Una de las noticias policiales más llamativas de los últimos días es la incautación de 653 kilos de cocaína en el puerto de Montevideo, Uruguay. El informe se conoció aquí el martes 22. Lo llamativo es que el envío iba con un cargamento de exportación de carne vacuna con destino a Europa embarcada en el Paraguay, por lo que las autoridades uruguayas señala­ron que la droga iba de nuestro país. Dos días antes, las autoridades argentinas detuvieron en su territorio a dos camio­nes procedentes de Paraguay con des­tino a Uruguay con maíz de exportación, que portaban 100 kilos de cocaína diri­gidos al mismo destino. En escasos tres días, los dos países del Mercosur pudie­ron confiscar 753 kilos de la droga origi­nada en nuestro país cuyo paradero final serían las naciones europeas del norte, lo que da una idea del gran movimiento que tiene el narcotráfico. Estos lamentables hechos dan pie a muchos a creer que el Paraguay no solo es un país de tránsito, sino un gran exportador de esas sustan­cias prohibidas cuyo movimiento se va acrecentando con gran rapidez.

En consecuencia, además de gran pro­ductor y exportador de alimentos, como soja, maíz, arroz, además de carne vacuna y porcina, con una notable con­sideración de buena calidad en el difí­cil mercado mundial, el Paraguay está ganando la deplorable fama de impor­tante proveedor de drogas. Cosa inacep­table y que los paraguayos no tendría­mos que admitir.

Aunque estas informaciones configu­ren una lastimosa situación, no son nue­vas y forman parte de una realidad cada vez más acuciante y vergonzosa. Que es lo que dejó claro en setiembre último el senador Enrique Riera cuando denun­ció que a través de nuestro país se está traficando drogas por valor de 25.000 millones de dólares desde el 2020. Y que lo que se decomisa en territorio nacional y en otros países del mundo representa apenas el 10% de todo lo que sale de aquí, que está circulando por todo el orbe y no se ha podido requisar por los organismos especializados.

Para tener en cuenta la importancia económica de este delito en el país, el legislador había señalado que el valor monetario de la droga traficada en los tres últimos años (US$ 25.000 millo­nes) representa casi el doble del total del presupuesto anual de la nación para­guaya (US$ 13.000 millones). Como puede observarse, es una suma desco­munalmente elevada, que está mos­trando el extraordinario nivel finan­ciero del tráfico de estupefacientes, que, justamente por significar tanto dinero, es capaz de captar la colaboración de los particulares y de comprar la conniven­cia de funcionarios aduaneros, policia­les y judiciales.

En esa ocasión, el legislador había hecho notar que esas cargas prohibidas pasaron por los puertos paraguayos sin ser detec­tados por los organismos administrati­vos, como Aduanas y la ANNP. Y tampoco por la institución encargada de perse­guir la tenencia y el tráfico de narcóticos, que es la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cuya eficiencia está en discusión justamente por el gran nivel de circula­ción de las sustancias prohibidas.

Por los numerosos hechos denunciados y las personas cuestionadas debido a su actuación no siempre ajustada a la ley, la Senad es una institución que debe ser intervenida urgentemente y sometida a una profunda transformación. Así como está, con los mandos que la manejan y las deficiencias de muchos funcionarios de la institución, la entidad no está cum­pliendo su delicada función. Y en muchos casos se ha convertido en un estorbo para combatir el delito, reprimir el trá­fico y aprehender a los delincuentes.

Teniendo en cuenta el auge del narco­tráfico y la poca eficiencia del organismo mencionado, es una responsabilidad indelegable del Gobierno corregir esa situación, como ha dicho Riera. Desde la administración de Arnaldo Giuzzio, procesado actualmente por su cone­xión con los narcos, la Senad necesita un fuerte golpe de timón. Si el Poder Eje­cutivo no lo hace, ya no sería solo por ineptitud sino por una penosa situación cercana a la complicidad con los trafi­cantes. No actuar como corresponde cuando el delito organizado y la delin­cuencia ponen en aprieto al país, habla muy mal de la capacidad de conducción de los gobernantes. Y deberían ser acu­sados en la Justicia por la connivencia con las mafias y juzgados por tan nefasta gestión.