En el Día Internacional de la Pobreza, que se recuerda cada 17 de octubre –es decir, precisamente hoy–, lamentamos que por la desidia de este gobierno, la ausencia de planes en concreto, en vez de disminuir la indigencia, se generaron 350 mil nuevos pobres.
El Índice de Pobreza Multidimensional, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este año, analiza las carencias de la población desde cuatro dimensiones: el acceso al trabajo y seguridad social; vivienda y servicios; salud y ambiente, y educación. Los resultados conducen a realidades alarmantes que sufre gran parte de la población. Según los resultados del referido estudio, más del 20% de la población están “sumergidos” en esta pobreza.
Al cierre del período anterior de gobierno, las cifras de pobreza en Paraguay alcanzaban a 1.600.000 personas. En tres años de Mario Abdo Benítez subieron a 1.951.000 las personas en condición de pobreza. Esto, dicho en los informes oficiales, se traduce a cerca de 2 millones de residentes en tierra paraguaya cuyos ingresos no llegaron al monto per cápita para la canasta básica de consumo (alimentos y no alimentos) estimado para el 2021.
Por departamento, la pobreza multidimensional arroja que en Caazapá se encuentra un 51,49%; en San Pedro un 41,38% y en Caaguazú un 33,04%, citando los de mayor afectación.
Medidas paliativas no faltaron; al contrario, aumentaron. Creció la cantidad de subsidios y planes sociales, pero la pobreza en Paraguay se incrementó.
Los especialistas en el tema no descartan que las cifras sean aún más desalentadoras en los próximos meses debido a la improvisación, la corrupción y el desgobierno.
¿Qué pasó?, los entendidos hablan de trato inadecuado de la pobreza, el no tomar medidas certeras, con bases planificadas, esto hizo que las acciones se reduzcan al reparto de subsidios y otra vez con altos índices de corrupción.
Al cierre del primer semestre de este 2022, el contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó ante ambas cámaras del Congreso Nacional todo el compendio de información sobre auditorías practicadas en las instituciones del Estado y los gobiernos municipales y departamentales. Destacó como un hecho llamativo el cobro irregular de subsidios durante la pandemia del covid-19, involucrando incluso a funcionarios públicos, lo que ocasionó un perjuicio de G. 20.000 millones al fisco. Estos hallazgos son apenas una parte de la galopante corrupción instalada en las instituciones públicas mediante diferentes modalidades.
Esta corrupción, sumada a la falta de liderazgo y eficiente gestión, es la que acogota a todo el país. Detrás de esto están además el alto nivel de endeudamiento, la inflación por las nubes, desempleo, instituciones con altos funcionarios desmoralizados, las promesas incumplidas para la mejora educativa y de conectividad, etc.
Las últimas revelaciones de la Encuesta Permanente de Hogares informan que la mayor problemática que existe en la actualidad es obtener un trabajo digno, por eso la tasa de desempleo afecta a unas 320.000 personas en el Paraguay. Esta cifra representa un 8,5% de los paraguayos en la capital.
Con los millonarios recursos que fueron aprobados a este gobierno, como los US$ 1.600 millones para medidas de contención en pandemia, no fueron capaces de llevar adelante prácticas más sostenibles para la economía.
Básicamente, la bandera del Presidente se limita en construcción de kilómetros de rutas, obras por cierto financiadas mayoritariamente con préstamos, lo que otra vez torna cíclico generar y mantener puestos de trabajo. Esto sugiere que el favorecido no es el pueblo paraguayo ni el trabajador que necesita llevar pan a su mesa, sino negocios a los que el propio mandatario declaró estar vinculado.
No hay que olvidar que la empresa distribuidora de asfaltos, declarada por Abdo, creció 450% en sus importaciones tras el impulso de construcción de rutas a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Miles y millones se derrochan en este país, lamentablemente los gastos no redundan en beneficio de la gente. Si miramos de lejos los millones en transferencias sociales, distribución de víveres que hacen las mismas binacionales, queda a la vista que todo es asistencialismo, capaz clientelismo en mayor o menor proporción también.
Estos hechos demuestran que no hay voluntad política ni interés, mucho menos empatía por resolver los problemas de supervivencia de la población. El próximo gobierno que arribe al Palacio de López se topará con esta triste realidad y debe estar preparado.
No podemos seguir para atrás, los resultados deben ser de mejora y no un retroceso como ocurrió en estos 4 años. Sacar de la pobreza en la que se sumergió a las 350 mil personas, además de devolverle la dignidad a los 320 mil desempleados son iniciativas pendientes de las que no se pueden desentender los que se ubicarán próximamente en el poder.