Dos proyectos de ley que analiza actualmente la Cámara de Diputados son cuestionados por los principales gremios de la producción, que señalan que con dichas normas se quieren entrometer indebidamente en los contratos entre las empresas que se rigen por el derecho privado. Según el sector productivo, dichas propuestas legales afectarán en forma inapropiada el clima de negocios existente, con los consiguientes perjuicios para los productores y la imagen de nuestro país. Como ocurre cada vez que se pretende tocar la situación contractual entre los agentes de la producción, es un tema sumamente delicado que debe manejarse con la mayor prudencia posible para no alterar el ambiente en que se realizan habitualmente las transacciones comerciales.
Uno de los documentos muy cuestionados es el que prorroga los vencimientos por un año y prohíbe multar y recargar obligaciones de contratos de entrega de granos de la cosecha 2021/22. La otra propuesta es la que suspende temporalmente la obligación del pago de regalías por eventos genéticos y biotecnológicos protegidos por patentes de invención.
Son varias las entidades que se han pronunciado contra los proyectos de leyes presentados por el diputado colorado Colym Soroka, con intereses políticos del oficialismo colorado. A través de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCS) se han opuesto categóricamente a las propuestas que consideran altamente perniciosas porque representan una injerencia política en la vida del sector agroindustrial. Un vocero de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) había advertido que la iniciativa de los parlamentarios podría poner en riesgo la productividad del sector agrícola. Aunque diputados del abdismo lo niegan.
Con relación a los proyectos de ley, la Feprinco ha señalado lo siguiente: “En ambos casos nos oponemos a la intromisión a las relaciones contractuales que están regidas por el derecho privado, sobre el pretexto del mal desempeño de la producción de granos, acaecido tras la última sequía”.
La entidad empresarial refuerza su argumento diciendo: “La seguridad jurídica que ha primado desde siempre en las relaciones contractuales entre productores, acopiadores, agroexportadores e industrializadores de los granos es lo que ha permitido que, incluso en el año de peor desempeño del sector, las partes hayan podido renegociar sus contratos con soluciones previstas dentro de los mismos acuerdos, y que mal podrían ahora estos proyectos en referencia tratar de incidir, sin afectar la seguridad jurídica en torno a todo el sector del agro en Paraguay, el cual sustenta gran parte de la economía”.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, las entidades empresariales exhortan a los legisladores a que no den andamiento a los dos proyectos presentados por el legislador abdista, sobre todo porque su aplicación puede afectar la recuperación económica del país, que necesita de la seguridad jurídica y el buen clima de negocios.
Los asuntos que se están tratando en Diputados tienen que ser cuidadosamente estudiados por los legisladores con el asesoramiento de la gente entendida en la materia y de la que está trabajando en la producción de los diversos renglones del sector. Y rechazados si no convienen al país. Deben escuchar la posición de los gremios que agrupan a los productores del campo que han expuesto sus severos cuestionamientos debido a los efectos negativos que pueden causar al agro. Las disposiciones legales que se quieran crear deben contemplar la posición de la gente que se verá afectada por la misma y no asumir los intereses electoralistas de algunos legisladores del oficialismo que quieren aprovechar las circunstancias para sus propósitos políticos en perjuicio de la economía.
Cualquier intromisión indebida en ese delicado mundo puede ocasionar perjuicios muy costosos a la gente que sustenta la producción agrícola. Lo que implica que tiene que existir mucho respeto hacia los sectores que arriesgan su capital con sus inversiones y producen mediante su trabajo. Lo que importa no es estar a favor o en contra de un gremio u otro, sino especialmente en consonancia con los intereses superiores del Paraguay. Que es lo que los legisladores deben considerar como preocupación fundamental a la hora de considerar el tema.