Mientras aumentan los índices de inseguridad con todo tipo de actos delictivos, dejan caer un sistema de vigilancia muy importante como son las cámaras de vigilancia del 911. No es raro, considerando que a este gobierno lo que menos importa es el bienestar de la gente y la seguridad de las personas, de los trabajadores comunes prácticamente tocó fondo viendo los números que registra la Policía Nacional.

Las estadísticas de inseguridad, principalmente de robos y hurtos en la calle y asaltos a locales comerciales se disparan. Los datos oficiales registrados son alarmantes. Sin embargo, los últimos informes mediatizados hablan de que además de no ver mayor número de uniformados en las calles, el Gobierno no muestra eficiencia en el manejo de la inseguridad, tampoco se sabe de planes estratégicos.

Recientemente, una investigación periodística de nuestro diario con base a informaciones recabadas del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto del 2022 se denunciaron un total de 34.231 hechos punibles contra la propiedad. La cifra refiere 140 denuncias realizadas por día en nuestro país.

El artículo incluye el cálculo por hora y estima que los números de hechos delictivos, entre robos y hurtos denunciados, son 6 por cada hora. Se registran 7.846 denuncias de asaltos hasta setiembre pasado, lo que indica 1,3 casos perpetrados por cada hora en nuestro país.

Los informes estadísticos son muy bien detallados al punto de que indican hasta los horarios de mayor suceso de la delincuencia. Las noches y madrugadas son los momentos más propicios, según los estudios. La violencia y la delincuencia se volvieron fenómenos impresionantes y se adueñaron de gran parte del territorio nacional ya que se expanden con libertad, no se ven mayores respuestas por parte del Gobierno.

Además de la ausencia de estrategias visibles sobre implementaciones de políticas de seguridad como del personal policial en las calles, se llegó al absurdo de desatender recursos de primera instancia en vigilancia como son la capacidad de monitoreo a través de circuito cerrado.

Los reportes oficiales indican que de diciembre del 2021 a setiembre del 2022 se perdió el 56% de las herramientas de videovigilancia. Datos brindados por la Dirección General del Sistema 911 remarcan que actualmente tienen apenas 511 activas.

Esto se debe a que la capacidad instalada; es decir, la cantidad de circuitos colocados bajó de 1.447 a 640 de los últimos 9 meses. Ilógico desde cualquier perspectiva de seguridad que busque combatir la delincuencia.

No se llevó a cabo el mantenimiento pertinente, tampoco se esmeraron demasiado en llenar de cámaras las ciudades y los delincuentes saben que operan sin control, sin dejar rastros.

La falta de visión e inversión también limita las llamadas de emergencia. La cantidad de 151 mil llamadas de urgencia que no fueron atendidas por los funcionarios del Sistema 911 revelan que la situación es muy endeble.

En el primer trimestre del 2022 ingresaron 641.390 llamadas, cifra que rebasa la capacidad de recepción, dijeron en respuestas oficiales sobre efectividad en respuesta a ciudadanos que se comunicaron por diferentes percances.

Los números alertan de que la delincuencia arrasa, mientras los sistemas de seguridad, vigilancia y demás se aflojan quizá por la desidia y el desinterés. Es sabido que departamentos como Central, principalmente en Asunción, otros como el Alto Paraná hablan de que el 41,9% de la inseguridad reinante se concentra en la capital de nuestro país y precisamente aquí existen carencias de equipos de vigilancia en la vía pública, totalmente controversial a las necesidades de la gente.

Se acercan meses de movimiento financiero, de mayor circulante de dinero en las calles y una economía que se dinamiza un tanto, gracias al cobro de aguinaldos, etc; razón que urge a los organismos de seguridad, en este caso el Ministerio del Interior al menos el intento de espantar a los delincuentes que en estos momentos se creen dueños de las calles.

Este gobierno debe tener un mínimo de piedad y activar esquemas de seguridad para estos meses de fin de año que están muy próximos. Recurrir a los recursos necesarios, llámese dotación de uniformados en lugares claves de movimiento de dinero, móviles para dar respuestas inmediatas en el lugar de los hechos, obviamente en este contexto el monitoreo de la circulación en la vía pública a través de videovigilancias es una herramienta muy valiosa para seguir las pistas de los malhechores.

A estas alturas ya no se puede esperar mucho del Gobierno, pero queda exigir que al menos realicen medidas de contingencias para evitar mayor violencia y temor en los meses que quedan del año para que los ladrones no tengan el terreno muy liberado para sus fechorías.