El programa de educación que está queriendo imponer al país el gobierno de Mario Abdo Benítez es duramente cuestionado por varios sectores. Es porque no responde a las necesidades de la sociedad paraguaya y sirve solo a los ordenamientos de organizacio­nes internacionales que pretenden instalar un nuevo orden con valores contrarios a los establecidos por la Constitución Nacional, los de la familia paraguaya y el pensamiento cristiano que profesa la mayor parte del país. Por eso los entendidos proponen que se rechace con toda energía el Plan Nacio­nal de Transformación Educativa (PNTE), y que las organizaciones especializadas, con la participación de los padres de familia, pro­pongan otro plan que esté de acuerdo con las leyes nacionales, que tenga en cuenta los valores de la sociedad paraguaya y preserven a los niños y jóvenes de los antivalores que se quieren instalar por ciertas organizaciones.

Las asociaciones de padres, asustadas por lo que proponen algunos capítulos del men­cionado plan, como la ideología de género, lo mismo que la Iglesia católica y otras entida­des sociales que desean velar por los meno­res han objetado el proyecto del Gobierno. El mismo cuenta con el financiamiento de organizaciones internacionales que desean imponer algunos puntos cuestionables que serían parte de las propuestas de tales enti­dades que tienen ciertos propósitos ideoló­gicos. Consideran que es una grave agresión a la sociedad paraguaya al querer manipu­lar la formación educativa de niños y jóve­nes hacia caminos muy polémicos que algu­nas minorías están introduciendo en otras sociedades.

La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), la máxima autoridad de la Iglesia católica en nuestro país, ha dicho que es necesario revisar los procesos educativos llevados ade­lante por el Ministerio de Educación y Cien­cias (MEC). Y para ello pide “la aplicación de los principios y valores irrenunciables de nuestra Constitución Nacional, como la dimensión trascendental, la familia, la vida y la dignidad de toda persona”, en el mensaje emitido durante la última asamblea gene­ral. La Carta Magna establece en su artículo 4° normas muy claras sobre el derecho a la vida, diciendo que es inherente a la persona humana, y que se garantiza su protección desde la concepción. Para asegurar la exis­tencia de cada individuo, manda no solo que toda persona sea protegida por el Estado en su integridad física y síquica, sino también en su honor y reputación. Para garantizar los derechos de la familia, la Constitución señala que la misma es el fundamento de la sociedad, y que se promoverá y se garanti­zará su protección integral.

Los directivos de la Iglesia hicieron hincapié en la necesidad de consensuar un pacto edu­cativo nacional “que priorice la formación integral y que prepare a las nuevas genera­ciones para acompañar y liderar el camino presente y futuro de nuestro país”.

Exponentes especializados en la educación han criticado duramente el proyecto que el gobierno actual quiere imponer siguiendo los dictados de entidades internacionales. Señalan, entre otras cosas, que el plan que se está queriendo implantar en los jóvenes paraguayos es una propuesta sin ninguna fundamentación científica, que no articula ninguna verdadera proyección de futuro. Que las disposiciones y proposiciones que realiza para aplicar en la enseñanza ignora la pedagogía científica, elemento muy nece­sario para encarar la tarea de enseñar y edu­car a los menores, según los especialistas del área.

Entre las críticas más serias realizadas al programa que el Gobierno quiere aplicar a través del ministerio respectivo es que forma parte de un sometimiento a la Agenda 2030 para transformar el mundo, sin consi­derar las prioridades del país ni los intereses y necesidades de la ciudadanía en una mate­ria tan delicada como la educación.

Las autoridades nacionales no pueden some­terse a las exigencias de algunos organismos internacionales que están siendo denun­ciados por su interés de cambiar los moldes ideológicos de una sociedad como la nues­tra. Los valores que se tienen en cuenta en la comunidad nacional, como la familia, el respeto a los mayores, la dignidad de las per­sonas, la diferenciación natural entre muje­res y varones no se pueden suprimir en aras de intereses de cuestionados grupos. Aquí deben seguir rigiendo los principios que for­man parte de nuestra manera habitual de ser como comunidad de personas que procu­ran alcanzar sus propósitos de bienestar con trabajo y dignidad.