Insoportable calor y además la ciu­dadanía debe soportar el mal ser­vicio de la aguatera estatal que plantea todo tipo de argumentos ante las quejas reinantes. Es inevitable el enojo, la indignación contra la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y su presidente Natalicio Chase que para hacer campaña política sí es bueno, sin embargo, la eficiencia en el abastecimiento del líquido vital es uno más de los aplazados de este gobierno.

Llueven reclamos en barrios enteros, el problema de los caños rotos y el desa­bastecimiento son deudas que no se priorizan.

En la pandemia le fue otorgado un importante presupuesto a la Essap para paliar los gastos de usuarios, pero tam­bién para mejora de infraestructura, sin embargo, seguimos lamentando el mal servicio. Trascendieron más nombres de recomendados contratados en rubro de servicios personales que resultados alentadores en la distribución.

Frecuentemente vemos en las gacetillas oficiales grandiosos convenios institu­cionales, principalmente enormes anun­cios de cooperación de binacionales con el objetivo de ampliar las redes de sumi­nistro, bombas de agua, entre otros ele­mentos concernientes al servicio. Nada de esto parece pesar al ver la expansión de reclamos.

Hace unos meses, sacudido por escra­ches y reclamos, el presidente de la Essap, Natalicio Chase, señaló en entre­vista que se requiere renovar aproxi­madamente 200 kilómetros de cañe­ría de manera urgente en la ciudad de Asunción. Sin embargo, manifestó que recién tienen previsto realizarlos el año próximo, estimó presupuesto de unos G. 45.000.000.000, el monto es nada com­parado a la serie de despilfarros de los que somos testigos rutinariamente.

Las prioridades no han sido tratadas con urgencia en este gobierno, esto pasa no solo en la Essap, sino que es modus ope­randi en casi todas las administraciones a cargo del ejecutivo. Las autoridades de la aguatera estatal hablan de 45.000 casas con conexiones clandestinas, alto índice de morosidad, estado desastroso de las cañerías y que una modernización más o menos efectiva necesariamente obligará al aumento de las tarifas en casi la mitad.

Todo es excusa. Culpar a realidades arraigadas por la desidia administrativa como son las conexiones clandestinas es un argumento que no tiene cabida en el pensamiento de los funcionarios efi­cientes, leales a los intereses del Estado. La gente requiere agua, no existen argu­mentos que aplaquen esta necesidad que es de vida.

A diario somos testigos de lamentos de los vecinos. En estos días, las redes sociales se hacían eco de reclamos en San Antonio. Un poblador señalaba que esta carencia es una muestra de que la tortura no termina en Paraguay porque desde hace cuatro años que nos tortu­ran, en especial en verano. Criticó que se siga utilizando la vieja excusa de que por culpa de morosos no se puede rea­lizar una distribución que satisfaga la demanda real.

La reacción del poblador de la ciudad de San Antonio es uno de los miles de pen­samientos. Nadie cree ya en las excusas de las autoridades, porque en manos de las mismas está resolver estos pro­blemas de siempre, para eso están en altos cargos y con jugosos sueldos. En las últimas semanas, barrios enteros de Asunción, Lambaré y varias ciuda­des del interior se quejaban de la falta de agua.

En el interior incluso, ya obligatoria­mente, se habituaron a juntar agua por la madrugada, debido a que no se abas­tece con el servicio. Este es un régimen humillante que debe ser eliminado de por vida, para ello los usuarios abonan un monto por el suministro, no es gratis, además de que es un derecho humano fundamental.

El Gobierno que se instale deberá ser muy exigente con las inversiones para renovar la infraestructura necesaria y mejorar el deplorable servicio que hoy día deja sin suministro a gran parte de la población. Desatender las necesidades básicas de la gente es una de las gran­des decepciones de esta administración estatal que está de salida sin mayores chances en cupos políticos porque lo han hecho todo mal.

Garantizar un servicio eficiente, agua de calidad, debe ser una obligación impostergable para el siguiente Presi­dente de la República que se instale al mando del país.