El tráfico de drogas ha alcan­zado en los últimos años en nuestro país los niveles más altos de su historia. A raíz de eso este gobierno tiene el lamentable récord en la materia. El delito mueve tal cantidad de recursos financieros, que es capaz de utilizar sofisticados siste­mas de operación para su transporte que hacen más difíciles las tareas de investi­gación y persecución. Con su alto poder económico puede pervertir las insti­tuciones especializadas y doblegar la actuación de los funcionarios, según su conveniencia.

Por eso, desde el 2020, en que se volvió más débil el control debido a la decisión de esta administración de suprimir las fiscalizaciones en los puertos, el volumen del tráfico de estupefacientes ha saltado a niveles impensados. Según los cálculos, a partir de ese año hasta setiembre último, el Paraguay sirvió de tránsito a 470 tone­ladas de cocaína cuyo valor comercial asciende a 25.000 millones de dólares. De esta cantidad solo se pudieron decomisar un 10% de la droga en distintos puntos de Europa de los barcos de exportación que salieron de nuestro país.

El ex ministro de la Senad coronel Hugo Vera señaló, en una entrevista en el pro­grama “Expresso” de canal GEN/Nación Media, que, a causa de los controles laxos permitidos por este gobierno, el Paraguay se convirtió en un trampolín del tráfico. Porque, ante la ausencia de tecnología, lo último que le queda a la Senad es el con­trol físico, con sus agentes en los puertos privados. “Y si el ministro por una resolu­ción está levantando eso, entonces nos da la pauta de que existe una suerte de con­nivencia”, acusó.

Teniendo en cuenta las conexiones del entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con algunos traficantes, hecho por el que está imputado, es imposible no concluir que desde el organismo estatal hubo condescendencia con los trafican­tes. Este hecho demuestra la responsabi­lidad y hasta la complicidad del Gobierno en el aumento extraordinario del tráfico de estupefacientes desde nuestro país. Porque, a pesar de las evidencias, nada ha hecho hasta ahora para contrarrestar esta situación, sosteniendo a los funcio­narios incapaces en los puestos clave de los organismos especializados. Y tam­poco ha adoptado las decisiones políticas que requiere la situación del fuerte incre­mento del tránsito de sustancias prohibi­das, porque está más preocupado por las internas partidarias.

Para colmo, últimamente se ha descu­bierto que los narcotraficantes están uti­lizando los embarques de las exporta­ciones de carne para enviar sus drogas a Europa. Con ello están causando un grave daño a la imagen de país exportador de alimentos y provocando una sucia conta­minación de los intereses nacionales.

Como aseguró el coronel Vera, el narco­tráfico es un negocio de dimensiones muy grandes, que produce ganancias extraor­dinarias, por lo que no va a terminar con solo algunos actos represivos. Hace falta una política estatal de gran nivel para hacerle frente.

Señaló que para contrarrestar o desviar las rutas del narcotráfico, el país necesita de una acción combinada entre la Senad y todos los grupos operativos, dándole un rol importante a las Fuerzas Armadas. Además de dotar al país de tecnologías de radares, aviones de rápida reacción, de helicópteros y otros equipos. “Si es que el país quiere presentar una posición seria en cuanto al combate o a la erradicación del narcotráfico, tiene que hacerse una acción conjunta. Es una inversión millo­naria, tiene que ser una inversión plu­rianual porque este tipo de proceso de equipamiento no se hace con un presu­puesto de un año o de un período. Tienen que hacerse compras y capacitación del personal”, resaltó.

Para que se puedan tomar esas determi­naciones, es fundamental que el Poder Ejecutivo acepte la realidad y se decida a actuar como corresponde. Que reconozca sus falencias en la lucha antinarco, realice los cambios de mandos en las institucio­nes especializadas y encare un combate total. Tienen que volver los controles por­tuarios que Giuzzio eliminó y crear más mecanismos que impidan la actuación de los mercaderes de estupefacientes.

Con la intervención de todas las entida­des públicas, comenzando con las Fuer­zas Armadas, se debe impedir el ingreso de las drogas de los países proveedores mediante la persecución de aeronaves y vehículos de toda índole. Lejos de cual­quier tipo de disimulada confabulación con los delincuentes.