En mayo del 2020, el enton­ces ministro de la Senad, hoy investigado por conexiones con el narcotráfico, Arnaldo Giuzzio, suscribió la Resolución N° 142, que tiene un solo artículo. En esa norma el entonces titular de la secretaría anti­drogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea, Flu­vial y Terrestre (DIAFT). Esa dependen­cia era la que se encargaba de auscul­tar en los puertos y terminales aéreas los contenedores y cargamentos para detectar si había drogas a punto de par­tir. Hasta entonces agentes de esa unidad llegaban hasta los distintos puertos pri­vados del país para fiscalizar las cargas que estaban por zarpar. Una treintena de gente especializada realizaba tareas de inteligencia y fiscalización en las bases portuarias para impedir las operacio­nes ilícitas. Esto evitaba que los narcos usaran los envíos legales de mercade­rías de exportación para embarcar estu­pefacientes con rumbo a varios países del mundo, como está ocurriendo en la actualidad.

De acuerdo con la interpretación de los entendidos, la eliminación de este con­trol antidrogas es una de las principales causas del extraordinario aumento de la narcoexportación que con este Gobierno ha llegado a cifras nunca antes vistas. Que, además de ser un gran escándalo nacional e internacional, amenaza y pone en peligro a las exportaciones de los principales productos paraguayos que se envían al exterior.

El senador colorado Enrique Riera cal­cula que desde el 2020, hasta setiembre de este año, se han traficado a través de nuestro país cargas de estupefacientes por valor de 25.000 millones de dólares, una cifra que casi duplica el presupuesto anual del Estado paraguayo y con la que se puede sobornar a funcionarios y hacer que algunas instituciones decaigan en su tarea de fiscalización.

En los últimos días se ha llegado al colmo, cuando en Montevideo descubrieron que dentro de los cargamentos de carne para­guaya que se exportan a Europa había paquetes con 653 kilos de cocaína cuyo valor se calcula en 25 millones de dólares. Además de los cortes cárnicos, tan cui­dadosamente preparados para su venta en el exterior, había porciones de la droga maldita, contaminando diabólicamente de ese modo a uno de los productos estre­lla de las exportaciones paraguayas.

Lo acontecido no es una mera anécdota, ya que está poniendo en jaque a las ventas que hace el país a sus clientes del exterior y que posibilitan el ingreso de miles de millones de dólares por año. Como dijo un empresario del área, con esto se está poniendo en peligro la buena reputación del país y de la industria cárnica nacio­nal, que está luchando por obtener más mercados para su producto. Ya que con el procedimiento de los criminales se están ensuciando las transacciones comercia­les de un producto estrella paraguayo.

Voceros de la Asociación Rural del Para­guay (ARP) dijeron que es lamentable lo que ha ocurrido ya que la exportación cárnica está manejada por gente seria, que cumple con todas las normas de exportación para llegar a un mercado exi­gente. Y que con ello se está produciendo un serio daño a los intereses del país.

El Gobierno, que en gran medida tiene la culpa del aumento del tráfico de las sus­tancias prohibidas por sus desaciertos, tiene la obligación de actuar con energía ante esta lamentable situación. Come­tió una grave equivocación al eliminar el control de los puertos de embarques por parte de los investigadores de la Senad. Dejar sin vigilancia esos sitios es una manera de facilitar que se cometieran esos excesos. Por eso tiene que rever la falta de control, que es una de las causas principales del fenómeno.

Para impedir la ofensiva feroz de los nar­cotraficantes debe intervenir la Senad poniendo gente más capaz y sin degrada­ciones de ninguna laya. No puede seguir manteniendo a gente que no produce resultados y que está sospechada de con­ductas indebidas.

El presidente Abdo debe aprender de la negativa experiencia que tuvo con Giuzzio al frente de la Senad y tomar con valentía las medidas requeridas. Se equi­vocó con ese y otros funcionarios y está en la obligación de resarcirse de sus erro­res. El país necesita con urgencia solucio­nar el tema, para que no se sigan conta­minando no solo nuestras exportaciones sino otros aspectos fundamentales de la vida nacional.