El 21 de septiembre del 2022, el Ministerio de Transporte de la Argentina emitió la Resolución Nº 625/2022 publicada en el boletín oficial el 30 de ese mes. En ella establecía el cobro del peaje en el río Paraná a las naves que circulan por el tramo que va desde el puerto de Santa Fe hasta la confluencia con el río Paraguay. El 30 de diciembre de ese año, el boletín mencionado dio a conocer la Resolución 1023/2022 de la Secretaría Estatal Argentina, confirmando las tarifas de la disposición anterior. El peaje se comenzó a cobrar a partir del primer día de este año a las naves que circulan entre el kilómetro 1.238 y el kilómetro 584 de ese curso fluvial en territorio argentino, por lo cual parecería no ser objetable. Pero como se trata de un río internacional, su utilización está regulada por normas supranacionales que involucran a varios países y son de obligada aplicación por los gobiernos de los mismos.
Apenas se conoció el contenido de la resolución del mes de septiembre, en nuestro país diversos círculos afectados por la imposición argentina reaccionaron con fuerza. Especialmente los gremios empresariales como la Feprinco y varias entidades vinculadas a las exportaciones e importaciones, que rechazaron el cobro del peaje por ir contra las disposiciones vigentes. Señalaron que, unilateralmente, un país no podía tomar esa determinación que perjudica al transporte y al comercio internacional, porque no correspondía.
Nuestro diario fue uno de los primeros en alertar sobre el peligro que representaba la disposición argentina e invitó a las autoridades paraguayas a impedir la aplicación del peaje. En su editorial del 7 de octubre, señalaba que es inaceptable el peaje que Argentina quiere cobrar en el Paraná. Y agregaba que el “Gobierno paraguayo tiene que oponerse a esta traba argentina e impedir que la vecina nación quiera imponer esa sanción al transporte fluvial de las mercaderías que salen o vienen al Paraguay”.
Pero como ocurre a menudo en este gobierno, el Poder Ejecutivo no actúa y, si lo hace, realiza las acciones con lentitud, por lo que no siempre llega a tiempo para frenar los inconvenientes. El canciller nacional relató que el 1 de enero, cuando asumió el presidente brasileño Lula da Silva en Brasilia, se encontró con el canciller argentino y le planteó el tema. Afirmó que le comentó la preocupación del Gobierno paraguayo sobre el cobro del peaje en el Paraná y que encontró buena predisposición. “Y vamos a defender todos nuestros derechos referentes a la libre navegabilidad”, aseguró.
El martes 3 de enero, en la sesión de la Comisión Nacional de Hidrovía Paraguay-Paraná, las autoridades nacionales se reunieron con representantes del sector privado para ver qué acciones tomar para suspender el peaje. El vocero indicó que se buscará una reunión con los representantes argentinos y que se insistirá en el diálogo en la Comisión del Acuerdo de Navegación de la Hidrovía, que integran otros países vecinos.
Como se puede apreciar, el Gobierno paraguayo está reaccionando muy tarde ante la agresión económica argentina al transporte fluvial que involucra al país. Solo tres meses después del anuncio de la medida, y cuando ya se cobraba el peaje, el canciller paraguayo habla con su par argentino sobre el tema, al encontrarse ocasionalmente en un acto oficial en Brasil. Luego de 90 días de la decisión argentina, y cuando ya se aplicaba la medida, las autoridades nacionales se reúnen en la Comisión de la Hidrovía con los empresarios afectados para ver qué hacer con los funcionarios del vecino país para impedir el cobro. Aunque anteriormente hicieron algunas gestiones, se tuvo que esperar el hecho consumado para comenzar a hablar de realizar negociaciones con los argentinos.
Apenas se promulgó la resolución del cobro del peaje, tres meses atrás, el Gobierno paraguayo tendría que haber movilizado ya los organismos del Mercosur y de la hidrovía para plantear el tema. Desde el 1 de octubre, la Cancillería Nacional hubiera señalado al gobierno argentino la ilegalidad y la inaplicabilidad del peaje para que reviera su decisión.