El canciller nacional, directivos de la Itaipú y la Ande estuvie­ron el miércoles en la Comisión Permanente del Con­greso, donde en términos gene­rales explicaron la postura del Gobierno ante la tarifa de Itaipú y las futuras renegociaciones del Anexo C del Tratado respec­tivo. A pesar de las explicacio­nes dadas a los legisladores, la conclusión es que este gobierno no tiene una política clara para defender los derechos del país y hacer que el Brasil los respete. Por eso quedó la impresión de que el vecino país continuará haciendo lo que le conviene ahora en la entidad binacional y que un rumbo similar podría persis­tir en agosto venidero cuando se estudien las condiciones del nuevo anexo.

El tema más sensible del momento, porque ya le afecta al país en la actualidad, es la tarifa de la energía producida por Itaipú, asunto sobre el cual Bra­sil tiene una postura contraria a la del Paraguay. Y no solo eso, sino que ya la está aplicando en su territorio desde el primer día del nuevo año, sin que haya aún un acuerdo binacional oficial. La explicación es que Brasil, como país soberano, puede hacer lo que más le conviene en su terri­torio, lo cual es cierto. Pero tam­bién es verdad que, si disminuye el precio de venta de la energía de la Itaipú para sus usuarios en Brasil, eso mismo buscará apli­car para la tarifa binacional. Exactamente como hizo en el 2022, cuando se tuvo que redu­cir el precio binacional a instan­cias de los intereses brasileños, aunque no en la proporción que hubieran deseado. Tanto tiempo llevó la negociación sobre ese tema, que el acuerdo oficial, que debía regir desde enero, recién se logró entre ambos países ocho meses después, en agosto.

El ex miembro del directorio de Itaipú y actual senador Euse­bio Ramón Ayala fue muy con­tundente sobre el tema. Dijo que todo se resolvió por parte de Bra­sil violando el Tratado de Itaipú y que el Gobierno Nacional sigue sin decir nada. Que se puede seguir violando el acuerdo bina­cional en beneficio de los consu­midores brasileños, y admite la actitud negativa de Brasil hacia Paraguay en contra de lo esta­blecido en el Tratado a favor de nuestro país.

“Acá no se toma nota, no cues­tionan o protestan. Esto es una verdadera vergüenza”, afirmó el legislador, resaltando que el Anexo A del Tratado internacio­nal establece que el consejo de administración compuesto por paraguayos y brasileños es el que debe fijar la tarifa de la ener­gía y no el Ministerio de Minas y Energía del Brasil o el presidente brasileño saliente, como ha ocu­rrido. “Esta es una decisión uni­lateral, y desde el Gobierno para­guayo no se protesta”, se quejó el senador.

El hecho de que los brasileños hagan lo que les parece con la tarifa, sin acuerdo del Paraguay y que el Gobierno Nacional no demuestre su oposición o pro­teste es una de las cosas que más molesta. Porque es evidente que aquí se está cumpliendo el cono­cido refrán de que “el que calla otorga”. Es cierto que la entidad binacional todavía no fijó la nueva cotización de la energía para ambos países. Pero por la expe­riencia reciente se sabe que al final se establecerá una tarifa menor a la propuesta por Paraguay y cer­cana a la impuesta por Brasil.

Dos semanas antes de que termi­nara el 2022 y dejara el gobierno, Jair Bolsonaro, a través de Minis­terio de Minas y Energía, estable­ció que la tarifa de la energía de Itaipú se vendería en Brasil en el 2023 a 12,67 dólares el kW/mes. Esto representa una reducción del 38,9% de la cotización esta­blecida por la binacional para el 2022, que es de 20,75 dólares el kW/mes. Esta disminución que afectará en breve a la cotización oficial no conviene a los intere­ses paraguayos. Cosa que ocu­rrirá cuando se acuerde la nueva tarifa oficial, teniendo en cuenta la experiencia del 2022.