Desesperante es la situación que describe la mayoría de los sectores económicos a causa del ingreso ile­gal de mercaderías y todo tipo de productos que juegan de manera desleal en el mercado interno, lastimosamente, por la inefi­ciencia de este gobierno lleno de fracasos.La industria debe batallar para producir, ganar competitividad en un mercado con con­diciones desleales. Es evidente que este azote al sector productivo carece de herramien­tas de contrapeso, y por esto también resulta lógico estimar que esta temporada alta para el comercio por el movimiento económico de fin de año estará dominada por ingresos en negro.

Los discursos de conducción del país apun­taron a sostener la economía, el trabajo y la mejor calidad de vida en los inicios de este gobierno. Esto se tradujo en un cuento, viendo los productos sin tributar a lo largo y ancho de calles, avenidas y rutas del país.

Los importadores formales, como los produc­tores locales, ya han alertado de que el contra­bando se encuentra en su punto más álgido. Los controles son burlados de forma alevosa y las persecuciones en los puestos de ventas en negro son difíciles de exterminar debido a la expansión que tienen una vez ingresados los productos al país, reclaman los que se dedican al comercio legal.

En las zonas fronterizas, la venta de productos de contrabando es una constante e instiga de manera engañosa con ofertas que en puridad son de fantasía, porque esta práctica termina acogotando al Estado en sus diferentes rubros.

Agroproductores de la zona de Caaguazú señalaron hace unas semanas que están asfi­xiados en su economía por el boicot del ingreso vía contrabando. El rubro combustible es tam­bién muy groseramente burlado.

Los distribuidores estiman que alrededor de 2 a 3 millones de litros de combustible por día ingresan a nuestro país de forma ilegal, es decir, de contrabando. En lo que va del año, ya se habría superado los 100 millones de litros de hidrocarburo que metieron en negro al mercado local.

El rubro frutihortícola es otro de los sectores muy boicoteados por el contrabando. La pro­blemática del contrabando de productos fruti­hortícolas se incrementó en los últimos meses y afecta directamente al productor nacional que, además de luchar contra la crisis econó­mica en nuestro país, se ve obligado a reducir los precios de sus productos para que los mis­mos no terminen pudriéndose, ocasionando así mayor perjuicio. Desde la Cámara de Dipu­tados instaron en estos días al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Servi­cio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla (Senave) a que busquen mecanis­mos para salvaguardar el trabajo de los agri­cultores, aplicando medidas que bloqueen el ingreso ilegal.

Las aceiteras, los domisanitarios, los fabrican­tes de calzados, entre otros, históricamente, fueron trampeados por el contrabando. Pero ahora, tras la pandemia y la posibilidad de viralizar información, las dimensiones del negocio ilegal asustan, desesperan.

Se sabe de los circuitos, sitios por donde entran los productos ilegales; pero, peno­samente, la deshonestidad de funcionarios, muchas veces con el guiño de los altos jefes, vulneran todas las posibilidades de formaliza­ción en connivencia con los contrabandistas.

Un equipo integrado por varios organismos del Estado forma parte de la Unidad Inte­rinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), encabezado por Emilio Fúster, fue presentado como parte de la estrategia anticontrabando al instalarse este gobierno. Se aglutinaron entre varias ins­tituciones. Las aspiraciones de este órgano de combate al negocio ilegal fueron esperanza­doras en sus inicios, pero de vuelta falló lo ele­mental: el control.

Los puestos de control están contamina­dos por funcionarios infieles a los objetivos del Estado. A esto se acopla la impunidad que comienza en el interior de las mismas institu­ciones públicas, los sumarios administrativos. Las oficinas anticorrupción no son capaces de identificar a los empleados deshonestos y apartarlos de puestos privilegiados.

Pareciera ser que el corporativismo reinante de grupúsculos de amañados en los diversos entes involucrados en el control de este flagelo está por encima de la ley y está exentos de cas­tigo. Ejerce un dominio extraño que derrumba cualquier esperanza de solución, al menos de forma parcial.

Quienes tenemos voz estamos llamados a denunciar y protestar contra prácticas que perjudican al país. Quienes ocupan los altos cargos en las unidades de control están obli­gados a ver lo que no ven y la clase política debe intervenir para que funcionen los orga­nismos de fiscalización. Sin este rumbo, seguiremos sufriendo evasión, corrupción y miseria.