El tráfico de estupefacientes gana terreno en los barrios burlando penosamente el control de los organismos de seguridad y con rasgos de violencia que caracterizan a las peleas entre los capos del negocio del narcotráfico. Las cifras del microtráfico, específicamente de consumidores, crecen sistemáticamente, un flagelo que silenciosamente se expandió y ahora muestra fortaleza, se los sindican de actos de violencia por dominio territorial, sin mayores reservas ante las debilidades institucionales.
Hace un par de días hubo un enfrentamiento con balacera en un populoso distrito del departamento Central. Fueron detenidas algunas personas que presumiblemente abrieron fuego por una guerra detrás de una zona donde circula una importante cantidad de drogas.
“Sería por problemas de grupos delictivos, se presume que son vendedores de drogas, ya que durante el allanamiento se encontraron distintas clases de estupefacientes”, decía en estos días uno de los uniformados.
El negocio ilícito es una de las principales causas de la inseguridad reinante en nuestro país, según los organismos de seguridad, sin embargo, crece de forma gradual al punto de que existen puntos de la red de distribución y consumo hasta en las inmediaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas. Esta institución es una de las más aplazadas en gestión, considerando las cifras del microtráfico y las grandes narcoexportaciones que tristemente nos colocan como corredor de cocaína en auge ante el mundo.
Zonas como la Terminal de Ómnibus, 4 Mojones, ubicadas en el radio cercano de la Senad, son focos de venta y consumo de estupefacientes que empujan a todo tipo de actos irregulares.
Estudios revelados hace apenas unos meses nada más refieren que cerca de 70.000 personas están en el vicio de las drogas en el departamento Central, de los cuales el 80% está en el rango etario que no supera 25 años. Los análisis incluso detallan que una persona en el rubro microtráfico vende por lo bajo 50 kilos de droga al mes, trayendo de la zona de Bolivia, según las estimaciones del mercado negro dejan una ganancia de US$ 1.500 por kilo, lo que sugiere una ganancia de unos US$ 75.000, equivalentes a unos G. 500 millones al mes.
Este circuito de la droga, referido en los análisis de los mismos órganos especializados, sugiere que el insumo tiene la ruta allanada para llegar sin problemas a destino. Misma circunstancia que la narcoexportación que, gracias a la liberación de control en puertos privados, una de las primeras decisiones de este gobierno, salen toneladas de cocaína que caen con decomisos en el extranjero.
Hay 1.600 kilómetros de distancia entre el departamento Central y la frontera boliviana, todo este trayecto recorre la droga que llega a nuestro país y que llena el bolsillo de quienes se dedican al ilícito. Este tránsito vulnera varias estaciones de control, sin embargo, no nos solemos enterar del desmantelamiento de unidades antinarco ni castigos a los funcionarios corruptos, responsables.
Las máximas intervenciones se traducen en decomisos de algunos gramos de crack y otros en puestos clandestinos.
Negocio redondo en las narices de las autoridades que se pasan allanando e interviniendo pequeños puestos, sin embargo, estos tienen una capacidad de migrar a ritmo mucho más veloz que la Senad y otras instituciones.
Es inentendible que no existan resultados concretos que provengan de las alianzas entre los entes de control. La situación se escapa de las manos y se ha hecho normal que incluso desde las cárceles el negocio se maneje con total impunidad.
Se debe trabajar en que la droga no llegue al mercado negro local. Desmantelar los laboratorios y castigar como corresponde a los que ejecutan el ilícito, así también a los colaboradores que desde los organismos de control hacen el guiño correspondiente.
Además de los cientos de programas antidrogras que frecuentemente nos promocionan las instituciones pertinentes mediante inspiradoras gacetillas, necesitamos acción, presencia de agentes honestos, comprometidos con el bien común que cumplan con el cometido de extirpar el negocio. Hemos visto que ya no hay reservas y que los que se dedican a vender estupefacientes toman las calles, desatan violencias por peleas territoriales en las narices de los encargados de combatir este mal y en detrimento de la paz de la ciudadanía.
