La cercanía del año fiscal veni­dero, que implica nuevos planes, la previsión de gastos e ingre­sos y el direccionamiento de las gestiones ante los grandes desafíos van mostrando una lamentable faceta de cierta clase política. Se trata de gente que no piensa en el país ni en las necesidades de su gente, a la que solo le importan los intereses de su sector. Que por ello usa y quiere utilizar el Estado, no para hacer progresar a la nación, sino para sus prove­chos clientelistas de sector. Una peligrosa plaga que está difusa en los diferentes ámbitos del esquema estatal y cuyos pro­yectos y acciones se deben frenar, si no se quiere empeorar la situación de la nación y de los paraguayos.

Una muestra clara del peligroso accio­nar de esta facción de políticos es lo que están planificando hacer con el dinero del presupuesto estatal para el 2023. Con nuevas propuestas de gastos corrientes para el próximo ejercicio fiscal pretenden aumentar las erogaciones públicas en el equivalente de 1.800 millones de dóla­res, más de 12 billones 600 mil millones de guaraníes, superior a la deuda que se concretó en el 2020 para hacer frente a la emergencia causada por la pandemia.

Pero como los ingresos no tendrán incre­mentos significativos, el déficit fiscal cre­cerá hasta el 4% del producto interno bruto (PIB), muy por encima de lo reco­mendado por la prudencia y más del doble de lo reglado por la Ley de Admi­nistración Financiera, que admite hasta un -1,5% del PIB de saldo negativo en las cuentas del Estado.

Entre los aspectos muy cuestionables de estos incrementos que prevén ciertos sectores políticos es que con ellos obliga­rán al gobierno actual y al que asuma en el 2023, sea del signo que fuere, a aumen­tar los impuestos o crear nuevas tasas tri­butarias. Y a elevar aún más su endeuda­miento, que está en uno de los picos más altos de la historia. Es decir, a empeorar más aún la situación financiera del país al tener que gastar mucho más con los mis­mos ingresos que se tienen.

La cosa no termina con los posibles nue­vos préstamos que hay que gestionar. También obligará al fisco a recortar fon­dos destinados a inversiones para usarlos en gastos corrientes, es decir, para sala­rios y afines. Con lo cual el plan finan­ciero que se haga afectará fuertemente a los nuevos proyectos que tienen previstas muchas entidades gubernamentales.

La clase política consciente no puede aceptar este desmadre financiero que proponen algunos grupos. Tiene que parar este inaceptable propósito de los que no aman a la patria, porque es un vulgar asalto a los genuinos intereses de todos los paraguayos. Y llevar los núme­ros del presupuesto estatal a cifras razo­nables, incluso procurando sanear las finanzas públicas con nuevas medidas.

De una vez por todas hay que iniciar el achique del Estado gigantesco y comen­zar la disminución de las erogaciones que hacen daño al presupuesto público, que está fomentado por los irresponsa­bles que se dedican a la politiquería. Esta administración gubernamental que ya se va en diez meses tiene la obligación de iniciar esa tarea y por eso no debe admi­tir el abuso que quieren cometer los polí­ticos que responden a su facción. No al aumento de los gastos corrientes que des­angran las finanzas públicas para solaz de los irresponsables y antipatriotas.

El Paraguay debe mirar para adelante con proyectos de más inversiones y el fomento del crecimiento económico, cosa que debe encabezar la administra­ción estatal. En los últimos cuatro años la actividad productiva prácticamente se paralizó y en el 2022 no se vislumbran cifras positivas. Ha llegado el momento de dar un gran salto para rescatar todo lo que se ha perdido y reiniciar una vigorosa recuperación de los diferentes sectores que compone la economía nacional. Para ello es crucial comenzar con las reformas estatales necesarias, la disminución de los gastos corrientes, el aumento de las inversiones genuinas. Y sobre todo insis­tir en una fuerte austeridad del fisco, sin la cual es impensable lograr cualquier avance.

Por eso se deben rechazar todos los incre­mentos de gastos públicos que pretenden incluir algunos legisladores en el presu­puesto para el 2023. Porque atentan con­tra el sano equilibrio del país.