A comienzos de la semana pasada, la Cámara de Dipu­tados aprobó velozmente el proyecto de ley que permitirá que el IPS se endeude por 240 millo­nes de dólares. Lo hizo a instancias del Ejecutivo que necesita fondos para las internas, mediante las maniobras del abdista clan Samaniego, que tiene simpatías incurables en la previsional. Los entendidos dicen que no será para financiar infraestructura ni para com­prar los medicamentos que reclaman los asegurados o para mejorar los ser­vicios. El préstamo autorizado permi­tirá al Gobierno disponer de esa suma de dinero poco antes de las internas colo­radas. Y lo hará a través del ente que res­ponde directamente al oficialismo. La razón esgrimida, que puede entenderse como un pretexto, es que el organismo estatal necesita esa suma para cum­plir sus obligaciones con los proveedo­res de fármacos. ¿Por qué tanto apre­suramiento para conseguir ese dinero justo antes de las internas? ¿Por qué en Diputados no se siguieron los reglamen­tos internos, con los plazos y estudios previos estipulados por las normas para analizar los proyectos de ley?

Todas son incógnitas que tienen su explicación teniendo en cuenta las nece­sidades del oficialismo de poder mejo­rar sus chances electorales en las inter­nas del coloradismo del 18 de diciembre. ¿Con ese dinero cuántos votos más se podrían obtener mediante regalías, sobornos directos y encubiertos para comprar a miles de votantes que no apo­yan al oficialismo?

Por el momento que se vive y los cues­tionamientos técnicos y políticos que le hacen al proyecto de más deuda para el IPS, lo más práctico es no apurarse. Y buscar una explicación de cómo y por qué la deuda se incrementó cuatro veces más a partir del 2019. Por qué en ese tiempo no fue capaz de pagar sus com­pras y no aumentar tanto el pasivo, si en ningún momento dejó de tener ingresos. En el 2019, a poco de comenzar la admi­nistración de Abdo Benítez, la deuda del IPS a sus proveedores era de 400 mil millones de guaraníes. Luego de cua­tro años de la gestión de este gobierno, el total que la institución debe a los que le venden medicamentos aumentó a 1.600 millones de guaraníes, una suma extraordinariamente alta, cosa que solo puede entenderse por ser producto de una mala gestión administrativa.

Por eso se impone realizar una rápida y profunda auditoría al IPS, para deter­minar las causas de la situación a que se ha llegado. Antes que autorizar que con­trate más deudas para pagar deudas.

Los técnicos recomiendan rechazar totalmente la contratación de los nue­vos créditos que se están autorizando en el proyecto que tiene media sanción de Diputados. Y exigir que la institu­ción pague sus cuentas con los ingre­sos que tiene para ello, pues no se puede admitir que siendo la institución que más recauda después del Ministerio de Hacienda tenga que estar endeudándose para sus compras habituales.

Otra de las propuestas es obtener más recursos recurriendo al reembolso de lo que le deben sus grandes deudores, como el Estado. Además de procurar la obtención de otros ingresos genuinos. Dos ex altos funcionarios del IPS dije­ron que la deuda se puede pagar recu­rriendo a diversas fuentes, como el cobro de la deuda que tiene el Estado por el seguro social que ronda los 350 millo­nes de dólares, además de percibir los valores por la atención a los no asegura­dos durante la pandemia del covid-19, que serían 70 millones de dólares. Tam­bién han propuesto que se utilice el 1% del aporte patronal adicional al 2,5% destinado a gastos rígidos de los minis­terios de Salud y de Trabajo. Además de otras posibilidades financieras como la ampliación de las normas que crean el fondo nacional de cobertura a pacientes con covid-19 hospitalizados.

En ningún caso se debe recurrir a apro­bar el endeudamiento por 240 millones de dólares que se pretende con la ley en estudio. Es muy peligroso por sus posi­bles consecuencias financieras para la institución. En esta situación se está bajo la fundada sospecha de que el Eje­cutivo quiere usar parte de ese dinero para financiar los gastos de la interna colorada, para pagar coimas en favor del oficialismo y apuntalar a sus candidatos que en las encuestas están por debajo de sus oponentes.