El ingreso ilegal de mercaderías de otros países y su libre comer­cialización sin que las entida­des represoras del delito actúen adecuadamente hacen cada vez más difícil la situación de los productores que traba­jan todo el año para producir y vender sus productos. Existen lugares y momentos en que la circulación de los artículos ilegales es de tal magnitud que causa la desespe­ración de la gente afectada negativamente y que demuestra que los organismos que deben contener el contrabando no son de mayor utilidad. Porque si la ilegalidad se extiende con tanta magnitud es una mues­tra indiscutible de que los represores del delito no sirven para el efecto, y que el Gobierno tiene que tomar otras medidas efectivas en ese ámbito.

Si continúa la indefensión del país, seguirá la desesperación de los afectados con todo lo que ello implica como perjuicio para los que se ciñen a la legalidad, y la delincuencia económica se irá adueñando de más secto­res de la vida nacional. Es el momento para que las autoridades digan basta al contra­bando y la informalidad y actúen con todas las fuerzas contra el delito. El Paraguay no puede seguir en manos de los informales y de los delincuentes.

Uno de los sectores más perjudicados últi­mamente es el de productores de tomate, que han mostrado su frustración ante la pasividad de las fuerzas del Estado. Uno de los directivos del gremio de productores frutihortícolas lamentó la inacción de las autoridades encargadas de combatir el ilí­cito ante el avance incontenible del ingreso y comercialización de tomates y otros artícu­los del sector. Afirmó que los horticultores realizaron muchas inversiones para obtener buenos productos y ahora deben enfrentar las pérdidas ocasionadas por la falta de ven­tas a raíz del ingreso y la comercialización de artículos introducidos de contrabando.

“El cáncer de la producción nacional una vez más perjudica a la gente que trabaja, a la gente que produce, a los tomateros y locoteros”, señaló el ingeniero Máximo González, coordinador del Consejo Nacio­nal de Productores Frutihortícolas. Fue más allá y lamentó la inacción del Minis­terio de Agricultura y Ganadería (MAG). Añadió que los responsables de la Unidad de Prevención y Combate al Contrabando (UIC) son unos inútiles porque no son capaces de controlar la invasión de los artí­culos ilegales al país.

Las palabras de los productores contra las autoridades nacionales son duras, pero en su desesperación no encuentran otros ape­lativos para las entidades y personas que en los hechos son cómplices de los delin­cuentes al no detener la entrada y la circu­lación ilegal de tomates y otros productos por la geografía nacional.

Teniendo en cuenta la avalancha del con­trabando y la gran circulación de los artí­culos ingresados en forma ilegítima, la conclusión lógica más elemental es que no están funcionando los organismos encar­gados de la represión y sus responsables no están cumpliendo su tarea. Y si las per­sonas que están al frente de los organis­mos de represión y control de los ilícitos de frontera no obtienen resultados, tienen que ser relevadas por otras que demues­tren mayor capacidad para esa tarea.

Cuando la pieza de una máquina no fun­ciona, se la cambia y ya está. Una deter­minación elemental que hasta ahora el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de adop­tar. Ese es uno de los errores más visibles y lamentables del máximo responsable del Gobierno, que, por lo visto, no tiene la sabiduría necesaria para comprender la dimensión de los hechos ni la determina­ción que se requiere para manejar este tipo de situaciones.

La lucha contra el contrabando y los ilí­citos que lo acompañan no tiene posibili­dades de éxitos cuando desde lo más alto de la decisión administrativa y política de la nación no se actúa contra el delito. Se apoya al contrabando de forma pasiva cuando se continúa con las políticas y per­sonas que no dan resultados y no se toman las medidas necesarias para eliminarlo.

Las autoridades del país no solo deben suprimir, o disminuir al máximo, la eco­nomía que gira alrededor del contrabando. También tienen que reestructurar y reor­denar los organismos públicos encargados de reprimir ese delito, cambiando las pie­zas de su conducción que han demostrado su poca capacidad. Por lo que los funciona­rios que no produzcan resultados deben ser sustituidos.