Ya tenemos suficientes estrategias plasmadas en los flyers de los diferentes programas antinarcóticos, ahora urge que estos se hagan realidad disminuyendo los índices del negocio.
Sumar: Senad culmina semana con varios operativos contra el microtráfico
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Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) manifestaron que continúan desarrollando operativos para hacer frente al microtráfico, tarea para la cual tienen un trabajo coordinado con varias instituciones, de modo a articular acciones dentro de lo que es el programa Sumar, una iniciativa del Gobierno para dar un combate integral a las sustancias ilícitas y sus efectos en la sociedad.
“El presidente de la República activó el plan Sumar que es amplio, abarca muchas más instituciones que ya están involucradas todas, que de alguna u otra manera aportan su grano de arena a la lucha contra el narcotráfico”, manifestó Jalil Rachid, ministro de la Senad en contacto con la 650 AM.
En cuanto a la salud mental y los efectos sanitarios en general, se trabaja coordinadamente con el Ministerio de Salud, detalló. “Son varios los frentes que tenemos e igualmente estamos trabajando a full, fue una semana muy agitada con resultados positivos para la institución”, resaltó.
En este contexto, se han priorizado ciertos aspectos como el refuerzo de los controles en el aeropuerto Silvio Pettirossi, debido que los envíos de droga se hacen de forma cada vez más inusuales, lo que demanda una presencia activa de los agentes y filtros de control exhaustivo que permitan identificar cargamento contaminado.
“Estamos trabajando coordinadamente con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pusimos vehículos, una nueva unidad de perros antidrogas que fueron entrenados en Chile a cargo del personal especializado y formado en el extranjero con capacidad para hacerse cargo de la unidad canina de la Senad”, explicó.
Durante esta semana se desmantelaron focos de microtráfico en Nanawa, además se realizaron intervenciones en centros de acopios y se desarticularon campamentos en Canindeyú, Amambay y San Pedro. “Uno tiene que dimensionar el daño real que esta sustancia hace al usuario y ni qué decir al deterioro físico, el daño a la salud mental, los problemas de inseguridad y los problemas viales que generan”, expuso Rachid.
Detienen al traficante de drogas conocido como el “Señor de la Noche”
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Los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) junto con la fiscal María Irene Alvarez lograron detener a Fernando Garcete, de 24 años, quien venían investigando por supuesto tráfico de drogas y que era conocido como el “Señor de la Noche”. El hombre vendía sustancias ilegales en discotecas y gimnasios de la ciudad de Asunción.
Según Jalil Rachid, titular de la Senad, esta persona estaba siendo investigada desde hace tiempo por supuesta venta de drogas y que lo hacía en discotecas como gimnasios de Asunción. Se trata de un hombre que era aficionado a los deportes especialmente a las artes marciales. “Una investigación bastante complicada en el sentido de que esta persona se movía casi exclusivamente de noche, no más”, explicó Rachid, en entrevista con la 650 AM. Aclaró que por eso se le daba ese mote.
La detención se logró en una vivienda ubicada en el barrio Trinidad de Asunción y se presume que durante la noche de ayer lunes estuvo realizando entrega de las sustancias. “Pudimos dar con el resultado esperado y pudimos aprehender a esta persona con marihuana y cocaína en su poder”, aseguró Rachid.
En el poder del hombre se encontraron 170 gramos de cocaína, 384 gramos de marihuana y dos armas de fuego. “Era un aficionado de las artes marciales mixtas y se movía mucho en ese ambiente. Hay que ser sinceros, las drogas están en todos los estratos sociales, desde lo más bajo hasta lo más alto”, puntualizó el titular de la Senad.
Requisan celulares, armas, drogas y bebidas caseras en el Cereso
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Este lunes, a las 6:00, se realizó una requisa en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) en Encarnación donde incautaron celulares, armas blancas, drogas y varios litros de bebidas alcohólicas caseras. El procedimiento se realizó en celdas del pabellón denominado PCC, por el grupo criminal Primer Comando Capital. Según el reporte policial, recorrieron las celdas y se lograron decomisar una importante cantidad de objetos que son prohibidos para los internos.
