El tráfico de estupefacientes gana terreno en los barrios burlando penosamente el control de los organismos de seguridad y con rasgos de violencia que caracterizan a las peleas entre los capos del negocio del narcotráfico. Las cifras del microtráfico, específicamente de consumidores, crecen sistemáticamente, un flagelo que silenciosamente se expandió y ahora muestra fortaleza, se los sindican de actos de violencia por dominio territorial, sin mayores reservas ante las debilidades institucionales.

Hace un par de días hubo un enfrentamiento con balacera en un populoso distrito del departamento Central. Fueron detenidas algunas personas que presumiblemente abrieron fuego por una guerra detrás de una zona donde circula una importante cantidad de drogas.

“Sería por problemas de grupos delictivos, se presume que son vendedores de drogas, ya que durante el allanamiento se encontraron distintas clases de estupefacientes”, decía en estos días uno de los uniformados.

El negocio ilícito es una de las principales causas de la inseguridad reinante en nuestro país, según los organismos de seguridad, sin embargo, crece de forma gradual al punto de que existen puntos de la red de distribución y consumo hasta en las inmediaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas. Esta institución es una de las más aplazadas en gestión, considerando las cifras del microtráfico y las grandes narcoexportaciones que tristemente nos colocan como corredor de cocaína en auge ante el mundo.

Zonas como la Terminal de Ómnibus, 4 Mojones, ubicadas en el radio cercano de la Senad, son focos de venta y consumo de estupefacientes que empujan a todo tipo de actos irregulares.

Estudios revelados hace apenas unos meses nada más refieren que cerca de 70.000 personas están en el vicio de las drogas en el departamento Central, de los cuales el 80% está en el rango etario que no supera 25 años. Los análisis incluso detallan que una persona en el rubro microtráfico vende por lo bajo 50 kilos de droga al mes, trayendo de la zona de Bolivia, según las estimaciones del mercado negro dejan una ganancia de US$ 1.500 por kilo, lo que sugiere una ganancia de unos US$ 75.000, equivalentes a unos G. 500 millones al mes.

Este circuito de la droga, referido en los análisis de los mismos órganos especializados, sugiere que el insumo tiene la ruta allanada para llegar sin problemas a destino. Misma circunstancia que la narcoexportación que, gracias a la liberación de control en puertos privados, una de las primeras decisiones de este gobierno, salen toneladas de cocaína que caen con decomisos en el extranjero.

Hay 1.600 kilómetros de distancia entre el departamento Central y la frontera boliviana, todo este trayecto recorre la droga que llega a nuestro país y que llena el bolsillo de quienes se dedican al ilícito. Este tránsito vulnera varias estaciones de control, sin embargo, no nos solemos enterar del desmantelamiento de unidades antinarco ni castigos a los funcionarios corruptos, responsables.

Las máximas intervenciones se traducen en decomisos de algunos gramos de crack y otros en puestos clandestinos.

Negocio redondo en las narices de las autoridades que se pasan allanando e interviniendo pequeños puestos, sin embargo, estos tienen una capacidad de migrar a ritmo mucho más veloz que la Senad y otras instituciones.

Es inentendible que no existan resultados concretos que provengan de las alianzas entre los entes de control. La situación se escapa de las manos y se ha hecho normal que incluso desde las cárceles el negocio se maneje con total impunidad.

Se debe trabajar en que la droga no llegue al mercado negro local. Desmantelar los laboratorios y castigar como corresponde a los que ejecutan el ilícito, así también a los colaboradores que desde los organismos de control hacen el guiño correspondiente.

Además de los cientos de programas antidrogras que frecuentemente nos promocionan las instituciones pertinentes mediante inspiradoras gacetillas, necesitamos acción, presencia de agentes honestos, comprometidos con el bien común que cumplan con el cometido de extirpar el negocio. Hemos visto que ya no hay reservas y que los que se dedican a vender estupefacientes toman las calles, desatan violencias por peleas territoriales en las narices de los encargados de combatir este mal y en detrimento de la paz de la ciudadanía.

Ya tenemos suficientes estrategias plasmadas en los flyers de los diferentes programas antinarcóticos, ahora urge que estos se hagan realidad disminuyendo los índices del negocio.