En un mes y medio se acaba el año y, analizando la situación del país, se puede afirmar que continúan con mayor fuerza el contrabando, la impunidad de ese delito y su consecuencia, la gran infor­malidad. En el 2022 el Paraguay nada ha avanzado contra ese delito que está cada vez más fuerte y que amenaza con mucha fuerza la vigencia de las leyes. El Gobierno y sus instituciones especiali­zadas suman otro fracaso en su gestión a pocos meses de terminar la admi­nistración de Mario Abdo, que tiene la experiencia de acumular muchos reve­ses en estos cuatro años y tres meses de gestión. A pesar de las muchas denun­cias, los organismos encargados de la represión del contrabando no han con­seguido gran cosa, y, por otro lado, no se tiene noticia de que los contrabandistas hayan ido a la cárcel como corresponde. Lo que se puede sintetizar diciendo que ese delito está cada vez más vigente y sus actores, los que cometen contra­bando, siguen impunes, como si fuera un premio otorgado por las institucio­nes estatales. La impunidad es el prin­cipal premio y el mejor incentivo que otorga el Estado paraguayo a los delin­cuentes para que sigan operando al margen de las leyes.

Una evaluación realizada por el sector castigado por ese delito señala que a pesar de los despliegues de las fuerzas públicas y del esfuerzo de los gremios empresariales legales, se llega sola­mente al 5% de los productos que ingre­san al país de manera ilegal. Lo que quiere decir que el 95% del contrabando restante sigue su marcha en la econo­mía subterránea, sin pagar impuestos y desafiando a la legalidad. Una de las razones por las que tiene tanta vigencia es la falta de castigo a los que participan en el esquema delictual.

Según el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, no hay ningún castigo para los que meten y venden artículos que ingresan de contrabando. “Lo que más duele es que, como muchas otras cosas, no hay castigo. Si hubiera gente presa por contrabando, creo que la visión cultural que mucha gente tiene cam­biaría bastante”, señaló el empresario. Agregó que no hay un solo contraban­dista preso y que, si se apresa al chofer del camión que transporta mercaderías ilegales, no se investiga a los que están detrás del negocio, como los financistas y promotores, que son invisibles para las fuerzas públicas y la Justicia. Entre los importadores se estima que el pro­blema irá aumentando a medida que se aproximen las fiestas de fin de año por­que es mayor la demanda de ciertos pro­ductos, como los artículos tradicionales de Navidad y Año Nuevo.

Debido a este delito es que la informa­lidad afecta muy fuertemente al sector del trabajo, pues hace que la mayoría de los trabajadores estén fuera de lo que establecen las normas vigentes, como el salario mínimo legal, la cantidad de horas trabajadas, el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS) y el cumpli­miento de las leyes impositivas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda estiman que la informalidad laboral alcanza al 65% de los trabajadores del país, porcentaje que ha ido aumentando en los últimos años, lo que quiere decir que apenas algo más de un tercio de la población que labora está dentro de la legalidad. Por consiguiente, la mayor parte de las personas que trabajan en nuestro país no están amparadas por los beneficios legales que les correspon­den. El Paraguay es uno de los países de esta parte de América con mayor por­centaje de trabajadores en situación irregular, un dato muy poco envidiable.

El Gobierno, que tiene muchas limita­ciones para perseguir los delitos, tiene que trabajar en la lucha contra el ilícito, concertando acuerdos con el sector pri­vado legal. Los gremios empresariales tienen que actuar conjuntamente con las instituciones estatales acercándo­les información suficiente sobre lugares en que se venden mercaderías ilegales y las personas y grupos que actúan en la ilegalidad.

Los organismos públicos deben hacer una campaña de educación para que los consumidores adquieran conciencia de la legalidad y se nieguen a operar con los contrabandistas. Porque aparte de cola­borar con el delito, están perjudicando los intereses del Estado, que necesita las recaudaciones impositivas para el país.