Entre los objetos incautados se registraron teléfonos celulares, cargadores y sus accesorios; cuadernos con anotaciones varias, sustancias prohibidas, presumiblemente marihuana; varios baldes que contenían una bebida alcohólica de fermentación casera; armas blancas tipo puñal y estoque, todos de fabricación casera.
Hasta el momento no se tienen datos precisos de todo lo incautado, pero se realizará un inventario para determinar el número de armas, la cantidad de presunta marihuana y los litros de bebidas que fueron retiradas del centro de rehabilitación para informar al Ministerio Público. No se reportaron inconvenientes durante el procedimiento.
La intervención fue realizada por personal de la dirección de la Policía Nacional de Itapúa, a cargo del comisario general inspector Elvio Gustavo Florenciañez, y estuvo acompañado por el jefe del departamento de seguridad ciudadana, el comisario Reinaldo Mauricio Tellez. También, dieron participación al personal del departamento Antinarcóticos y Grupo Especial de Operaciones.
Reclutamiento de menores por el crimen organizado: una realidad lacerante
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Por Jimmi Peralta
Fotos: Archivo/Gentileza
Tras una serie de allanamientos realizados en varias localidades del país y material captado en las redes sociales, se puso al descubierto la existencia de una red que opera reclutando menores para cometer hechos delictivos como microtráfico y hasta asesinatos. En esta entrevista con La Nación/Nación Media, el sociólogo Carlos Peris analiza este flagelo desde la complejidad de factores que la constituyen en un escenario en el que predomina lo punitivo por sobre la prevención y las medidas socioeducativas.
Un video viralizado en Tiktok muestra un aparente festejo por el Día del Niño en una localidad del interior en el que aparece un estrecho pariente del líder del clan Rotela repartiendo golosinas a niños, tatuajes con simbología del grupo criminal y leyendas alusivas a la “lealtad”, e instrucción en el uso de armas a través de las redes son solo algunas muestras del largo catálogo compilado por la Policía tras una serie de procedimientos conjuntos y simultáneos realizados en varias partes del país.
El sociólogo Carlos Peris hace una dolorosa confirmación respecto al aumento del flagelo de la delincuencia juvenil. Aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica y emocional de niños y adolescentes que viven en zonas carenciadas, grupos del crimen organizado reclutan a menores a través de regalos, ofreciendo sentido de pertenencia y promesas de mayor confort.
–¿Existe en la actualidad alguna base de datos que permita dimensionar el presente de la delincuencia juvenil?
–Sí. En Paraguay existen diversas bases de datos institucionales que registran hechos delictivos, incluyendo la participación de menores de edad, principalmente a través de la Policía Nacional (denuncias y detenciones), el Ministerio Público (causas penales), el Ministerio del Interior (estadísticas de seguridad ciudadana), el Sistema 911 (registro de llamadas y emergencias) y el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia (datos judiciales). Estas fuentes incluyen variables como la edad de los involucrados, permitiendo analizar tendencias específicas relacionadas con menores. Sin embargo, el principal desafío radica en la fragmentación de estos datos entre instituciones, lo que dificulta obtener una visión integral del fenómeno delictivo juvenil y realizar análisis más comprehensivos. Lo ideal sería desarrollar una plataforma que integre la información de todas estas instituciones, facilitando tanto análisis cuantitativos como cualitativos más robustos sobre las tendencias y patrones de la delincuencia juvenil.
Los menores son una presa fácil para el reclutamiento por parte de facciones criminales
TENDENCIA PREOCUPANTE
–¿Qué variaciones en edades y tipificación de delitos se pueden destacar como llamativas o preocupantes?
