Aunque en agosto la actividad económica tuvo un fuerte repunte (creció 5%, según el Banco Central del Para­guay), hecho que ayuda a apuntalar el optimismo, la situación general del país sigue siendo de cuidado. Y podría termi­nar el 2022 con índices negativos, según las previsiones del Banco Mundial, que resalta que este año solo Haití (-1,5%) y Paraguay (-0,3%) serán los países con una contracción económica en el conti­nente americano.

Los datos recientes del banco oficial para­guayo revelan que en lo que va de enero a agosto, la economía paraguaya ha tenido un mal desempeño, pues de los ocho meses estudiados solo en dos hubo creci­miento (enero y agosto) y en los restantes la caída fue importante, llegando a una retracción de -1,8% al término del octavo mes del año. Lo que significa que los dos tercios del 2022 han tenido signo nega­tivo, por lo que se aguarda con inquietud el período de setiembre a diciembre, con la esperanza de que mejoren los números para no terminar el año con un saldo des­favorable.

El organismo internacional no es muy optimista, pues debido a la recesión de la economía y la alta inflación que está gol­peando a los ingresos reales, estima que la pobreza podría crecer y llegar este año hasta 21,5%, por encima de los niveles que habían alcanzado antes de la pandemia (19,7%). A pesar del bajón que pronostica para este año, espera que en el 2023 haya una fuerte recuperación del 5,2%, que la inversión fija se mantenga firme con el avance de las obras públicas y privadas y que la inflación se desacelere. Pero para eso hay una serie de medidas que tiene que adoptar el Gobierno, que debido a la fuerte preocupación electoralista y la falta de una política económica bien defi­nida está muy lejos de decidir.

Reconoce que la recuperación que se espera para más adelante puede verse afectada por los factores climáticos adversos o por la incertidumbre política y económica de nuestro país y de las nacio­nes vecinas más importantes, como Bra­sil y Argentina. Esgrime un temor que no está en la agenda de los gobernantes: que dado que solo la mitad de la población paraguaya está totalmente vacunada con­tra el covid-19, si se dan brotes más graves pueden frenar el crecimiento y la reduc­ción de la pobreza.

Eso significa que el Gobierno nacional tiene que adoptar rápidamente medidas económicas, fiscales, políticas y socia­les adecuadas para enfrentar la situa­ción, y que no debe distraerse en otros temas sino concentrarse en los proble­mas existentes para superarlos. La tarea principal que se tiene en este momento es hacer todo lo posible para recuperar al país, que prácticamente no ha crecido desde hace cuatro años y cuyas conse­cuencias dolorosas están golpeando con más fuerza la vida de miles de los para­guayos más humildes que yacen en la pobreza.

El propio Banco Mundial señala que el Paraguay necesita reformas estructura­les para impulsar la productividad y sal­var el momento difícil. Agrega que para ello debe fortalecer la manera de gober­nar para el desarrollo económico y social duradero en medio de un equilibrio entre el Estado, la sociedad y la economía. Que debe gastar más en capital humano e infraestructura. Y para todo ello debe recaudar más y mejorar el gasto público, además de movilizar con más fuerza el capital privado.

La situación económica del país está difícil, pero hay indicios de que pueden darse condiciones más convenientes, si se repite el crecimiento registrado en julio último. Si el clima acompaña al esfuerzo que se está desplegando, se podrán obte­ner resultados más auspiciosos.

Para ello es fundamental la función del Estado en su papel de generador de con­diciones adecuadas para trabajar y de promotor del bienestar de la mayoría de la población. Los que habitan este país laboran y procuran alcanzar sus objeti­vos personales y comunitarios en su afán cotidiano. Quieren vivir en paz y nece­sitan que se les garantice una existencia digna que les permita lograr las metas que se han fijado. Estos propósitos no son meros sueños de fantasía inalcanzable. Son proyectos realizables cuando hay un Estado eficiente que pone en primer lugar el interés de la ciudadanía.