El Ministerio de Hacienda anunció que recomendará al Presidente de la República promulgar la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2023 sancionada por el Legislativo, a pesar de los aumentos e inconsistencias añadidas en el Congreso. La cartera fiscal fue la más dura crítica contra el proyecto final aprobado por los legisladores, señalando sus numerosos defectos. Pero a pesar de ello propone que entre en vigencia, porque buscará recortarlo con decretos especiales, aunque tiene la certeza de que todo lo que se recaude no alcanzará para cubrir los incrementos señalados. Lo que quiere decir que seguirá el déficit fiscal elevado por encima de lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera y se tendrá que volver a hacer más préstamos para cubrir las erogaciones fiscales.
El nuevo presupuesto no da cumplimiento a las recomendaciones técnicas de recortes fiscales, de achicamiento del Estado y de no aumentar el endeudamiento del fisco para gastos corrientes. Por consiguiente, el gobierno de Mario Abdo dejará como herencia a la administración entrante el 15 de agosto próximo un gran clavo económico y fiscal. Un presente que corresponde al desequilibrio fiscal que ha tenido el gobierno saliente en sus años de administración.
Yendo a los números, se tiene que la ley presupuestaria aprobada en el Congreso para el 2023 representa un 9,0% de aumento con relación a la Ley 6873 del presupuesto inicial vigente para este año. Porcentualmente no parece ser un fuerte incremento, pero el problema es que no hay cómo financiarlo sin recurrir a más préstamos. Es decir, endeudar más al país para gastos que irán a salarios, nuevos cargos creados y otras erogaciones corrientes, no precisamente a inversiones. Resulta el polo opuesto a todas las recomendaciones técnicas de los organismos internacionales para tener un Estado con finanzas equilibradas, lejos de la zozobra del alto déficit crónico y el peligro del default.
La norma que sancionará el Ejecutivo prevé una estimación de ingresos superior a la que preveía recaudar Hacienda. La Cámara de Senadores incluyó un alza de recaudaciones tributarias de 184.210 millones de guaraníes, que no tiene sustento técnico, ya que no se sabe cómo y qué se hará para aumentar las percepciones fiscales. Si no podrán ingresar esos fondos, será un saldo negativo más en las finanzas públicas. Porque cubren salarios y gastos corrientes que no se podrán dejar de pagar.
El Congreso previó la creación de 2.900 nuevos cargos laborales, cuyas asignaciones monetarias son de cumplimiento ineludible, por lo que se tendrá que prestar dinero o utilizar los fondos previstos para obras a fin de solventar los nuevos salarios.
El ministro de Hacienda explicó que reglamentarán los aumentos incluidos por el Congreso para buscar reducir su impacto en los gastos del fisco. Dijo que con los decretos reglamentarios se puede disminuir el golpe en un 50% a 75%. Por eso apuntó que la entrada en vigencia de los nuevos cargos creados por los legisladores se buscará hacer de manera gradual. Si bien con los aludidos decretos se pueden mitigar los fuertes impactos de las nuevas asignaciones, en el fondo el tema principal subsiste con todo su peso, porque hay que conseguir más recursos financieros para dichos pagos.
El asunto presupuestario es uno de los temas más delicados en la vida de un país. Se trata del manejo y la administración del dinero que se recibe de los impuestos y que se destina a las erogaciones del Estado. Incluye los pagos a los empleados públicos y los requerimientos de entidades estatales de gran trascendencia, como las escuelas y colegios, los hospitales, las fuerzas públicas, universidades y entidades de servicio imprescindibles para la ciudadanía. Por eso se considera que la ley de presupuesto es la norma anual más importante de una nación.