–Las tendencias más preocupantes en los últimos años revelan un descenso en la edad de inicio de actividades delictivas, observándose casos desde los 12-13 años, principalmente en delitos contra la propiedad y microtráfico de drogas. Particularmente alarmante es el aumento de la participación de adolescentes entre 14-16 años en delitos con violencia, como robos agravados y lesiones graves. Se detecta también un patrón emergente donde los menores son utilizados por grupos criminales organizados, aprovechando las diferencias en el tratamiento penal. En cuanto a la tipificación, se observa una evolución preocupante desde delitos menores hacia conductas más graves, con un incremento notable en el uso de armas y en delitos asociados a la tecnología, como estafas y extorsiones a través de redes sociales. Otro aspecto relevante es el aumento de la participación de mujeres adolescentes en actividades delictivas, especialmente en delitos relacionados con drogas, en las dinámicas del microtráfico, y hurtos.
–¿Cuáles son los delitos más comunes cometidos por menores?
–El análisis de la delincuencia juvenil muestra patrones distintivos que reflejan tanto la vulnerabilidad como las circunstancias sociales específicas de los menores. Los delitos contra la propiedad, particularmente hurtos y robos, predominan en el espectro delictivo juvenil, seguidos por incidentes de lesiones y alteraciones del orden público. Un fenómeno emergente preocupante es la creciente participación en el microtráfico de drogas, donde los menores suelen ser utilizados como eslabones más expuestos de cadenas delictivas más complejas. Es notable también el incremento de delitos asociados a la violencia situacional, como riñas y daños a la propiedad, que frecuentemente están vinculados a dinámicas grupales y territoriales.
PRÁCTICA SISTEMÁTICA
–¿Qué tendencias se están observando en cuanto al empleo de menores en el mundo del delito?
–El reclutamiento de menores para actividades delictivas se ha convertido en una práctica sistemática que refleja una explotación criminal calculada. Las organizaciones criminales han desarrollado estrategias sofisticadas de captación, aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica y emocional de los menores. Esta sistematización responde a una lógica criminal que explota las ventajas operativas y legales que representa utilizar menores: menor exposición penal, mayor facilidad para evadir controles policiales y la posibilidad de reemplazo continuo. Los motivos trascienden lo meramente operativo, ya que incluyen la creación de dependencia temprana hacia estructuras criminales, el aprovechamiento de la mayor disposición al riesgo característica de la adolescencia y la construcción de lealtades duraderas que garantizan la continuidad de las operaciones delictivas.
–¿Qué contextos estructurales podrían citarse como condicionantes o facilitadores para que los jóvenes terminen cometiendo delitos?
–La convergencia de factores estructurales en la delincuencia juvenil revela la complejidad del fenómeno. La precariedad económica actúa como telón de fondo, pero su influencia se materializa a través de la desintegración de instituciones sociales fundamentales. Los entornos familiares disfuncionales –marcados por la ausencia parental, violencia doméstica y carencias afectivas– generan vacíos que frecuentemente son llenados por referentes negativos. El fracaso del sistema educativo en retener y formar efectivamente a los jóvenes vulnerables, combinado con mercados laborales excluyentes y precarizados crean una sensación de futuro clausurado. Estos elementos interactúan en territorios donde la presencia estatal es débil y la criminalidad organizada ofrece modelos de éxito alternativo, generando un círculo vicioso de exclusión y transgresión.
Tras una serie de allanamientos se puso al descubierto la existencia de una red que opera reclutando menores para cometer hechos delictivos como microtráfico y hasta asesinatos
CHOQUE DE PARADIGMAS
–¿Cuál es la interpretación jurídica que asume el Estado cuando niños son forzados o invitados a cometer delitos por parte de adultos?
–La respuesta estatal ante la participación inducida de menores en actividades delictivas refleja una tensión entre los paradigmas de seguridad pública y protección integral. El marco jurídico reconoce una dualidad en el estatus del menor: como sujeto transgresor de la ley penal y simultáneamente como víctima de explotación criminal. Esta interpretación compleja se traduce en un abordaje que debe equilibrar la responsabilidad por el acto delictivo específico con la necesidad de protección y restauración de derechos vulnerados. Sin embargo, en la práctica la implementación de este enfoque dual enfrenta desafíos significativos, especialmente en la coordinación entre los sistemas de protección infantil y la justicia penal juvenil.
