquiera que ose ser candidato como él en la oposición, usando los referidos medios; ya se ha posicionado firmemente el propio Euclides Acevedo, recordando a Alegre y sus “apretadores” que maniobras de este tipo no le harán declinar de su postulación.
Al mismo tiempo, el senador Sixto Pereira, histórico referente del Frente Guasu, se expresó indicando que lo que se tuvo en la Concertación “no fue un voto popular, sino mercantilista”, evidencia que surge de las múltiples situaciones irregulares que contravienen cualquier sentido ético y legal de un proceso comicial.
AI mismo tiempo, en la ANR han manifestado que es momento de plantear un incremento de las penas por la comisión de delitos electorales a fin de poner un límite a estos excesos como los que se vivieron en el sector efrainista.
Se teme, admiten, que los vicios de estas elecciones de la Concertación se puedan repetir en las elecciones generales y con ello se ponga en duda la legitimidad de los resultados.
Este es momento en que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) debería pronunciarse manifestando su posición firme y crítica con relación a estas prácticas lamentables que empañan el propio itinerario de los procesos electorales administrados por esta institución que -históricamente- han sido notablemente bien administrados.