–Se afirma con frecuencia que la cárcel está llena de pobres. ¿Esa realidad se podría transpolar a la situación de jóvenes y adolescentes?
–La sobrerrepresentación de jóvenes de sectores vulnerables en el sistema penal juvenil revela una selectividad aún más aguda que en el sistema penal adulto. Esta realidad no solo refleja una mayor incidencia delictiva en contextos de pobreza, sino también la operación de mecanismos de control social diferenciado. Los adolescentes de sectores medios y altos, cuando incurren en conductas transgresoras, tienen mayores probabilidades de ser canalizados a través de sistemas informales de control o intervenciones privadas. El sistema institucional de justicia juvenil termina concentrando su actuación sobre los sectores más vulnerables, donde las conductas transgresoras son más visibles y las capacidades de defensa más limitadas, reproduciendo y profundizando las desigualdades sociales existentes.
–¿Qué opinión tiene sobre el planteamiento de bajar la edad de imputabilidad como forma de combatir este tipo de delitos?
–La propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal representa una respuesta simplificadora ante un fenómeno complejo, impulsada más por demandas de seguridad inmediata que por evidencia criminológica. Este enfoque ignora la abundante evidencia internacional que demuestra efectos contraproducentes: mayor reincidencia, consolidación de carreras criminales y obstaculización de posibilidades de rehabilitación. Un sistema penal adulto, con su énfasis punitivo y su limitada capacidad rehabilitadora, resulta particularmente inadecuado para abordar la delincuencia juvenil. La experiencia comparada sugiere que los países con mejores resultados son aquellos que han fortalecido sus sistemas especializados de justicia juvenil, manteniendo el enfoque socioeducativo mientras mejoran sus capacidades de intervención efectiva.
REDISEÑO INTEGRAL
–¿Qué medidas de prevención de comisión de delitos por parte de adolescentes podría plantear el Estado para reducir los casos?
–En Paraguay la prevención efectiva requiere un rediseño integral de las políticas públicas existentes. El programa Abrazo, aunque valioso, necesita expandirse más allá de la prevención del trabajo infantil para abordar factores de riesgo delictivo. Es crucial fortalecer el sistema educativo, especialmente en zonas vulnerables, implementando programas de doble escolaridad que mantengan a los adolescentes en ambientes estructurados. El Minna (Ministerio de la Niñez) debería coordinar con gobiernos locales para establecer centros comunitarios que ofrezcan formación técnica, actividades deportivas y apoyo psicosocial. La experiencia en barrios como Chacarita o Bañado Sur demuestra que la intervención temprana en familias en riesgo, combinada con oportunidades laborales para jóvenes, puede reducir significativamente la incidencia delictiva. Es fundamental también fortalecer los programas de prevención del consumo de drogas y crear unidades especializadas de policía comunitaria enfocadas en la juventud.
–¿Cuál es el grado de reincidencia de los menores?
–En Paraguay la medición precisa de la reincidencia juvenil enfrenta obstáculos por la fragmentación de datos entre instituciones y la falta de seguimiento sistemático posmedidas. Sin embargo, los datos disponibles del Centro Educativo de Itauguá indican patrones preocupantes: aproximadamente un 40 % de los adolescentes que cumple medidas privativas de libertad vuelve a tener contacto con el sistema penal. La reincidencia varía significativamente según el tipo de intervención recibida: los programas de libertad asistida bien ejecutados muestran tasas de reincidencia menores al 25 %, mientras que la simple privación de libertad sin programas de rehabilitación puede elevar la reincidencia por encima del 60 %. Estos números evidencian la urgente necesidad de fortalecer los programas de reinserción y el seguimiento de las posmedidas.